Los docentes también han sido víctimas de amenazas de grupos al margen de la ley

La última vez que Marlis y Gustavo Pedraza vieron con vida a su hermano Carlos fue el 19 de enero de 2015. Carlos Pedraza era licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Trabajó como profesor de quinto de primaria en varias escuelas en la localidad de Usme. Estuvo en el Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado (Movice) y fue coordinador de los paros nacionales agrarios ocurridos entre 2013 y 2014. No era solo un docente. Su hermana Marlis Pedraza recuerda que todo empezó en el barrio en donde vivieron desde pequeños, en la localidad Rafael Uribe Uribe. “Él se entendía con los jóvenes, con las barras bravas, con la junta de acción comunal. Ya en la universidad, continuó haciendo lo mismo.

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Era un líder, pero de eso me di cuenta cuando Carlos ya no estaba con nosotros”, dice Marlis. Dos días después de su desaparición, el cuerpo de Carlos fue encontrado con una herida de bala en su cabeza, en la zona rural de Gachancipá, Cundinamarca. Sin embargo, a su familia le dijeron días antes que Carlos había tenido un accidente en una motocicleta y tenía una herida en la cabeza. Tres años después de su asesinato, todo sigue igual de confuso. El caso ha pasado por las manos de tres fiscales que no han encontrado indicios del culpable.

No más silencio

En 2013, dos años antes del asesinato de Carlos Pedraza, el exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a las autoridades para proteger la vida de 1.117 maestros que en su momento estaban amenazados. Aseguró que, de acuerdo con los análisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los departamentos con mayor número de solicitudes de protección eran Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), Córdoba (90) y Nariño (88). De ellos nunca se supo si aún están con vida. Nadie habla de los asesinados.

Un docente solo aparecerá en las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos si en el momento de ser asesinado era un líder en su comunidad. Como ocurrió con Carlos Pedraza y como revela el informe de Somos Defensores, un programa de protección a los defensores de derechos humanos en el que registró el asesinato de 106 líderes sociales en 2017, de los cuales cuatro eran docentes. Solo cuatro. De los demás, de aquellos que recibieron amenazas de padres de familia; de aquellos que son amenazados por pandillas juveniles que quieren ingresar drogas a los colegios, y de aquellos que fueron extorsionados por los grupos armados ilegales, de ellos nunca se hablará.

Según Carlos Guevara, director de Somos Defensores, “es muy difícil encontrar información de todos los docentes asesinados, porque nadie ha hecho ese análisis. No nos atrevemos a hablar de un número mayor en nuestro informe, pero los sindicatos son quienes tienen esas cifras reales”. Aunque a 2018 solo 33 docentes están en riesgo de perder la vida, según las cifras que reporta la UNP, los sindicatos regionales de maestros aseguran que son más: Antioquia (27), Nariño (22), Caquetá (3) Caldas (27). En realidad no existe una cifra oficial, ni una entidad que estudie este fenómeno. La Defensoría del Pueblo no cuenta con un informe reciente que muestre la magnitud de los asesinados y amenazados. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) asegura que tampoco tiene cifras.

Sin embargo, Semana Educación se dio a la tarea de hablar con algunos de los docentes que aparecen en la lista de la UNP gracias a los sindicatos regionales. Todos tienen en común que no saben en realidad de dónde provienen las amenazas. Todos fueron trasladados a zonas rurales de difícil acceso con presencia de grupos al margen de la ley, paradójicamente, para salvar sus vidas*.

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Los que resisten

Diana lleva más de 26 años como docente de primaria en el departamento de Nariño. A pesar de resistir a los hostigamientos de las Farc (antes de la firma del Acuerdo de Paz), y luego a la persecución del ELN, se vio obligada a no regresar a la escuela. Las ganas con las que había asumido su trabajo en una zona de conflicto armado en Nariño desaparecieron cuando, por medio de un panfleto, le dijeron que tenía que salir del pueblo. Junto a ella fueron desplazados y amenazados 14 profesores más. El colegio quedó vacío, los más de 1.000 estudiantes que estaban inscritos hasta 2017 no volvieron a asistir a clases. Hasta hoy, tanto Diana como sus compañeros, incluso el rector, no saben quién los amenazó.

Asegura que nunca tuvo problemas con sus alumnos, ni con los padres de familia. Su caso fue investigado por la UNP, que consideró que estaba en riesgo  extraordinario y por lo tanto debía ser trasladada. Pero, a criterio de Diana, la enviaron para un lugar más peligroso. Actualmente, debe ir a la Secretaría de Educación de Nariño para firmar asistencia, ya que solo de esa forma puede recibir su sueldo. Así, todos los días, desde las siete de la mañana hasta mediodía, espera sentada en un andén a que le ayuden a encontrar una zona más tranquila de Nariño para trabajar.

Lo mismo le sucedió a Marcos, en el departamento de Antioquia. A pesar de que nunca se formó como docente, lleva más de 20 años ejerciendo como profesor de Ciencias Sociales y Políticas. Aunque sabía que lo habían enviado a una zona de conflicto armado a dar clases a los jóvenes de octavo y undécimo, asegura que no fueron ni los paramilitares ni la guerrilla quienes lo amenazaron a él y a otros cinco compañeros más. “La gente del pueblo aprovecha que vive en una zona ‘caliente‘ para hacer de las suyas. Estoy seguro de que un padre de familia, que no estaba de acuerdo con nuestras decisiones, quiso tomar represalias sacándonos del colegio”, expresa Marcos.

Con temor, puso la denuncia en la Secretaría de Educación y a los tres meses ya lo habían trasladado para otro colegio, muy lejos del lugar donde lo amenazaron. A pesar de que es una zona de difícil acceso, Marcos asegura que no cambia las comodidades que tenía antes por la tranquilidad que tiene ahora. Sin embargo, al darse cuenta de que ser profesor no es precisamente un trabajo tranquilo, afirma que nunca se ha arrepentido de ser lo que es: “Yo elegí ser docente así no haya estudiado una Licenciatura. Nunca me arrepentiré de eso”.

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La pasión que siente Marcos por la enseñanza es la misma que siente Ramiro. Lastimosamente, a los dos les ha costado mantenerla. En el caso de Ramiro, a pesar de que hace un año lo trasladaron por estar amenazado, todavía recibe llamadas de un hombre que le exige $ 3.000.000. A cambio, promete darle protección en la zona donde trabaja. Sabe su nombre y su cargo, pero Ramiro nunca ha cedido.

“El Gaula me dijo que era una modalidad de extorsión muy usada por personas que están en la cárcel. Supongo que es gente que trabajaba por la zona en donde yo era rector, porque es un área de siembra de cultivos ilícitos”, dice Marcos. Por tratarse de un sector cocalero, manejado por paramilitares en Nariño, Ramiro asegura que nunca preguntó, nunca cuestionó nada de lo que hacían, porque su única razón para estar en ese lugar era graduar los primeros bachilleres del pueblo.

“Alcancé a entregar tres promociones de 20 estudiantes. Lograrlo en un ambiente hostil como ese fue muy bueno, porque muchos se van a trabajar con la coca y se olvidan del estudio”, manifiesta con orgullo. Pero hoy siente tristeza de no poder seguir trabajando por esa comunidad. “Yo nunca pedí ser traslado, a pesar de las amenazas, pero me obligaron. No estoy enojado, me siento triste porque dejé a ocho estudiantes en el proceso y no pude asistir a su grado”.

*Para no poner en riesgo sus vidas, los docentes pidieron cambiar sus nombres, no detallar el lugar en el que fueron amenazados y tampoco dónde los trasladaron.

Este será uno de los temas a tratar en la Cumbre Líderes por la Educación 2018, el evento más esperado del sector. Se llevará a cabo en Bogotá el próximo 19 y 20 de septiembre.

Encuentre más información sobre la cumbre.

El artículo hace parte de la edición 35 de la revista Semana Educación. Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita ?018000-911100.

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