Las cifras para entender por qué marchan las universidades públicas

El sector de la educación quedó con un presupuesto total de 41,26 billones de pesos para el próximo año, lo cual representa un incremento del 10 por ciento frente al del 2018, luego de la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para el 2019 que se discute por estos días en el Congreso.

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Pero mientras el gobierno resalta que este será el sector con el mayor presupuesto y que se hizo un esfuerzo monumental para aumentarlo –cerca de 2,5 billones más respecto a los 38,78 billones con el que fue radicado en julio de este año–, los estudiantes, profesores y gremios de la educación superior marcharán este viernes para protestar por la “la desfinanciación de la educación y la crisis de las universidades públicas”.

Una gran paradoja. Si bien el presupuesto aprobado para educación es mayor al de otros sectores, como Defensa y Policía (33,53 billones de pesos), salud y protección social (32,29 billones) y trabajo (28,52 billones), resulta insuficiente para atender las necesidades que se han acumulado históricamente y para enfrentar los desafíos futuros del país.

Una mirada a la distribución del presupuesto del sector ayuda a comprender la razón. Buena parte del presupuesto se destina para gastos de funcionamiento (entre ellos sueldos de profesores e incluso pagos pensionales) lo cual le ha cerrado espacio a la inversión en otros temas clave para el sector. Veamos.

Vea en video las 10 razones por las cuales salen a marchar las universidades públicas

De los 41,26 billones de pesos del presupuesto para educación, alrededor del 60 por ciento del presupuesto se canalizarán a través del Sistema General de Participaciones, SGP, que son los recursos que gira cada año el gobierno nacional a las regiones para financiar la educación básica y media de cerca de 8,3 millones de estudiantes del sector oficial.

Acá también está el pago de salarios y primas para más de 353.000 docentes y directivos docentes, incluye los tres puntos de nivelación salarial para 2019 acordados con los sindicatos de educadores y el pago de la bonificación pedagógica. Los programas de alimentación escolar se llevan alrededor de 1 billón de pesos, mientras que para infraestructura educativa solo se destinan un poco más de 300.000 millones de pesos.

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Otro de los grandes rubros se destina al pago de las pensiones y demás prestaciones sociales del Magisterio, que alcanza un costo de 9,3 billones de pesos. Este es el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), que atiende el pago de aproximadamente 206 mil pensionados.

En contraste con la educación básica, las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos. Esto es, alrededor del 10 por ciento total del presupuesto. Esto significa que en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.  

En términos generales, el 95 por ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión.

La batalla por el presupuesto

En medio de este panorama es que se anuncia el paro de las universidades públicas. Los promotores afirman que las universidades públicas del país requieren alrededor de 500.000 millones de pesos para “pasar” este año y exigen un aumento en el presupuesto de educación de 4 billones de pesos para el 2019 –que se sumarían a los 3,9 billones ya programados–. A las marchas, que en un inicio solo convocaban a las universidades estatales, se sumaron otras privadas como El Externado, Los Andes y la Javeriana. 

Además, los rectores de las 32 universidades públicas del país, agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), afirman que el déficit histórico de la inversión en las universidades públicas supera los 15 billones de pesos, mientras que el de funcionamiento suma más de 3 billones de pesos. Esto significa que el déficit de la educación pública universitaria asciende a alrededor de 18,2 billones de pesos.

Buena parte de este atraso lo atribuyen los expertos a que la Ley 30 de 1992 determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes. Con esto, mientras los ingresos de las universidades públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero.

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Por su parte, el Gobierno afirma que ha priorizado la educación pública en el presupuesto de 2019 y que ésta recibirá una inyección adicional el próximo año de 500 mil millones. Además, que con esta cifra adicional el incremento estará 1,8 puntos porcentuales por encima del IPC y que se buscará continuar incrementando estas cifras en los próximos años.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró frente al tema del déficit estructural que son inversiones que han debido hacerse para poner la infraestructura al día. “Hay que decantar esta cifra y lo que estamos haciendo como gobierno es buscar nuevas fuentes de recursos como regalías y reorientar otros proyectos dentro del programa de reactivación económica”, afirmó la jefa de esta cartera, quien recordó que no se puede desconocer la difícil situación fiscal que vive el país.

Por esto, invitó a los distintos actores del sector para contribuir en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo y recordó que el Gobierno siempre ha estado abierto al dialogo. Además, anuncio que el próximo 20 de octubre se dará a conocer la nueva política de educación superior la cual incluye la reforma del programa Ser Pilo Paga, así como los avances en materia de gratuidad de la educación superior y hacia la equidad.

Para muchos sectores, estos llamados y anuncios son insuficientes si no hay mayores recursos, además recuerdan que este es el mismo día que vence el debate sobre el presupuesto General de la Nación.

Para Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, “hay que crear una política que ayude al financiamiento de los gastos de funcionamiento e infraestructura para la investigación, y considerar una modificación a la Ley 30 para que los recursos de las universidades públicas no se incrementen solo anualmente con el costo de vida”.

Para enfrentar el déficit de las universidades públicas, la financiación de la educación superior debe ser política de Estado, según la rectora de la Nacional, pues “como están los recursos apenas se alcanzan a cubrir la nómina y el funcionamiento de los campus, sin hablar de inversión, que lo estamos cubriendo con recursos propios”.

Sin duda, la situación de la educación refleja el debate en muchos otros sectores donde no hay plata para inversión. Sin embargo, el desafío en este caso no es solo una cuestión de más plata sino de cómo hacer más eficientes los billonarios recursos que se están destinando a cada sector, a quiénes se están dirigiendo mayoritariamente y qué tan eficiente es la ejecución. Sin duda, la eficiencia en el gasto en educación y en otros sectores será la forma de buscar un país más educado y equitativo.