EDUCACIÓN
Nuevos colegios: ¿qué pasó con el ambicioso plan de infraestructura educativa?
En diciembre pasado la Contraloría encendió las alarmas respecto al avance y sobrecosto de 541 proyectos en todo el país, a tal punto que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $500 mil millones a dos exministras de Educación.
En 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos trazó un ambicioso plan: superar el déficit de aulas en el país, calculado en más de 51.000. Para ello, apostó en grande por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (Pnie), cuyo propósito estratégico era aplicar la jornada única escolar apoyándose en la construcción y adecuación de 30.600 aulas.
En ese momento, el Ministerio de Educación decidió administrar el megaproyecto a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), una cuenta especial sin personería jurídica creada para gerenciar recursos. En total, el fondo juntó 3,28 billones de pesos, de los cuales la nación puso 2 billones y los municipios y departamentos el 1,2 billones restante.
Sin embargo, lo que empezó como una buena iniciativa en la que se recaudaron grandes recursos para invertir en la infraestructura educativa, tan necesaria en el país, comenzó a generar desconfianza entre gobernadores y alcaldes. Algunas de las irregularidades se evidenciaron en un informe de la Contraloría presentado en diciembre pasado, en el que anunció un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra 65 personas, entre ellas las exministras de Educación del gobierno Santos, Yaneth Giha y Gina Parody, por cuantía de $559.853 millones de pesos.
La investigación de la Contraloría evidenció, entre muchos otros hallazgos relacionados con sobrecostos, que 71 proyectos estaban abandonados y que 7 de cada 10 proyectos de infraestructura educativa tienen graves problemas de ejecución. Uno de los principales retos de la actual ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha sido el de reactivar este ambicioso plan. "Desde el Ministerio trabajamos para dar soluciones a las demoras o parálisis en la ejecución de las obras de infraestructura educativa", dijo.
Al inicio del actual Gobierno, el ministerio realizó un diagnóstico sobre el estado de las obras de infraestructura educativa, que reveló que en los 541 proyectos existentes para colegios nuevos o ampliación, 6 de cada 10 fueron asignados a los dos mismos contratistas que incumplieron con la ejecución.
Además, solo 40 proyectos (el 8 por ciento) habían sido terminados y el 70 por ciento de los proyectos se encontraba en riesgo medio o alto, sin que se hubieran adoptado las terminaciones anticipadas por incumplimiento, contempladas en los contratos.
La ministra aseguró que tras decisiones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas en el FFIE, actualmente 251 proyectos de infraestructura educativa que tenían graves retrasos e incumplimientos por parte de algunos contratistas de obra, ya se han reasignado para que se reanuden las obras de los colegios. De estas 251 infraestructuras, 228 ya avanzan, 9 están próximas a reasignar y 14 en proceso de análisis por parte de las Entidades Territoriales.
"Luego de un trabajo arduo, técnico y riguroso, este Gobierno ha terminado 124 colegios en todo el país, lo que significa que hemos triplicado los colegios construidos en el territorio nacional. Sumados a los 40 colegios que se recibieron, tenemos un total de 164 colegios nuevos, que representan 2.388 aulas nuevas y 752 renovadas, 101 laboratorios, 73 bibliotecas y decenas de espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de ambientes de aprendizaje adecuados", precisó la ministra.
La funcionaria señaló que para superar el retraso en 2019 por incumplimiento se terminaron de manera anticipada 133 contratos de obra con el consorcio que tenía a su cargo el mayor número de colegios.
"Es importante indicar que como estas obras fueron asignadas en 2015 y 2016, desde el Gobierno del presidente Duque hicimos un gran esfuerzo para garantizar los recursos necesarios y cubrir los costos de los proyectos objeto de incumplimiento. Para esto, creamos una cuenta de contingencia en el FFIE", agregó la ministra.
Reactivación de obras en pandemia
Para la reactivación de los proyectos, cada contratista adoptó un riguroso protocolo de bioseguridad, así como el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (Papso) en cada uno de los proyectos.
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Dentro de estas medidas se encuentra el distanciamiento en áreas de trabajo, uso de tapabocas, turnos de trabajo, toma de temperatura, control para ingreso y salida de personal de la obra, limpieza de dotación, zonas de cuidado en salud, puntos para lavado de manos, estaciones de limpieza y desinfección, hidratación, entre otros.
