Opinión

Los desafíos de la educación colombiana

El III Plan Decenal establece diez retos para el sector en el periodo 2017-2026. ¿Cuáles son y qué tendrá que hacer la sociedad para garantizar su cumplimiento?

Julián De Zubiría Samper*
1 de agosto de 2017
| Foto: Guillermo Torres

Culminó la primera fase de construcción del Plan Decenal de Educación. La Comisión Académica entregó el documento orientador a Janeth Giha, ministra de Educación. Se trata de un material de 14 páginas en el que se definen los diez desafíos que tiene la educación para la próxima década. Ahora viene lo más complejo: realizar un gran Acuerdo Nacional para que se redoblen los esfuerzos y se garantice su seguimiento y cumplimiento. La educación incide en la vida social, económica, cultural y política de una sociedad. Por ello, allí deberán estar, al pie de los sectores educativos, los empresarios, los medios masivos de comunicación, los artistas, los padres de familia, la clase política y las iglesias, entre otros. El documento invita a construir una política de largo aliento en educación, una política de Estado y no de gobierno para la educación nacional, algo que todavía no hemos logrado. En breves líneas, éstos son los desafíos.

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Regular el alcance del derecho a la educación

Hay que garantizar, por medio de la ley, el acceso y permanencia a una educación de calidad. Hay que reconocer que en este aspecto estamos atrás del promedio en América Latina tanto en educación inicial como en superior. Sabemos que una educación inicial integral y de calidad es la mejor inversión para formar niños más sanos intelectual y emocionalmente a lo largo de la vida, pero hemos hecho relativamente poco por materializar este derecho. En educación superior hay que fortalecer la educación pública y asegurar el mejoramiento de la calidad y el robustecimiento de las universidades regionales. Medidas del gobierno como las de transferir recursos masivos hacia la educación privada, desplazándonos de esta manera a sistemas de “subsidio a la demanda” y atendiendo tan solo una ínfima población de los jóvenes de los estratos más bajos de la población no ayudan a este fin. Dicha política deberá modificarse para poder garantizar el derecho a seguir estudiando al que tiene la población que culmina la educación media. “La educación es un derecho y no una mercancía”, gritaban en las calles los estudiantes universitarios en 2012. En Colombia todavía es un derecho a medio cumplir para los jóvenes universitarios y para los menores de cinco años.

Mayor articulación de los niveles educativos

Hasta el momento carecemos de un verdadero sistema educativo que permita la articulación de los diversos niveles y subsistemas. El desafío consiste en trabajar para que los distintos subsistemas interactúen de manera participativa y descentralizada tanto a nivel horizontal como vertical. La educación oficial y privada debe responder a fines comunes y los diferentes niveles deberán superar la fragmentación actual. En un sistema, los diversos elementos están articulados a las mismas finalidades. Ese es el reto.

Lineamientos curriculares pertinentes

Para construir la identidad nacional y aprender de otras experiencias y contextos es necesario que el país construya lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. Enfoques excesivamente prescriptivos e informativos terminan por violar la Ley General de Educación. Por ello, hay que empezar por reconocer que los llamados Derechos Básicos de Aprendizaje representan más un retroceso que un avance. Múltiples estudios concluyen que fortalecer la autonomía es una condición para mejorar la calidad de la educación. La explicación es sencilla: la autonomía empodera a la comunidad. Hoy sucede exactamente lo contrario: docentes y directivos sienten que las decisiones vienen “desde arriba” y que ellos no participan en su elección. Creen que los problemas se originan por fuera de la escuela y por ello es poco lo que sienten que pueden hacer para transformarlo. Mientras no cambiemos esto, no será posible mejorar la calidad de la educación colombiana.

Una política pública para la formación de docentes

Algo muy grave pasa en los actuales procesos de formación docente. Los egresados de las facultades de educación alcanzan los peores puntajes entre todos los egresados del sistema universitario, como en las pruebas Saber pro, con los resultados más bajos en lectura crítica, razonamiento numérico y competencias ciudadanas. La calidad educativa depende en alto grado de los niveles alcanzados en formación por sus docentes. Es por ello que hay que replantear por completo el modelo de formación de maestros en Colombia ya que es obvio que, mientras no cambiemos esta situación, no será posible mejorar la calidad de la educación. Otro reto complejo, pero necesario y posible.

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Hay que dejar de enseñar lo mismo

Es necesario un profundo replanteamiento pedagógico y de los currículos. Los modelos que enfatizan la transmisión de informaciones, hoy vigente en la mayoría de instituciones educativas, han demostrado que no logran promover el desarrollo humano e integral de los estudiantes. Los niños y jóvenes presentan graves limitaciones para pensar, comunicarse y convivir debido, en parte, a la supremacía de los modelos pedagógicos tradicionales en la mayoría de colegios. Para transformar esta realidad, necesitamos fortalecer la formación, garantizar reuniones periódicas de docentes y ampliar el apoyo y el estímulo a las innovaciones educativas para que sistematicen, evalúen e investiguen sobre sus procesos. Todos los docentes del país tendremos que aprender a partir de allí.

El problema de la educación no es tecnológico, sino pedagógico

Los cambios tecnológicos, per se, no producirán transformaciones pedagógicas. La tecnología puede apoyar procesos de cambio pedagógico y por eso debe ser pensada y adecuada tanto para mejorar la enseñanza como para hacerlo en el aprehendizaje. Sin embargo, es indispensable impulsar el uso pertinente y generalizado de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la innovación.

La sociedad colombiana ha enfermado emocionalmente

La larga y cruenta guerra llenó a Colombia de ira, odio e intolerancia. Algunos grupos políticos han querido nutrirse de esta enfermedad con fines electorales y por ello promueven la venganza como solución a los problemas. Este peligroso escenario nos obliga a los educadores a trabajar por consolidar las competencias ciudadanas de manera que fortalezcamos la convivencia sana, el trabajo en equipo y la interacción respetuosa con los demás. El desafío es construir la paz desde las aulas y ayudar a impulsar el cambio cultural que requerimos como sociedad.

Superar el atraso en los niveles educativos del sector rural

Si no lo logramos, no será posible una paz estable y duradera. La pobreza estructural rural y la falta de tierra, crédito y tecnología constituyeron el factor más importante que explica el origen del reciente y cruento conflicto armado colombiano. Es por ello que actualmente se requiere hacer un énfasis especial en la educación dirigida a la ruralidad, en esa Colombia olvidada y atrasada que depende en exceso de sus propios y limitados recursos porque no ha podido contar con el necesario apoyo estatal.

Se requiere de mayor inversión

Para elevar la calidad hay que destinar recursos suficientes a la formación, educación inicial, rural, salarios y a la jornada completa. Todo esto de cara a asumir las metas incumplidas y abordar en serio un proceso de mejoramiento en la calidad. Contrario a lo que se ha dicho con fines publicitarios, hoy los recursos siguen siendo los mismos que veinte años atrás:  4,5% del PIB. Así es difícil garantizar el derecho a una educación de calidad que consolide la frágil democracia colombiana.

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Más apoyo a la ciencia y la investigación

Una sociedad que piense impulsar el desarrollo humano requiere de la ciencia para aumentar la capacidad de respuesta a las demandas sociales, basándose en la investigación de nuestros propios problemas, y porque la ciencia está intrínsecamente asociada a la salud y la calidad de vida. Lo triste de la historia es que, en los últimos años, la inversión en ciencia en Colombia es una "locomotora" que se apagó. Por eso, los recursos para la entidad que apoya la investigación vienen bajando desde el año 2013 cuando alcanzó los mayores rubros. Hoy son inferiores en un 44 %. El reto es revertir esta tendencia.

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Los dos planes decenales anteriores lamentablemente no lograron impactar la política educativa nacional o regional ni tampoco generaron una amplia movilización de recursos hacia la educación. La pregunta sigue en pie: ¿cómo darle al nuevo Plan la fuerza política, social, económica y legal que se requiere para que, en verdad, el próximo gobierno lo incorpore en su plan de desarrollo y los gobiernos regionales hagan lo propio?

La respuesta es muy sencilla: necesitamos que la educación se convierta en una prioridad nacional y que los gobernadores y alcaldes así la asuman. Estamos todavía lejos de lograrlo. Necesitamos un Acuerdo Nacional que le evidencie a la sociedad que la única posibilidad para desarrollarnos a mediano y largo plazo es consolidando procesos educativos de mayor calidad que garanticen la democracia formando individuos con mayor criterio y autonomía para pensar y actuar. El desafío es estructural: o formamos individuos más autónomos moral y cognitivamente, o seguiremos carcomidos por la corrupción y siendo borregos de intereses de otros.

La decisión no depende de los políticos, sino de la ciudadanía. Al fin y al cabo, somos los ciudadanos los que elegimos a los gobernantes. Y no será eligiendo a los mismos como transformaremos la sociedad colombiana, ni como resolveremos los problemas estructurales de la educación colombiana.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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