NACIÓN
Entender la toma del Palacio de Justicia para no olvidar
Semana Educación recopila los datos más importantes de lo sucedido, hechos que todo colombiano debería comprender para que este episodio trascendental no quede en el olvido.
Hoy se cumplen 30 años de la toma del Palacio de Justicia, un dramático hecho que forma parte imborrable de la historia más negra de Colombia.
Una herida que todavía se mantiene abierta. Tras tres décadas del asalto a una de las grandes instancias de la democracia colombiana por parte de 35 guerrilleros del M-19, con la posterior reacción “desproporcionada” de la Policía Nacional y el Ejército, todavía quedan muchos interrogantes sobre lo que pasó aquel 6 de noviembre de 1985.
¿Qué pasó?
A escasos minutos del mediodía, la guerrilla entró por la fuerza en el Palacio de Justicia y mantuvo rehén a más de 300 personas, entre magistrados, empleados y visitantes.
El objetivo era presionar al presidente de la época, Belisario Betancur, para que se presentara en el edificio ocupado y hacerle un juicio político ante la Corte Suprema por el incumplimiento de los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984. En estos se hablaba de un cese al fuego bilateral y una búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado. En este juicio, los fiscales serían todo el pueblo colombiano, que haría sus formulaciones por medio de la radio.
El Gobierno se negó a negociar, y se dio paso a las operaciones de retoma por parte de las fuerzas militares y un comando especial de la policía, que se extendieron hasta el día siguiente. Es lo que se conoce como el ‘plan Tricolor’. Se habla de que más de 1.000 soldados formaron parte del operativo.
En la retina de los millones de colombianos quedó plasmado el momento en el que tanques militares irrumpieron en el edificio y derribaron las puertas de la fachada principal. Otro momento para el lastimoso recuerdo, la llamada del entonces presidente de la Corte suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo el cese del fuego por parte de las autoridades “inmediatamente y dramáticamente”, que las vidas de los rehenes (entre los que se encontraba) corrían peligro.
Los combates entre las dos fuerzas se intensificaron a medida que las horas pasaron. El conteo de gente a la que las fuerzas militares trasladaban con vida del Palacio a la Casa del Floreo, que sirvió como base militar, para su identificación también se hizo cada vez más notorio. No sé volvió a saber del paradero de muchos de ellos. Los heridos fueron llevados a clínicas y hospitales.
Bajo el ir y venir de las balas y del sonido de explosiones, se proclamó un incendio en el cuarto piso, cuyo origen al día de hoy se desconoce. Los magistrados, guerrilleros y civiles que ahí se encontraban bajaron entonces al tercer suelo y a los baños del segundo. El fuego siguió extendiéndose.
En la mañana del 7, Betancur aceptó dialogar con los guerrilleros. Horas más tardes, y tras mucha confusión, se dio por terminada la toma del Palacio. El saldo de víctimas: 98 muertos (Reyes Echandía entre ellos) y 11 personas desaparecidas (siete trabajadores de la cafetería, dos visitantes, un magistrado y una guerrillera).
La teoría de los narcos
Otra hipótesis indica que fue el Cartel de Medellín, bajo las órdenes de Pablo Escobar, quien financió al M-19 para perpetrar la toma y así evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos que estaba siendo evaluada por la Corte Suprema.
Uno de los antiguos sicarios del narco, Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, confirmó esta teoría años más tarde. La Comisión de la Verdad, conformada en 2005 para el esclarecimiento de los hechos, incluyó su testimonio en su informe final, ratificando así esta conexión.
Esta Comisión también determinó “que el gobierno nunca tuvo intención de salvar la vida de los rehenes”.
Desaparecidos forzados
Aquel sangriento episodio dejó, además de las víctimas mortales, 11 desaparecidos. El mismo número de familias que 30 años después exigen que se haga justicia y les devuelvan los cuerpos de sus seres queridos.
El pasado mes se encontraron los restos de tres de ellos: Lucy Amparo Oviedo, Cristina Guarín y Luz Mary Portela. Las dos primeras eran empleadas de la cafetería, mientras que la tercera era una visitante ocasional del Palacio.
Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en diciembre de 2014 por su responsabilidad en la desaparición, retención ilegal y tortura de los desaparecidos. “Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”, indica la sentencia.
El estado fue condenado por una única ejecución extrajudicial: la del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
Para la Corte quedó probado que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
Por el caso de los desaparecidos están condenados el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, retirados ambos. Los dos cumplen condena en un cuartel militar de Bogotá.
Un perdón que llega 30 años después
Hoy el presidente Juan Manuel Santos, en un evento conmemorativo, reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y en las posteriores fallas en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Un histórico perdón que llega 30 después de los terribles sucesos.
También pidió perdón a las familias de las víctimas y los once desaparecidos durante la retoma del Palacio. Se comprometió con estos últimos a poner a su disposición toda la fuerza del Estado para que haya avances significativos en las investigaciones judiciales. “El Estado colombiano aún tiene una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia”, dijo.
