Las reformas en educación que Duque deberá resolver

Sin duda, 2018 fue un año de cambios. Quizá, la transición más importante esté dada en términos políticos: Juan Manuel Santos entregó la presidencia del país a Iván Duque Márquez. Este último heredó una Colombia polarizada, que se debate entre la necesidad de unas reformas y, sobre todo, carga con las consecuencias de un déficit presupuestal que está quebrando a la nación por los lados más finos.

Ante este panorama, la educación se ha puesto sobre la mesa como un tema de interés nacional. Hace un año, SEMANA Educación llamó la atención sobre los temas que le estaban pasando factura al expresidente Santos y que este año, también serán un dolor de cabeza para Duque. En todos, el sector exige reformas en la calidad que requieren concertación entre la comunidad educativa, pero sobre todo, requieren cambios en la inversión. Pues, tanto en la básica y media, como en la educación superior el sistema está en déficit.

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De los cinco meses que lleva el gobierno Duque, dos han transcurrido en medio de protestas de estudiantes y docentes que exigen mayor presupuesto. Y aunque con las universidades públicas, el presidente Duque ya entabló un diálogo y llegó a un acuerdo importante, el problema de fondo sigue intacto. Temas como la calidad de la educación, la adaptación a la cuarta revoluación industrial, aún no se discuten.

Por otro lado, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) también presionará al Gobierno Nacional para incrementar los recursos que se destinan para la educación en los colegios, tanto urbanos como rurales. Reforma que de no hacerse, según Nelsón Alarcón, presidente de Fecode, "tendremos que salir a presionar en las calles". 

Un año lleno de exigencias para mejorar la educación, que si prevalece el diálogo y se logran acuerdos en las distintas reformas, será el año en el que gane la educación. 

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Reformular la Ley General de Educación

Hasta ahora se está hablando de la necesidad de educar y medir las competencias socioemocionales, directamente relacionadas con la reforma a la Ley General de Educación. Aunque esta reformulación es mucho más extensa y toca puntos mucho más álgidos, uno de ellos tiene que ver con la forma de evaluar, que pretende transformar el sistema de competencias, y más bien que se incentive en el estudiante la capacidad de análisis e investigación. En el 2018 no hubo pruebas Saber 3, 5 y 9. No obstante, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ya anunció su regreso para 2019 y uno de los cambios más importantes, que se espera tendrán, es la inclusión de las famosas competencias socioemocionales.

Reforma del Sistema General de Participaciones

El 16 de junio de 2017 Fecode y el gobierno del entonces presidente Santos firmaron un acuerdo en el que el Estado se comprometía por vía constitucional a reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar los recursos de educación básica. Un año y medio después esto no ha sucedido, y de la torta del presupuesto de 2018 para los colegios, 87% se los llevó la nómina docente, 9% el funcionamiento de las instituciones y tan solo 4% para fomentar la calidad. Sin una reforma al SGP muchas de las metas que pretende el Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación tambalean. Sería el caso de la ampliación e implementación total de la jornada única, que según el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, necesitaría por lo menos 17 billones de pesos, dinero con el que al parecer no cuenta el sistema.

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Educación para el posconflicto

Formar en valores cívicos y ciudadanos que promuevan la reconciliación y el cierre de la brecha entre la educación rural y urbana en todos los niveles es una tarea pendiente. Si bien el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde su área de pedagogía, propende para que en el país se estudie el conflicto armado, y ahora la Comisión de la Verdad promete seguir en esta línea, aún se está en mora de que esto se cumpla en todo el territorio nacional. Así mismo, la educación rural es uno de los desafíos más importantes para este gobierno y que el pasado también dejó en deuda. De acuerdo con el informe de la Misión Rural de 2016, solo 2 de cada 10 jóvenes en la ruralidad acceden a la universidad.

Solucionar la crisis de la universidad pública

Este tema ha sido la punta del iceberg que, por un lado, dejó en evidencia una cadena de malas decisiones de gobiernos anteriores y por otro tiene en jaque al actual. Los estudiantes se tomaron las calles y con sus protestas pusieron en el ojo del huracán el déficit que han venido arrastrando las universidades públicas.

En 2017 se habló de una desfinanciación de medio billón de pesos, sin contar la adición presupuestal que recibieron ese año por alrededor de 160.000 millones de pesos. Ya se preveía que en 2018 el hueco fiscal aumentaría. Así que ante los anuncios de presupuesto para 2019, las manifestaciones de reclamo no se hicieron esperar. Los estudiantes convocaron a un paro nacional que aún se mantiene en algunas universidades públicas, a pesar de que el pasado 13 de diciembre el Gobierno Nacional y el movimiento estudiantil firmó, por fin, el tan esperado acuerdo por la educación superior pública. Con ello lograron adiciones nunca antes dadas para las instituciones de educación pública:  4,5 billones de pesos durante el cuatrienio Duque.

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Ahora, los estudiantes buscan continuar con la mesa de negociación con el gobierno para debatir el fondo de los problemas de las educación superior. Se trata de la Ley 30 de 1992, la cual se ha intentado reformar desde 2012, pero que por diferencias entre rectores, estudiantado y gobierno no se ha logrado. Sin embargo, de acuerdo con algunos rectores consultados, como el rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, la ministra de educación, María Victoria Angulo va discutir una posible reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual reglamenta la educación superior.