Ni para la paz hay presupuesto

“El estudio de las finanzas públicas es uno de los mejores puntos de partida para la investigación social, especialmente, aunque no de manera exclusiva, para el de la actividad política. El espíritu del pueblo, su nivel cultural, su estructura social, las metas de su política, todo esto y mucho más está escrito libre de todo adorno en su historia fiscal”. Con estas palabras de Schumpeter iniciaba, 35 años atrás, mi tesis para optar el título de economista de la Universidad Nacional. Hoy, las retomo para analizar el proyecto de presupuesto en el año 2018 que presentó el gobierno Santos al Congreso de la República para su estudio y aprobación.

Sin duda, Schumpeter tiene toda la razón: Las finanzas públicas expresan sin adornos las metas de la política pública. Allí se hacen visibles las prioridades y los énfasis del gobierno. Por ello, la pregunta resulta muy pertinente: ¿Es este el presupuesto para consolidar la paz en Colombia?

Lo que evidencia el proyecto presupuestal del gobierno es que todos los sectores disminuyen gastos e inversiones, con excepción de Defensa, Presidencia de la República, Hacienda, Rama Judicial y Registraduría. Que los mayores recursos que se recaudan se van en el pago de la deuda y que las reducciones más sensibles se presentan en los sectores de deportes, recreación, ciencia, tecnología y el campo. Es un presupuesto claramente contrario al que necesitamos para consolidar la paz en el país.

Para garantizar una paz estable y duradera se requieren incrementos significativos de las inversiones en educación y cultura, las cuales no están previstas para el 2018. Tendremos un presupuesto educativo congelado. Lo que implica que en estas condiciones el gobierno no está buscando mejorar la calidad de la educación, ni la formación de los docentes. No parece tampoco que tenga intenciones de cumplir con lo pactado en educación inicial y en jornada completa cuando negoció con FECODE y dio por terminado el reciente paro general del magisterio, pues necesariamente son rubros que demandan esfuerzos fiscales significativos. El gobierno vuelve a incumplir su promesa de destinar el 7% del PIB a la educación.

Tampoco es cierto que el presupuesto general educativo haya venido aumentando, como múltiples veces ha señalado el gobierno por los diversos medios de comunicación. En los últimos veinte años nos hemos mantenido en una inversión educativa cercana al 4,5% del PIB y está presupuestado un poco menos para el año 2018. Muy seguramente países como Ecuador, Brasil, Perú o Chile nos seguirán tomando ventaja ya que todos ellos están adoptando medidas más estructurales para cualificar sus procesos educativos, tanto a nivel fiscal como pedagógico. La meta de ser el país mejor educado de América Latina tan solo fue una promesa electoral: cada vez está más distante de hacerse realidad.

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Un caso particularmente grave es el de la financiación de la ciencia y la investigación. El presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018 corresponde tan solo al 50% de lo ejecutado en el 2013. Es uno de los sectores más castigados financieramente en los últimos años en el país. Desde 2013, el gobierno lo ha reducido año a año. El papel de esta entidad en la financiación de la investigación es hoy en día marginal y ya ni siquiera abre convocatorias. Dos años atrás se cerró el área de Educación bajo el argumento de que se integraría a la de Ciencias Sociales.

Es particularmente vergonzoso como la clase política carece de visión a largo plazo y recurre a trasladar recursos asignados a la ciencia y el desarrollo hacia vías terciarias, atendiendo a una simple razón electorera: El pavimento da más votos que la inversión en educación y ciencia, ya que es más visible a corto plazo. Winston Churchill decía que un político piensa en la próxima elección; en tanto, el estadista, en la próxima generación. Colombia está llena de políticos, al tiempo que carecemos de estadistas.

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El caso de la disminución de apoyo al deporte también es significativo: Mientras más medallas y éxitos consiguen nuestros deportistas, menos recursos se destinan a promoverlo. Venimos de la mejor actuación en la historia del deporte colombiano, con 8 medallas olímpicas, 3 de ellas de oro; y, a pesar de ello, tenemos el presupuesto más reducido de los últimos años. Para el año 2018 está prevista una disminución del 62 %. La ventaja que ellos tienen es que son figuras públicas y por ello fueron recibidos al otro día que se conoció el presupuesto general de la nación para el 2018 por el propio presidente de la República y en minutos lograron invadir de mensajes las redes sociales. Lo mismo no sucede con los campesinos que deberían salir a protestar por el bajo presupuesto previsto para el sector agropecuario, ni por los investigadores y los representantes de la ciencia y de la cultura en el país.

En Colombia hay unas fuerzas políticas interesadas en “volver trizas los acuerdos de paz” con tal de retornar al gobierno en el 2018. Son fuerzas que se han beneficiado política y económicamente de la guerra. Estos grupos sociales y políticos han contribuido a enfermar emocionalmente a la sociedad colombiana. La han llenado de odio, miedo y desesperanza. Saben que las guerras se alimentan de la ira y de sed de venganza; a ello han destinado sus esfuerzos, sus comunicaciones y su propaganda. Son fuerzas que nos quieren devolver al pasado y por ello no dudarían en aliarse con exponentes de los sectores más corruptos y retardatarios de la política colombiana.  Por otro lado, hay otras fuerzas que impulsaron y lograron los acuerdos de paz, pero que hoy no tienen la fuerza política necesaria para garantizar la consolidación de un proyecto que apenas está a medio camino. Son las fuerzas que representan un presente incierto.

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Hemos firmado unos acuerdos, pero la paz verdadera la construiremos transformando la cultura. Eso sólo será posible si nuevas fuerzas cívicas y sociales emergen en el escenario político nacional.

La educación es el único camino posible a la paz. Por ello, sólo es posible construir la paz si invertimos recursos en el campo, la cultura y la educación, que es lo contrario a lo que se proyecta presupuestalmente para el 2018 y lo opuesto a lo que se ha hecho en las últimas décadas en Colombia.

Schumpeter tiene toda la razón: los gobiernos pueden aparentar énfasis en ciertos sectores con fines electorales, pero las finanzas públicas los delatan. Habrá que mirar con enorme cuidado quiénes aprueban el proyecto presupuestal presentado por el gobierno y quiénes nos ayudarán a construir una paz estable y duradera para las nuevas generaciones. La esperanza se construye colectivamente. Para lograrlo, la sociedad civil debe estar en capacidad de exigir un derecho sagrado e inalienable: la paz.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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