Entre líos por corrupción y sin acreditación de calidad inicia nueva rectoría de la Universidad del Chocó

Después de la lucha entre los sindicatos de la Universidad Tecnológica del Chocó que llevó al cese de las actividades académicas durante tres meses en el 2017, la elección de un nuevo rector para el periodo 2018 - 2021 le devolvió a la comunidad educativa la esperanza de un posible futuro más promisorio.

Al final del paro, en el que el sindicato de profesores (Aspu) exigía el cumplimiento de pagos y prestaciones atrasadas, y el mejoramiento en general de las condiciones en las que profesores, estudiantes y administrativos desarrollan sus actividades, se decidió que Eduardo García Vega, quien había ocupado la rectoría durante 14 años, no sería reelegido por un nuevo periodo.

Así que la pelea por ocupar su lugar inició con la elección de cinco de los nueve integrantes del Consejo Superior, quienes jugarían un papel definitivo en la votación de la rectoría: los representantes de los exrectores, de los egresados, de las autoridades académicas y de los estudiantes y profesores. Los otro cuatro votos son el del gobernador del departamento, el del gremio productivo y dos del gobierno nacional.

García, cuestionado por la administración de los recursos de una universidad sin acreditación de alta calidad, quería que su sucesor fuera una persona cercana a él. Así que contar con el voto de la mayoría del Consejo Superior garantizaría la victoria de su heredero. Mientras tanto, el sector de los docentes, quienes durante los últimos años se opusieron a muchas de las decisiones de su administración, se negaban a que este dejara un reemplazo que le diera continuidad a su gobierno.

Una elección diferente después de 14 años

La rectoría de la U.T.CH. es el segundo cargo público más importante del Chocó, después de la gobernación. Por eso, la elección de quien ocupe este lugar siempre ha representado una lucha política en la que los intereses y el clientelismo han estado al orden del día. Por eso no es extraño que García Vega, quien fue rector de la institución durante tres períodos consecutivos, se haya retirado para enfilarse en la carrera por la gobernación del departamento en el 2019.

Los tres procesos en los que salió elegido rector, no fueron sorpresa en la Universidad. Sin embargo, por primera vez, el nombre de quien se sentaría por los próximos cuatro años en su lugar, generaba expectativa entre los chocoanos. La disputa empezó con ocho aspirantes. Al principio, tres de ellos sonaban fuertemente.

Entre la baraja estaban el ahijado del rector saliente, Teófilo Cuesta Borja, director de la CAR Codechocó; Armando Valencia Casas, abogado y docente de la universidad, quien contaba con el apoyo de un sector del sindicato de los profesores; y Mabel Torres, una científica que se había ganado el apoyo de los chocoanos por su entrega a la academia y sus destacados logros con los que había aparecido en muchas ocasiones en los titulares de noticias de medios nacionales.

Quienes podrían haber representado una rectoría renovada, que pudiera enfrentar la presunta corrupción interna que ha enlodado a la universidad en los últimos años y capaz de mejorar la calidad de la institución, tuvieron la opción de unirse y presentar una sola candidatura. Los estudiantes esperaban que Valencia y Torres le hicieran frente a la postulación del elegido de García, pero no fue así.

Sin embargo, los votos estuvieron divididos y fue necesaria una “segunda vuelta”, como le dicen al interior de la universidad. La ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, propuso una tercería para elegir entre las otras dos propuestas.

Así, David Emilio Mosquera, el decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad, se coló en la lista de los más opcionados y al final, el gremio de los docentes optó por apoyar a Julio César Halaby, quien había ejercido como vicerrector de investigaciones. Con cinco votos a su favor, Mosquera se quedó con la rectoría y Halaby, con los otros cuatro, se convirtió en el vicerrector. Ahora, Mosquera, como máximo administrador debe enfrentar las demandas de profesores, estudiantes y directivos.

Fraude y falsificación de diplomas

Como si la agonía académica de la universidad no fuera una tarea preocupante, la U.T.CH. ha estado varias veces en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción. El último lío jurídico del que hizo parte ocurrió en junio del 2017, cuando la Fiscalía capturó a 12 personas, quienes según la segunda fase de una investigaciòn que adelantaba este ente, tendrían una red de falsificación de actas de sustentación de grado con las que habrían entregado títulos a unos 100 abogados a cambio de sumas de dinero que superaban el millón de pesos.

Los escándalos, como era de esperarse, no cayeron bien en la dirección de la Universidad y el rector en varias ocasiones salió en defensa de la institución, argumentando los logros de su gestión y acusando a sus opositores de no reconocer los esfuerzos que se han hecho para superar la crisis que atraviesa la misma.

"Nuestra institución es la más interesada en que las investigaciones lleguen a un feliz término y conduzca a los responsables materiales e intelectuales de quienes han ingresado a la plataforma Académica, defraudando la institución", advirtió en su momento Eduardo García asegurando que la universidad había colaborado en toda la investigación y que se habían tomado decisiones disciplinarias internas.

Las dos fases de la investigación dejan hasta el momento la captura de aproximadamente 60 personas de la universidad, entre decanos, funcionarios administrativos, docentes, estudiantes y abogados. En la misma investigación se encuentran vinculados otros 130 individuos. La administración de Mosquera deberá hacer que la institución levante cabeza y que recupere la confianza y legitimidad que la comunidad ha perdido en los procesos internos de contratación, desarrollo de proyectos e infraestructura. 

Los retos de la nueva rectoría

El Chocó es uno de los 14 departamentos del país que no cuentan con una institución de educación superior acreditada de alta calidad. Los esfuerzos por una intervención que impulsen a la que sería la promesa del desarrollo productivo de la región han fracasado y hoy no se sabe con certeza cuál debe ser el camino que logrará el cambio en la institución.

Mosquera deberá enfrentar el eterno dilema que podría definir el futuro de la universidad: la vigilancia y la inspección del Ministerio de Educación o el respeto a la autonomía universitaria. Los desafíos internos son aún más retantes. Primero, y según distintas fuentes de la institución, el nuevo rector deberá implementar una estrategia que le permita recuperar la confianza de la comunidad universitaria.

“El nuevo Rector encuentra una universidad muy fracturada, la U.T.CH. en estos momentos tiene muchas heridas, los docentes, estudiantes y administrativos, no se sienten representados con la institución y tampoco se identifican con sus políticas, no existe una identidad UTCHINA”, explicó uno de los egresados más destacados de la Universidad que hoy ejerce como profesor.

A demás deberá lograr la acreditación institucional de alta calidad de sus programas. Solo cuatro de 21 programas que tiene la universidad, están sometidos a procesos de acreditación institucional (Ingeniería civil, Ing. agro forestal, biología y trabajo social) ante el MEN, sometidos, más no acreditados. Los demás no cumplen con los requisitos mínimos para serlo, lo que preocupa a sus futuros profesionales.

Aumentar la presencia subregional de la institución es otro de las pruebas que deberá asumir Mosquera. Uno de los logros de la administración de García Vega fue la creación de las sedes de la Universidad en el San Juan del Chocó y Bahía Solano. Sin embargo, para poder brindar educación superior en toda la cobertura del departamento, aún falta la creación de las sedes universitarias del Bajo Atrato chocoano y la del Baudó.

El déficit fiscal en la U.T.CH. enciende las alarmas administrativas del plantel educativo, la deuda de la Universidad es desproporcional. Esta situación es la sumatoria de la crisis que enfrentan las las universidades públicas en Colombia en general, pero las condiciones  en las que se encuentra la Diego Luis Córdoba por las deficiencias en los procesos administrativos, financieros y de contratación convierten la situación de la institución en un problema de proporciones mayores.

La formación y formalización docente deberá estar en la agenda de esta nueva administración. Durante el segundo semestre del 2017, la Universidad tenía solo 21 profesores con doctorado y 210 con maestrías. Sin embargo, esa cifra no es suficiente debido a la demanda estudiantil de la institución pues el número de estudiantes asciende a 9.100 estudiantes aproximadamente.

Si bien el año pasado hubo un proceso de formalización docente en el que se vincularon a 127 docentes adicionales, el número total de profesores de planta sigue siendo bajo, en comparación con el número de docentes de cátedra que asciende a 637.

Estos son solo algunos de los enormes pasos que debe dar la institución para recuperar la confianza de su comunidad, para subir de lugar en el ranking de calidad de las universidades en el país y para garantizar las condiciones en las que sus profesores pueden mejorar sus procesos de docencia e investigación que permitan que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias para poder acceder a becas posgrados sin que la acreditación de su universidad sea un impedimento y para participar en intercambios académicos.

Mientras los jóvenes del departamento siguen buscando oportunidades para luchar en contra de la pobreza, los altos índices de desempleo y los estragos de una guerra reciclada; la modernización, investigación y la financiación de matrículas sigue siendo una tarea pendiente de la U.T.CH., paradójicamente una de las universidades públicas más caras del país.