Radican proyecto de ley para inhabilitar a profesores acusados de abuso sexual

A mediados de febrero el país se paralizó ante una noticia que disparó todas las alarmas de la comunidad educativa y de los padres de familia: la Secretaría de Educación Distrital (SED) anunció que mantenía 91 procesos abiertos contra el mismo número de profesores de colegios públicos de Bogotá acusados de presunto abuso sexual contra estudiantes. La SED, liderada por María Victoria Angulo, explicó que del total de casos, 49 fueron cometidos contra menores de 14 años, la mayoría de primaria.

Día más tarde y ante el revuelo que ocasionó esta información, la Secretaría anunció una medida sin precedentes: suspendió y retiró a todos los docentes investigados de las instituciones de educación hasta esclarecer su situación judicial y penal.

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Hoy, el movimiento político MIRA dio un paso más en la lucha contra la violencia sexual infantil y radicó un proyecto de ley que busca inhabilitar de por vida a docentes y cuidadores condenados por este tipo de delitos e impedir que ejerzan cualquier tipo de cargo en instituciones educativas públicas o privadas. “Queremos que esos abusadores sexuales procesados tengan una inhabilidad perpetua y que los colegios estén en la obligación legal de no vincularlos laboralmente”, declaró tajante el presidente de la bancada, Carlos Alberto Baena López.

La iniciativa también contempla la creación de un registro nacional en el que se incluirán los nombres de todos los condenados por abuso sexual infantil y las especificaciones del delito cometido. El Ministerio de Justicia será el encargado de crear el listado y de actualizarlo cada cuatro meses. La administración del mismo recaerá en manos del Instituto Nacional de bienestar Familiar (Icbf) y la Policía Nacional. “No nos podemos quedar esperando a que las personas tengan sentencias condenatorias. Si alguien está siendo investigado, deberá ser reportado y, en consecuencia, apartado del ámbito educativo y de cualquier contacto o interacción con los menores de edad”, añadió Baena.  

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Adicionalmente, el proyecto de ley contempla inhabilitar a personas por otros delitos que también ponen en riesgo la integridad de niños y jóvenes como el tráfico de menores, el incesto, la prostitución y el maltrato. “Es algo en lo que el país tiene que detenerse y tomar acciones. Los abusos se están cometiendo en las instituciones educativas por parte de los profesores y cuidadores, los mismos que deben cuidar de nuestros niños”, concluyó el presidente de MIRA.

Según cifras de Medicina Legal aportadas por Baena, en los últimos años más de 1.213 cuidadores fueron acusados de violencia sexual contra menores. Solo en 2016, se cometieron 326 delitos de este tipo en los que el victimario fue un maestro y la víctima un niño o joven.

Cifras aterradoras

En 2016, según según la Fiscalía General del Estado, fueron violados 48 menores de edad. Medicina Legal, por su parte, elevó el número a 50, mientras que la Defensoría del Pueblo lo redujo a 43.  

El último informe del Observatorio del Delito de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional recoge dos datos al respecto, también del 2016: por un lado los que ellos manejan y que ascienden a 7.394 casos de delitos sexuales contra menores, y, por otro lado, los del Icbf, con 8.891 víctimas.

No hay consenso en los números, pero si en el perfil de las víctimas: todos los entes consultados indican que la mayoría son niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 9 y los 10 y los 14. En este punto, vale la pena remitirse a esta otra cifra: de acuerdo al Ministerio de Educación (MEN), al año 6.500 niñas menores de 14 años dan a luz en el país y 15.000 más entre los 14 y los 19 años.   

Estadísticas alarmantes que solo reflejan la punta del iceberg, señaló a Semana Educación el Coronel Henry Quintero Marina, comandante de la policía de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. “Esto datos son solo un indicador. No son 100 % confiables porque existe un subregistro".

Medicina Legal realizó 16.672 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en menores de edad el año pasado, de estos,14.186 fueron por abuso sexual. El 84 % de los casos (10.034) se cometieron contra niñas. Del total de delitos cometidos, el 46 % de las víctimas tenían entre 10 y 14 años (7.702). 2.185 tenían menos de 4 años; 4.524 entre los 5 y los 9 años y las 2.261 restantes entre los 15 y los 17.

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La razón por la que la mayoría de casos no se reportan y se ocultan tiene una razón de ser: los principales agresores son familiares, conocidos y amigos, como evidenció el último informe Forensis que realiza anualmente Medicina Legal y corroboró el estudio de la Policía Nacional. El 44 % de los victimarios son familiares, el 32 % son conocidos o amigos y el 29 % pareja o expareja. En otras palabras, gente cercana que presiona para que el tema se solucione, como se dice coloquialmente, “de puertas para adentro”. "De diez niños abusados, ocho conocen al agresor", sentenció el Coronel.

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