Alimentación escolar en Bogotá: víctima de presunto cartel empresarial durante 10 años

Este jueves, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos en contra de 10 contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales por generar un cartel en torno a la contratación pública relacionada con los refrigerios de los colegios distritales de Bogotá.

La investigación realizada por el Grupo Élite contra Colusiones en Licitaciones Públicas de la SIC, encontró que desde el 2007 hasta el 2017 los implicados se habrían encargado de manipular  los resultados de 21 procesos de contratación pública relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, que beneficia a más de 780 mil niños.

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Con el fin de no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación, presuntamente, el cartel desplegaba su actuar de diversas maneras. Una de ellas, presentarse como proponentes únicos en una determinada zona. Otra, aparentar o simular estar en competencia en otras zonas pero renunciando a hacer ofertas a la baja. Es decir, el proponente ofrecía el ahorro mínimo permitido según las reglas de la licitación y su contraparte renunciaba a realizar cualquier contraoferta; de modo que así se aseguraba la adjudicación de la zona para el primero con el menor ahorro posible para el Distrito.

Inhabilitarse también era una opciónon, en caso de enfrentarse a uno o varios oferentes que no fueran parte del cartel, generar acuerdos para desincentivar la competencia de los terceros.

Sumado a lo anterior, las implicadas habrían acordado ejercer presión sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas les establecieran condiciones de contratación más favorables. Una de las formas de conseguirlo era no presentarse a varios procesos de selección con el objetivo de boicotearlos y que por ello fuesen declarados desiertos. Además, incluso llegaron a presentar acciones encubiertas de tutela utilizando a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo.

Según los hallazgos, el cartel habría celebrado reuniones, realizado cruce de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp y documentos digitales para coordinar los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos. Hay que agregar que varios de los implicados tienen antecedentes o investigaciones por prácticas anticompetitivas e irregularidades en procesos de contratación pública.

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Su actuación no solamente habría eliminado las presiones competitivas propias del mercado sino que, además, habría ido en detrimento de los presupuestos oficiales, la eficiencia de los recursos del (PAE) y del derecho del Estado a contratar, no con el único oferente, sino con el mejor.

En caso de que finalizado el proceso se declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, los implicados podrían responder de la siguiente manera: los agentes del mercado por multas de  hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes ($78.124´200.000) por cada infracción y las personas naturales hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales ($1.562´484.000). Y contra la decisión de la SIC NO  procede ningún recurso.

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