EDUCACIÓN

Paloma Valencia pide al Gobierno dar bonos para que estudiantes se pasen a colegios privados

La senadora propuso que el Gobierno entregue un bono escolar a los padres de familia de los estudiantes de instituciones públicas, ya que Fecode se mantiene en su posición de no volver a las aulas. ¿Es viable?

29 de septiembre de 2020
Paloma Valencia propone bonos escolares
Paloma Valencia propone bonos escolares | Foto: Semana

Los colegios de todo el país, públicos y privados, se cerraron desde el pasado 16 de marzo por cuenta de la pandemia. Sin embargo, desde mediados de este mes, las primeras instituciones privadas del país comenzaron a retomar la presencialidad bajo estrictos protocolos de bioseguridad, no obstante, en el caso de los públicos el panorama de regreso a las aulas es más complicado.

Si bien desde el Gobierno nacional y varias autoridades territoriales han anunciado que se iniciarán planes piloto para aplicar la alternancia en el sector público, esto parece lejano, dado que desde hace ya varios meses la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha reiterado que no irán a los colegios porque consideran que no existen las garantías ni las condiciones de bioseguridad.

Debido a esta situación, la senadora Paloma Valencia hizo una propuesta que ha generado controversia en redes sociales. Ante la negativa del gremio docente de regresar a clases en el sector público, pide que el Gobierno nacional apoye con un bono a los padres de familia que quieran enviar a sus hijos al colegio.

Su colega de bancada, María Fernanda Cabal, apoyó la propuesta al considerar que le da la libertad a los padres a escoger sobre la educación de sus hijos.

Valencia aseguró que el bono funcionaría de una forma similar como lo hace Generación E en la educación superior, no obstante reconoció no tener cifras de la capacidad de los colegios privados de absorber estudiante del sector público, “es una propuesta que pongo sobre la mesa”, dijo en entrevista con Blu.

Para el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, la propuesta solo busca estigmatizar al gremio docente y seguir privatizando la educación: “somos los primeros interesados en regresar a las aulas, pero tal y como venimos diciendo desde hace algunos meses, no están las condiciones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa".

Más allá del motivo de la propuesta, Alarcón cuestionó de dónde saldrían recursos para dar esos bonos escolares a las familias, teniendo en cuenta que el Gobierno tan solo dispuso de 92 mil millones de pesos para dotar a los colegios públicos del país, que acogen más de 8 millones de alumnos de básica y media, de todos los elementos de bioseguridad para retornar gradualmente a la presencialidad, “no están las condiciones, hay que mirar los colegios, sus baterías sanitarias, se necesitan inversiones”, agregó Alarcón.

La propuesta de Valencia podría funcionar de forma similar a lo que hizo el Fondo Solidario por la Educación, el cual creó el Ministerio de Educación y el Icetex para apoyar a los padres de familia de los colegios privados que no pueden pagar la pensión por la crisis económica. En este programa fueron seleccionadas 57.776 familias de los 32 departamentos del país y de Bogotá, a las que se les adjudicó esta financiación de hasta el 100 por ciento de la pensión, que cubría un monto de hasta 1.2 millones de pesos.

Este programa fue bien recibido por los padres de familia, sin embargo consideraron que, al igual que en la dotación de los colegios públicos, no se destinaron los recursos suficientes. El presidente de la Confederación de Padres, Carlos Ballesteros, aseguró que si bien esta convocatoria era positiva, “en todo el país hay cerca de 2.4 millones de estudiantes en colegios privados, si usted mira el total de hogares a los que pertenecen esos estudiantes, cifra que ronda un millón, y lo compara con los 58 mil beneficiarios puede sacar sus propias conclusiones”.

Otro cuestionamiento que cae sobre la propuesta es la capacidad física de los colegios privados para acoger a los estudiantes de colegios públicos, más en un momento en el que solo pueden funcionar a un 35 por ciento de su capacidad debido a los protocolos de bioseguridad.