PANDEMIA
Procesar pruebas covid-19: la lucha de las universidades por conseguir recursos
El personal de las instituciones trabaja a máxima capacidad para cumplir con la cuota muestras pactada ante los organismos de salud, pero los fondos se acaban y están en un limbo por ejercer funciones de prestadores de servicio, cuando no lo son.
A la fecha son 32 universidades en Colombia las que diagnostican y analizan las pruebas de coronavirus en asocio con el Instituto Nacional de Salud. Ya son más de 100 las instituciones que conforman la Red Nacional de Laboratorios que, por primera vez en la historia y de forma maratónica, se creó para dar respuesta a la pandemia que lleva cinco meses permeando al país. Sin embargo, durante el primer gran pico de contagios, la academia es solo uno de los actores que se disputan los reactivos de extracción en el mercado internacional sin tener mayores recursos a mediano plazo para seguir con el procesamiento de pruebas. Trabajan a su máxima capacidad, pero han tenido que valerse de la autofinanciación y de la ayuda privada, para seguir con esa labor que asumieron con entusiasmo a comienzos de abril, pero que cada vez es más compleja de cumplir teniendo en cuenta la demanda de muestras.
En la sede Quinta de Mutis de la Universidad del Rosario, el laboratorio de microbiología procesa diariamente 1.200 pruebas PCR de covid-19. Veinte investigadores trabajan en dos turnos para dar respuesta a la demanda de muestras que llegan de la Secretaría de Salud de Bogotá, Cundinamarca, Meta y Nariño, para así cumplir con la meta de procesar 110.000 pruebas. Aunque los reactivos están asegurados para esa cantidad y llevan más del 64 por ciento de su cometido, para Juan David Ramírez, microbiólogo, profesor asociado y director de laboratorio, una de las problemáticas que afronta su equipo es que dependen de las donaciones de la empresa privada y de los fondos propios de la misma universidad para seguir funcionando. “Pienso que hemos aportado mucho en productos científicos, pero nunca hemos recibido un apoyo de MinCiencias (como laboratorio de diagnóstico)”, señala.
Juan David Ramírez y parte del equipo del laboratorio de la Universidad del Rosario. Foto: Guillermo Torres / SEMANA.
El primero de junio, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan School of Medicine at Mount Sinai de EE.UU., el equipo de investigación de la Universidad del Rosario reveló que, basado en las mutaciones del genoma del Sars-COV-2, el virus habría llegado a Colombia el 17 de febrero, procedente de Francia; casi un mes antes de reportarse el primer contagio.
“Cuando comenzamos nuestro proyecto recibimos muestras de todo el país y lo que hicimos fue seleccionar aleatoriamente muestras que dieron positivas y secuenciamos el genoma del virus. Encontramos que había 11 linajes del virus, y uno que no se había reportado en ninguna parte del mundo (en el departamento de Caldas)”, explica Ramírez.
Teniendo en cuenta este hallazgo y el trabajo sin descanso de los integrantes del grupo por conocer más del coronavirus, el docente agrega que la figura educativa del alma máter debería ser tenida en cuenta por los entes territoriales para apoyar el trabajo que hacen y no para comparar a la universidad con los laboratorios de Salud Pública. “No somos prestadores de servicio, entonces no deberíamos estar bajo esa vigilancia", afirma, con relación al informe de la Superintendencia de Salud que señaló que ocho laboratorios -incluido el del Rosario-tenían un represamiento de pruebas importante, por el cual serían investigados.
En referencia al cuello de botella en la cadena de procesamiento de pruebas, los laboratorios se defienden, incluidas las universidades, porque aseguran que el problema de fondo radica en las EPS o las Secretarías de Salud departamentales.
"La responsabilidad de los retrasos no es de los laboratorios, nosotros estamos dando una respuesta en máximo 48 a 72 horas para emitir el diagnóstico, pero hemos encontrado en las fichas epidemiológicas que en el momento que llega la muestra al laboratorio, la muestra fue tomada dos o tres semanas antes”, cuenta Ramírez. Incluso, los pacientes han escrito cartas directamente al laboratorio exigiendo su resultado, desconociendo que ese proceso de entrega no le corresponde. Una vez se determina la positividad o negatividad de la prueba, los datos se añaden a un formato exigido por las Secretarías de Salud y, de ahí en adelante, los laboratorios se eximen de responsabilidad.
En diálogo con SEMANA, Gelman Rodríguez, procurador delegado para la Salud, Protección Social y el Trabajo decente, reconoce que no existe un plazo legal que se pueda exigir para entregar el resultado de las pruebas, pero la Procuraduría espera que “se manejen tiempos muy parecidos”, a los dos o tres días que tienen la mayoría de los laboratorios asociados. “Las EPS han dado la justificación de que ellos no estaban preparados para atender la pandemia, y yo creo que esta es una situación inédita en el mundo, pero no podemos perder de vista que las EPS fueron creadas para administrar los riesgos en salud de los colombianos, que llevan más o menos 26 años de funcionamiento. Por lo tanto, independientemente de cuál sea la crisis en salud, las EPS deberían responder con mayor oportunidad”, añade Rodríguez.
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El robot Hamilton procesa 96 muestras en una hora y treinta minutos. Foto: Guillermo Torres / SEMANA.
La Universidad del Rosario comenzó la dotación de su laboratorio el pasado 28 de marzo y desde entonces, los montos privados han contribuido a agilizar el proceso diagnóstico. El robot Hamilton, obtenido con estos recursos, ha hecho una gran diferencia en la extracción de material genético del virus al pasar de máximo 300 pruebas diarias, procesadas de forma manual en un día, a 96 muestras en una hora y treinta minutos.
"El trabajo que se ha hecho es único en la historia de salud pública del país porque cuando ocurrió la epidemia de Sika, el INS fue el único que hizo diagnóstico y hubo problemas porque no se pudieron hacer todas las pruebas. En este caso, el INS tomó el liderazgo y creó una red de laboratorios. Considero que se ha fortalecido la capacidad diagnóstica, aún falta, pero creo que lo que tenemos es muy robusto para dar la respuesta a la contingencia sanitaria que vive el país", resume Ramírez.
Las mujeres son mayoría en los profesionales del laboratorio de la Universidad Nacional. Foto: Santiago Ramírez.
El laboratorio de micobacterias de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, adaptado por la contingencia del coronavirus, vive una realidad distinta, aunque algunas de las problemáticas que lo aquejan son similares a las de URosario. Cuenta con dos bacteriólogos encargados de la recepción de las muestras y el desembalaje, otras dos profesionales de la misma rama para la extracción de ácidos nucléicos, un biólogo molecular para hacer el montaje de las placas de amplificación y la lectura de los resultados de los termocicladores que detectan el virus, y una auxiliar de laboratorio.
Durante los dos meses largos que han trabajado, este equipo ha procesado más de 5.844 pruebas de covid-19. A diario, reciben muestras de la Secretaría de Salud, del Hospital Universitario de la UNAL y de UniSalud, EPS de la institución. “Este laboratorio tiene una capacidad de 120 a 130 muestras diarias porque tenemos que hacer la extracción de ácidos nucléicos manualmente", dice Samanta Aponte, una de las bacteriólogas a cargo del proceso.
Las muestras llegan entre las 8 y las 11 de la mañana y solo el desembalaje, es decir, sacarlas de sus tres recubrimientos: tubo o contenedor primario, recipiente hermético y un embalaje externo o caja; puede tardar dos horas y media. A partir de ahí, comienza el proceso de marcación, extracción y montaje de la reacción PCR. Pese a obrar manualmente, afirman no tener retrasos en la entrega de resultados. Si las muestras llegan el día lunes, entregan la mitad del diagnóstico al mediodía del martes y los restantes el miércoles.
En una ventana, el equipo lleva la cuenta de las pruebas diarias que realiza por día. Foto: Santiago Ramírez.
El desgaste manual es tan grande que Irene Cerezo y su colega Aponte tienen principios de tendinitis y túnel carpiano por la labor que ejercen. "Has de cuenta que nosotras dos, procesamos unas 700 pruebas semanales, sin contar los fines de semana donde hay otras dos personas", dice Cerezo. Los horarios pueden ser tan extensos, como pasa en la mayoría de laboratorios, que lo que comenzó como una motivación por la emergencia sanitaria se ha convertido en una dura labor, pocas veces reconocida.
Y aquí nuevamente el tema de la financiación sale a relucir. María Clara Echeverry, profesora asociada a la Facultad de Medicina, señala que existe una “zona gris” en el funcionamiento del laboratorio que los tiene atados de manos.
“A comienzos de abril, cuando se declaró la emergencia, lo que pasó fue que los laboratorios de Salud Pública podían asociar laboratorios para que los apoyaran a atender la emergencia. Se autorizó de manera temporal a algunos laboratorios para que lo hicieran y dentro de estos cayeron los de las universidades, pero esa figura (de asociados) hace que nosotros no seamos un prestador de salud -como lo hacemos con el laboratorio de micobacterias- sino que somos un laboratorio subalterno que implica un componente muy importante y es que no podemos cobrar el servicio", detalla.
En otras palabras, la adecuación y el funcionamiento del laboratorio covid recae en la UNAL y por esto han tenido que recurrir a los proyectos investigativos previos para sacar fondos que les permitan seguir operando. “Deberíamos tener un respaldo presupuestal del área de salud, porque nosotros somos del área educativa. No tenemos porqué estar financiando, por más conmovidos que estemos con la emergencia”, agrega Echeverry.
A eso se suma que los acuerdos de confidencialidad, como dice la docente, no permiten que la universidad disponga de las muestras del ente sanitario para realizar investigación y producir conocimiento. Echeverry afirma que otras universidades han podido habilitar su servicio de diagnóstico a través de las IPS y esto les ha permitido obtener algunos recursos.
"Duplicar la capacidad, duplica los costos", afirma la bacterióloga Cerezo. Y si bien en algunas semanas esperan contar con un robot para el procesamiento automatizado de las muestras, por el momento, el laboratorio de la UNAL se vale de los rubros que dio la institución para conseguir los reactivos asignados a las pruebas que llegan del Hospital Universitario de la UNAL y de UniSalud. Al igual que cuenta con su apoyo para la compra de los elementos plásticos como tubos, puntas, placas para montajes, y tapas. No obstante, los montos se están acabando y no hay colaboración de otros actores a corto plazo. Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital dota al laboratorio de los kits de extracción y amplificación exclusivamente para sus pruebas.
Foto: Santiago Ramírez.
Como no pueden investigar, la única salida para autofinanciar la operación ha sido valerse de la venta de medios de transporte viral para llevar los hisopados de las muestras a los laboratorios en Bogotá. “Aquí tenemos una sala de medios que lleva preparándolos (para otros virus) más de 50 años. Entonces para nosotros es relativamente sencillo producirlos y lo estamos haciendo para distribuirlos. La Secretaría de Salud nos contrató para ese fin y de manera indirecta se ha financiado el personal auxiliar, no el personal profesional”, dice la docente.
Como le pasa a otros 38 laboratorios a nivel nacional, el laboratorio de la Universidad Nacional apeló a una convocatoria del Sistema General de Regalías para obtener recursos y crear un laboratorio de contención de patógenos peligrosos donde sí podrán secuenciar algunos genomas virales. Pero mientras se destraba el desembolso por asuntos administrativos, el lugar seguirá a la expectativa de cómo funcionará en los próximos meses. "Cuando se haga el desembolso no va a ser claro cómo será la figura de funcionamiento nuestro", concluye Echeverry.