Matrícula cero, ¿un sueño posible para las universidades públicas?

En diferentes ciudades y regiones del país colectivos de estudiantes y profesores han exigido que se exima del pago de la matrícula a los estudiantes de pregrado de las universidades públicas en todo el país debido a la crisis económica que ha afectado a los familias colombianas y que hace que las instituciones de educación superior prevean un bajonazo en las aulas sin precedentes. A este llamado se sumaron cerca de 30 congresistas a través de una carta enviada al presidente Iván Duque.

En varias universidades públicas del país, como Montería, Magdalena, Valle, Cundinamarca, Distrital, Surcolombiana, entre otras, ya han logrado la matrícula cero para el 100 por ciento de sus estudiantes de pregrado, sin embargo, este no es el caso de todos los cerca de 730 mil estudiantes de las 63 instituciones de educación superior públicas del país.

En la Distrital la alcaldesa Claudia López pidió que se garantice la gratuidad con los recursos que ya se habían girado para este año. La Nacional no puede recibir apoyo de la Alcaldía por ser de orden territorial a menos que se suscruba un título de gasto, proceso que no se ha adelantado.

La fórmula para lograr esta gratuidad total en el pregrado en estas universidades ha sido la misma: tomar los recursos del Gobierno nacional, pedir apoyo de los entes territoriales y apretarse el cinturón en cuanto a recursos propios.

Para llegar a ella no en todos los casos fue tarea fácil, ya que en algunas regiones como en Tolima y Huila, los estudiantes adelantaron huelgas de hambre por más de 7 días para presionar a alcaldías y gobernaciones para que pusieran los recursos que faltaban para cubrir la matrícula de todos los estudiantes, sin importar el estrato. Además, actualmente en la Universidad Nacional varios alumnos adelantan una encadenatón para exigir que se dé la gratuidad a la totalidad de los alumnos, ya que al momento en esta universidad el beneficio es solo para el 63 por ciento.

Desde antes de la pandemia muchos estudiantes de las universidades públicas, cerca de 160 mil beneficiarios de Generación E, ya tenían garantizada su matrícula y sostenimiento, ya que para este año el Gobierno destinó cerca de 800 mil millones para ese sentido. No obstante, aún una inmensa mayoría de los estudiantes universitarios continuaban en incertidumbre. 

Por la coyuntura, el Gobierno destinó 97.500 millones adicionales para la gratuidad en estas instituciones, además de algunos apoyos adicionales del Fondo Solidario por la Educación. Ese monto adicional se repartió entre las universidades. A cada una le tocó un monto distinto, desde 800 millones a las pequeñas instituciones, hasta $5.194 millones para La Nacional, la que más alumnos acoge, “en educación siempre se van a necesitar más recursos, por eso nosotros tocamos la puerta de Alcaldía y Gobernación para completar esa gratuidad y ese es el modelo que estamos tratando en todo el país”, explicó el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, quien también preside el Sistema Universitario Estatal, que agrupa las 32 principales instituciones en las que actualmente 632 mil jóvenes adelantan su pregrado. 

En total, de acuerdo con el presidente Duque, se ha invertido cerca de 1 billón de pesos para apoyar en la matrícula a los 734 mil estudiantes que están en las universidades públicas del país, priorizando a 569 mil que son de estratos 1 y 2: “A esos jóvenes queremos decirles hoy que van a estar recibiendo en promedio un descuento sobre su matrícula cercano al 70 o 73%, pero hay más de 400 mil jóvenes de esos 569 mil que van a tener un descuento de prácticamente el 100%’’, precisó durante su programa prevención y acción, un par de días después de que se conociera la carta de las plataformas estudiantiles y los congresistas.

El presidente Iván Duque acompañado de la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

No obstante, los estudiantes aseguran que el apoyo extemporaneo por la pandemia por parte del Gobierno no ha sido suficiente, y ese logro de gratuidad en el pregrado en algunas universidades es a costa de su propio presupuesto, lo que terminará agravando una crisis económica que ya acarrean desde hace varios años, “hay una deuda histórica con las universidades y con esta coyuntura va a seguir incrementando”, señaló el senador Wilson Arias, uno de los firmantes de la misiva. “Si uno compara ese billón que dicen se ha dado con el presupuesto total de Educación, que es de 44.1 billones, es claro que no hay ninguna ayuda extraordinaria”, dicen desde la Asociación Colombiana de Representantes estudiantiles.

Para el presidente del SUE las cuentas para lograr la gratuidad en la matrícula de pregrado son claras. El 48 por ciento de los recursos de las 32 universidades del SUE, en la que estudia la inmensa mayoría de jóvenes del sistema público (632 mil estudiantes), son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 877 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, “si se quisiera montar una política pública de gratuidad costaría 877 mil millones de pesos adicionales al año, que en últimas son los recursos que recogemos cobrándole a los alumnos para subsistir”.

El inmenso problema para muchas instituciones, es que para poder cumplir con esa gratuidad y evitar la deserción, tomaron recursos que tenían destinados a otros rubros, por ejemplo algunas instituciones han visto como los recursos que ganaron por el paro nacional de 2018 se han esfumado por la pandemia. A eso suma que las universidades han visto reducidos hasta en 70 por ciento sus ingresos propios, los cuales además de las matrículas de pregrados, son producto de los posgrados, diplomados y servicios de extensión, casi todo paralizado por la crisis del coronavirus.

Por eso, algunas voces también piden que se dé un apoyo para los posgrados, dado que son un ingreso importante para las universidades, "aunque quisieramos tener ese apoyo, sabemos que si con pregrados no se pudo en totalidad, mucho menos en posgrados", dijo el presidente del SUE.

Por eso, varios expertos coinciden en que esta es una oportunidad para que el Gobierno haga modificaciones a la Ley 30 de 1992, especialmente en los artículos relacionados con la financiación de la Nación a las universidades. De acuerdo con la norma, las transferencias de la Nación a los presupuestos de las universidades públicas se ajustan año a año con base al IPC; mientras que los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas aumentan en promedio cada año un 10,69%, es decir, entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC, precisó Oviedo.

El senador aseguró que esta desfinanciación histórica de las instituciones se evidencia al revisar cómo ha sido el comportamiento de las transferencias de la Nación, en contraste con el aumento de cobertura estudiantil. Mientras los estudiantes matriculados en las 32 universidades pasaron de ser 159.218 en 1993 a más de 600 mil en la actualidad, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $ 10.825.890 a $ 4.785.338 en el mismo período, es decir, se ha cuadruplicado el estudiantado y las transferencias se redujeron cerca un 60%. 

Por el momento, varias instituciones educativas juegan una carrera contra el reloj para conseguir los recursos restantes para garantizar la gratuidad a toda la comunidad educativa y evitar una deserción masiva.