La alimentación de niños de bajos recursos es una papa caliente

Esta semana la Secretaría de Educación de Cundinamarca declaró desierta la licitación de 32.375 millones de pesos para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por 88 días en ese departamento. Se presentaron tres ofertas pero después observaciones entre las organizaciones oferentes y la evaluación del jurado se concluyó que ninguna cumplía con los requisitos para estar habilitada. Debido a esto, cerca de 180.000 estudiantes de 111 municipios se quedarán sin alimentación escolar por al menos siete días. Esto es grave teniendo en cuenta que hay algunos de los menores solo tienen garantizada su comida gracias al PAE.

Este programa es difícil de ejecutar. Las organizaciones que se presentan a la licitación tienen responsabilidades que van desde comprar los alimentos hasta servir el plato de comida que un niño recibe. Es necesario contar con una infraestructura que conste de camiones, bodegas adecuadas para el almacenamiento de alimento, personal capacitado, logística, entre otras cosas. Y además la geografía de Cundinamarca, como en muchas zonas del país, no es sencilla. Hay veredas alejadas, trayectos que duran más de cinco horas e imprevistos que pueden ir desde la descomposición de la comida hasta la varada de un camión.

Precisamente por todo lo que se requiere para operar el PAE es que no hay muchas organizaciones que puedan presentarse a una licitación de este tipo. Aunque la de Cundinamarca se abrió con antelación en septiembre de 2017, para que los estudiantes tuvieran garantizada su comida desde el primer día de clases, no hubo muchas ofertas.

Tres empresas se presentaron a la licitación: 1) Unión Temporal PAE Cundinamarca 2018, conformada por Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo, Petrocomerce SAS, Fundación Unidad Social Barrio Adentro (Fusba) y Organización Tiempo de Paz. 2) Unión Temporal Grupo SSM2018, conformada por Seval Logística SAS, Multimodal Express SAS, Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa y Fundación profesionales al Servicio de la Seguridad Alimentaria de Colombia. 3) Fundación Vive Colombia.  

La Unión Temporal Grupo SSM2018 fue la primera en ser rechazada. Entre muchos de los documentos que no entregó, le faltó la póliza de seriedad, un requisito fundamental para cualquier licitación. Las otras dos tuvieron algunas observaciones pero apelaron al recurso para subsanar o corregir las fallas de su propuesta.

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El jurado calificaba de la siguiente manera. Daba 500 puntos por el precio, 400 por calidad y equipo profesional y 100 por la cobertura de número de días. Unión Temporal PAE Cundinamarca tuvo un puntaje de 390 por el precio, 330 por calidad y 100 por número de días. La Fundación Vive Colombia por su parte obtuvo una puntuación de 500 por el precio, 320 por calidad y 100 por número de días. De modo que la ganadora habría sido esta última, la cual hizo una oferta de 573 millones menos sobre el precio de la licitación mientras que la Unión Temporal PAE por 245 millones menos sobre el valor estimado.

Como era de esperarse, la organización que habría sido rechazada presentó reparos en la propuesta de su competencia ante la Secretaría de Educación pero también ante varios medios de comunicación. Esta corporación señaló, entre otras cosas, que la Fundación Vive Colombia había sido la empresa que desde que el PAE se inició en 2008 había ganado varias veces la adjudicación por un supuesto favorecimiento de los gobernadores. Que su representante legal, Germán Almanza Hernández, tiene una investigación por concentración del PAE desde 2013 que desarrolla el Ministerio Público. Y que la experiencia de sus operarios no está debidamente acreditada.

La Fundación Vive Colombia también destacó los problemas su competencia que resultaron ser aún más graves. En primer lugar, al menos uno de los miembros que conformaban el consorcio habrían tenido que tener el 50 por ciento de la participación y el mayor, Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo, tenía el 45. Además, se demostró que la inspección sanitaria del 80 por ciento de los vehículos requeridos era falsa ya que la fecha de inspección se habría hecho el 15 de noviembre de 2017 pero los resultados salieron el 22 de octubre de ese mismo año. Y en suma a esto, los contratos de arrendamiento estaban firmados por personas distintas que tenían el mismo número de cédula.

Como si eso fuera poco, la Fundación Red Colombiana es la misma del escándalo en Cartagena de las pechugas facturadas a 40.000 pesos por unidad, problema que ha sugerido que esta fundación se gastaba menos en el alimento de los niños, pero elevaba los precios en las facturas para poder quedarse con la totalidad del dinero adjudicado.

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Lo que se ha reprochado desde la opinión pública es por qué es posible que organizaciones con estos inconvenientes pudiera presentarse a la licitación. Pues bien, según explicó a SEMANA la Gobernación de Cundinamarca y la misma Procuraduría, ninguno de las dos ofertas tiene abierta una investigación formal ante la Fiscalía, pero aun si la tuvieran, no estarían inhabilitadas para presentarse a procesos licitatorios ya que hasta que no sean condenadas se presume inocencia.

La deserción de la licitación no es del todo un hecho. Los oferentes tienen todavía 7 días hábiles para presentar un recurso y objetar o subsanar las razones por las cuales no fueron habilitadas. Solo hasta entonces la Gobernación podrá empezar otro proceso. Es por eso que en la audiencia la Procuraduría sugirió los licitantes o que se retiraran cuanto antes o que corrigieran los puntos que tenían en contra. De darse el último caso la adjudicación tardaría al menos 25 días.

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¿Qué está haciendo la Gobernación de Cundinamarca mientras tanto?

La Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Jorge Emilio Rey, dejó claro que está trabajando día y noche para responder, pero destacaron que la responsabilidad de alimentar a los estudiantes no es solo de la Gobernación sino también de los padres de familia, de la comunidad, de los municipios e incluso del ministerio de Educación. También dejaron saber que lo que es un hecho es que por lo menos por los próximos siete días los niños no tendrían garantizada la alimentación escolar.  

No obstante, Rey convocó el jueves pasado a los alcaldes y a los rectores para solventar la situación. Ellos se comprometieron a poner su empeño para proveer los alimentos a los niños pero la atención no será inmediata. Deberán gestionar un contrato de mínima cuantía, es decir, una modalidad rápida de proceso licitatorio en el que los municipios se encarguen de la contratación de pequeños proveedores. Pero esto tomaría al menos seis días hábiles.

También estudiaron la posibilidad de acudir a Colombia Compra que tiene una base de proveedores que funcionan en Bogotá. El problema es que el funcionamiento en la capital es totalmente distinto al del departamento. Llegar a municipios como Medina y Paratebueno tomaría más de cinco horas. Pero además el proceso contractual sería demorado. De modo que esta opción está prácticamente descartada.

Revisaron la opción de que la misma Gobernación contratara directamente a pequeños proveedores de los municipios pero el proceso se demoraría alrededor de un mes y además como estamos en tiempos de elecciones cualquier entidad estatal tiene prohibido celebrar contratos interestatales. Es decir, no pueden enviar un cheque a un municipio para que se encargue de los alimentos así sin más. Tampoco es sencillo declarar una emergencia pues aunque la situación es preocupante no está en su punto más crítico.

El PAE, según describió el mismo gobernador, es “una papa caliente” que la Nación dejó en manos de los departamentos. Lo que sucede en Cundinamarca es uno de los casos menos graves comparados con procesos en lugares como Cartagena donde la corrupción corroe los procesos licitatorios. De hecho en diez años que lleva el programa muy pocos departamentos han logrado proveer los alimentos escolares en los primeros días. Por solo mencionar unos casos, en Santander los niños tendrían este servicio hasta marzo y en otros lugares como Huila hasta agosto. Ni qué decir de lugares como Atlántico, Bolívar, Chocó, Nariño, Sucre y La Guajira. 

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El PAE ha estado en manos del ICBF, del Ministerio de Educación y finalmente en los departamentos. Es tal el desgaste de la licitación y la dificultad de la ejecución que esto facilita las creaciones de carteles y monopolios en la alimentación escolar. Quizá sea la hora de reestructurar este programa que termina afectando a los más pequeños.