A horas de la marcha, Duque aumenta en un billón el presupuesto de educación

Este miércoles el país espera una nueva movilización por la educación pública. El poder de convocatoria de los estudiantes que llamaron a la marcha quedó demostrado la semana pasada cuando miles de jóvenes llenaron las plazas del país para pedir por mayor presupuesto para la educación superior. Unas horas antes de que esta reunión tenga lugar, el gobierno hizo un nuevo anuncio. 

El presidente se metió la mano al dril y aumentó el presupuesto de ese sector. La fórmula que eligió fue poder sacar del presupuesto bienal de regalías un dinero adicional para cumplir con los anhelos de miles de jóvenes en Colombia. De allí se sacará un billón de pesos para invertir en los próximos dos años. Duque aseguró que le dio esa instrucción al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso.

 “Es un esfuerzo que lo debemos hacer, lo debemos hacer todos, y es para fortalecer la educación superior en las regiones de Colombia”, dijo. Agregó que “vamos a trabajar también con los gobierno locales para lograr ese esfuerzo y, por supuesto, invitar a que el Congreso de la República, todas las bancadas, también en el marco del presupuesto bienal de regalías, nos ayuden a cumplir esta meta”.

El gobierno seguramente espera que estos anuncios logren disuadir la fuerza que ha cogido el movimiento estudiantil en las últimas semanas. Sin embargo, es poco probable que esto suceda. Después del resultado de la semana pasada, los jóvenes no solo están empoderados sino que cuentan con el apoyo de un importante sector político del país y de buena parte de la opinión pública. 

Ese mensaje quedó claro en las peticiones que ellos mismos le entregaron al gobierno el pasado lunes. “Tras la contundencia de la movilización, el gobierno tramposamente anunció que se destinaría medio billón para el presupuesto de la educación”, expresaron los líderes de la manifestación, reunidos y convocados por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) el pasado lunes para un pronunciamiento público desde la Universidad Pedagógica.

El listado con el que llegaron a esa reunión fue bastante sorprendente y muy díficil de cumplir para cualquier gobierno. Los estudiantes piden, por ejemplo, el incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las Instituciones de Educación Superior. Si se tiene en cuenta que eso es casi lo que costó la venta de Isagén, y que el gobierno ha dicho que se encuentra desfinanciado, la cifra es un imposible. Con ese estándar es bastante probable que el billón que anuncia Duque no logró aplacar sus expectativas. 

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Pero las exigencias van mucho más allá. Por ejemplo, los jóvenes piden la reliquidación de las deudas con el Icetex con tasa real de interés en 0% y condonación para los estudiantes de Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa. Lo primero es bastante improbable pues el Icetex es un organismo que funciona con base en unos presupuestos y es díficil que a mitad del camino se logren reliquidar los créditos. Por otro lado, las deudas que tienen los estudiantes de Ser Pilo Paga obedecen a incumplimientos de los mismos estudiantes. Se estima que más de 1.200 jóvenes no pasaron los semestres en las universidades a las que entraron. Como era un compromiso ese buen rendimiento académico, quienes por alguna razón salieron de esas instituciones, deben devolverle al Estado lo que invirtió en ellos. Según un informe de Blu Radio, estos dineros pueden llegar a 11.000 millones. 

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Otro tema que exigen los estudiantes tiene que ver con el congelamiento inmediato en el incremento de valor de las matrículas de las universidades. A pesar de que algunas de estas instituciones como Los Andes, la Javeriana y El Externado entraron en las manifestaciones, es poco probable que acepten someterse a esta limitación. Por años, los centros de educación superior han gozado de un regimen de autonomía que les permite no tener que rendir cuentas al Estado como lo haría una empresa privada. Lo que existe hasta el momento es la prohibición de aumentar la matricula en más del 10 por ciento anual, y no existe una vía jurídica para que el gobierno pueda fácilmente imponer una tasa de 0 por ciento.

El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100 por ciento, la generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades públicas a dos años, el mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la derogatoria de un par de leyes que rigen al sistema universitario son otras de las peticiones. Llama la atención, por ejemplo, un punto adicional y es el no condicionar a las universidades a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria. Aunque este proceso hoy es voluntario, se entiende como una necesidad para que estas instituciones logren prestar un mejor servicio. La acreditación solo fue un requisito para poder participar en el programa Ser Pilo Paga, que efectivamente sí giró recursos importantes para algunos centros educativos. 

¿De dónde saldrá la plata?

El billón de pesos que promete Duque seguramente aliviará muchas de las necesidades que tienen hoy las universidades, pero no resuelve el problema estructural que generó la crisis. Hasta antes de las marchas de la semana pasada, pocos conocían las cifras del problema que enfrenta la universidad pública. Aunque las imágenes de los edificios maltrechos de las universidades han circulado desde hace años, quizás solo en este paro se hicieron visibles las precarias cuentas del sector. Según los rectores, el déficit acumulado alcanza 15 billones de pesos, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que esparecida a la que buscará el gobierno en la reforma tributaria. ¿Cómo se llegó a esto?

Este desbalance comenzó con la Ley 30 de 1992 que determinó que los ingresos de presupuesto de las universidades aumentarían cado año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Debido a esa fórmula, mientras que la cobertura aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016 (de 159.218 estudiantes a 611.800), el presupuesto apenas creció de 1,72 billones a 2,93 billones de pesos (70 por ciento). Eso se traduce en que en 1992 el Estado le giraba más de 10 millones de pesos a las universidades por cada estudiante y, en los últimos años, alrededor de 4 millones de pesos.

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La segunda explicación tiene que ver con la parte de la torta que va para el sector educativo. Hace cuatro años, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le entregó al país una noticia sin antecedentes. Por primera vez la plata para educación superaba la de defensa. Los recursos, en efecto, aumentaron desde entonces y una proporción similar se mantiene en el presupuesto que debate en este momento el Congreso. En el presupuesto de 2019 la educación lidera con 41,4 billones de pesos, luego le sigue defensa con 33,53 billones, salud y protección social con 32,29 billones y trabajo con 28,52 billones de pesos.

Sin embargo, eso no significa que más recursos lleguen a las universidades públicas. Estas apenas reciben el 10,6 por ciento del total (4,4 de los 41,4 billones de pesos), pues el grueso de la plata se queda en la educación básica y media, y otro gran rubro, cerca de 10 billones, en pagar las pensiones de los maestros de colegios y universidades.

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Con otro agravante. Del total del presupuesto que la Nación gira a las universidades, el rubro que más ha crecido tiene que ver con pagos administrativos, debido al aumento de la cobertura y de los costos salariales y prestacionales de los docentes. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, tengan que “reducir costos, disminuyendo la participación de los docentes de planta, al pasar en un promedio general de 75 por ciento de profesores en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son 27 por ciento y los de cátedra, 3 por ciento”, según cuenta Fernando Noreña, del Sistema Universitario Estatal (SUE). Así, las universidades están atadas de manos, pues no pueden invertir en proyectos de infraestructura física, tecnología o bases de datos, entre otros, pues estos requieren inversiones adicionales que no están financiadas. El estudio del SUE encontró que para ponerse al día se necesitan 15 billones de pesos.

Si bien por primera vez la plata para la educación supera la de defensa, solo 10,6 por ciento llega a las universidades públicas.

En los últimos cuatro años, las universidades públicas tuvieron una especie de chivo expiatorio: Ser Pilo Paga. El programa educativo bandera del gobierno de Juan Manuel Santos le apostó a la meritocracia de los estratos bajos, pero en las instituciones públicas esta iniciativa cayó muy mal. Mientras que un sector de la sociedad se conmovía con las historias de jóvenes de veredas inaccesibles que cumplían su sueño de estudiar en universidades de élite, en otro sector se resentía el hecho de que ese dinero podría servir para fortalecer la universidad pública.

En efecto, según Horacio Álvarez, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inversión en Ser Pilo Paga, que cubre a 40.000 estudiantes, equivale a las transferencias totales que realiza el gobierno nacional para cubrir 600.000 estudiantes en la educación superior pública.

El nuevo gobierno ha planteado modificar esta iniciativa con el argumento de que no tiene dinero para financiarlo a futuro. El presidente Iván Duque aseguró que, solo para cumplirles a los 40.000 jóvenes actualmente en el programa, el Estado debe destinar 2 billones de pesos (y ya ha invertido 1,8 billones). Y, por eso, propone continuar con las becas, pero en un modelo en que las universidades privadas no le cobren al Estado el costo completo de las matrículas, que superan los 20 millones por semestre en algunas carreras.

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Si la crisis es tan grave, ¿cómo siguen aguantando las universidades públicas? Javier Botero, especialista del Banco Mundial, asegura que ese déficit puede no ser del todo real porque entonces el esquema de la Ley 30 no se habría sostenido más de 20 años. Sin embargo, los rectores cuentan que han tenido que ser creativos para vivir con lo poco que tienen y encontrar recursos por otras vías.

Las estampillas prouniversitarias, por ejemplo, son un camino. La Universidad Distrital, por medio de una de estas, recibió el 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, que significaron 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente, pero que a juicio de otros expertos deben ser incentivadas para que las universidades gestionen sus propios recursos.

María Victoria Angulo, Ministra de Educación

Las multitudinarias marchas vividas el 10 de octubre le midieron por primera vez el pulso en la plaza pública al nuevo gobierno. A pesar de que hubo lunares, como el repudiable ataque a las instalaciones de RCN Radio y a algunos buses y estaciones de TransMilenio, esta podría haber sido una de las protestas más pacíficas de los últimos tiempos. La imagen de los estudiantes lavando los articulados y saludando de mano a los miembros del Esmad dejó el claro mensaje de que un nuevo país se levanta en las calles, y que a Duque no le va a quedar fácil llenar esas expectativas.

El día de la marcha, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, recordó en el Congreso que el gobierno aprobó adicionar 500.000 millones de pesos (223.000 millones para inversión en infraestructura, 55.000 millones para funcionamiento, 121.000 millones para gratuidad y finalmente 101.000 millones para línea de excelencia), además de los 3,9 billones que ya estaban en el presupuesto de esa cartera. Sin embargo, el anuncio está lejos de disipar ese sentimiento popular generado el pasado miércoles.

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El propio presidente lo reconoció. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos… pero tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno”, dijo el día de las marchas. Con un déficit presupuestal, según las cifras de la Casa de Nariño de más de 25 billones, es casi imposible que el gobierno y el Congreso encuentren 15 billones de pesos para destinarlos a la universidad pública. Pero el tire y afloje en el presupuesto con este y otros sectores no va a terminar pronto. Y así lo demuestra el anuncio que hace el presidente Duque de un billón más para ese sector. 

Hay quienes consideran que esa ‘generosidad‘ es un arma de doble filo, pues ni dejará contentos a los estudiantes que tienen peticiones mucho más grandes, ni cerrará este sistema de movilizaciones ciudadanas para pedir más recursos. Con un presupuesto tan apretado, muy seguramente otros sectores comenzarán también a pedir. Por eso, lo que suceda en estos días puede ser definitivo no solo para las universidades, sino para la estrategia de Duque de ahora en adelante.