¿Peligra el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños?

El castigo físico sigue siendo el método más usado por los colombianos a la hora de corregir y educar a sus hijos, a pesar de que es una práctica muy controvertida. Un estudio realizado por la Universidad de La Sabana y la Alianza por la Niñez Colombiana evidenció que el 52 por ciento de los niños y niñas en el país recibe algún tipo de golpe como castigo.

“Causar dolor, por mínimo que sea, es un acto de violencia. Palmadas, pellizcos, empujones, coscorrones, lavar la boca con jabón o forzar a comer picantes son actos que las personas creen que en su contra son violentos, humillantes y degradantes. Pero cuando son en contra de niñas, niños y adolescentes los justifican como forma de corrección”, explica Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Buscando cambiar este panorama, la Alianza por la Niñez, el ICBF y algunos congresistas vienen batallando desde hace casi un año para prohibir mediante un proyecto de ley el castigo físico a los niños, con lo que Colombia se convertiría en el país número 57 en el mundo en acabar con esta práctica. El Código Civil tiene una ventana abierta para que los padres castiguen “moderadamente” a sus hijos.

Este martes se desarrollará el tercero de los cuatro debates que debe cursar el proyecto de ley. No obstante, existe preocupación de que el proyecto no pueda seguir su camino legislativo, ya que en las últimas semanas se han presentado fuertes opositores, principalmente del sector religioso, quienes consideran que con este proyecto de ley se les está quitando autonomía a los padres y se imponen modelos de crianza, así como ideología de género.

El representante a la Cámara Carlos Acosta asegura que el proyecto de ley es innecesario, porque se está tratando de crear un derecho a partir de una ley ordinaria y que ya existen mecanismos y leyes de protección a la niñez.

Adicionalmente, varios grupos religiosos han hecho llegar cartas a los senadores solicitándoles archivar el proyecto porque consideran que no refleja real protección de la niñez. “De ser así, incluiría la prohibición de violencia contra los niños que están por nacer, dado que de nada sirve promulgar una ley que dice abanderar la no violencia contra los niños, pero no promueve la protección del niño en el vientre, es decir, desde su concepción”, aseguran.

Además, sostienen que esa ley podría convertirse en un instrumento para que el Estado entre a determinar la orientación y los lineamientos que los padres deben seguir en el proceso de educación de sus hijos, “lo cual atenta directamente contra los derechos establecidos en nuestra carta constitucional”.

No obstante, los defensores de este proyecto aseguran que hay desinformación alrededor del objetivo del proyecto de ley, asegurando que es completamente falso que se le quiera quitar autoridad y autonomía a las familias, o inculcar la ideología de género.

La secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, Gloria Carvalho, indicó que el articulado claramente dice que las personas al cuidado de los niños tienen la facultad de vigilar su conducta, corregir y sancionar. “Lo que enfatiza es que no pueden usar ningún tipo de violencia. El límite de la autonomía solo viene dado por el respeto de los derechos humanos”.

Carvalho precisó que lo que se busca es modificar el artículo 262 del Código Civil, que quedaría de la siguiente manera: “Las familias y/o personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos, excluyendo cualquier forma de violencia garantizando su desarrollo armónico e integral".

¿Sirve para corregir?

En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años, e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo.

Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.

Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico.

La evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.

Sobre los castigos que podrían recibir quienes continúen con este tipo de castigo, el proyecto no contempla sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores.

No hay sanciones y sí pide en su artículo 4 crear una estrategia nacional que convoque al Estado en el acompañamiento a las familias –que lo soliciten– en pautas de crianza que no involucren la violencia. No se obliga, no se sanciona, solo se orienta. “No toda prohibición implica una sanción penal”, concluyó Carvalho.