Decomiso de la dosis mínima de droga: ¿qué opina la comunidad educativa?

En las próximas horas podría quedar firmado el decreto que le permite a la policía confiscar, y dado el caso, destruir, cualquier cantidad de droga, incluso si es inferior a la dosis personal, cuyo porte fue despenalizado por un fallo de la Corte Constitucional.

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Esta medida, que fue una de las promesas de Duque durante su campaña electoral, ha provocado opiniones encontradas.

Por un lado, el gobierno la defiende como una herramienta útil para combatir el microtráfico, pues muchos vendedores de droga se escudan en la dosis personal, y en lo que un fallo de la corte definió como dosis de aprovisionamiento, para evitar ser capturados por las autoridades.

El decreto se orienta a enfrentar las redes que se han infiltrado en colegios y universidades, como la que el pasado 5 de septiembre develó la Fiscalía, que capturó a 162 personas relacionadas con la venta de droga en estos centros educativos.

Hace menos de dos meses, el Estudio Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en Población Escolar-Colombia 2016, mostró que el 8,2% de los estudiantes de instituciones públicas y el 10,5% de planteles privados piensan que es relativamente sencillo conseguir cualquiera de esas sustancias.

De otro lado, la disposición es vista como una medida anticuada, que devuelve al país a la época en que el consumo de drogas era combatido con medidas represivas y de policía, en vez de políticas preventivas y de protección de la salud.

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Semana Educación conversó con varios rectores de colegios y con representantes de organizaciones de padres de familia sobre si el decomiso de drogas es la mejor forma de enfrentar la realidad sobre el consumo de drogas entre los estudiantes. Aunque varios de ellos consideran un retroceso la medida porque se centra en la restricción y no en la prevención, otros creen que sí puede tener un efecto pedagógico.

Un horizonte dividido

Una de ellas es Maribel Zalabata, profesora arhuaca en la Institución Educativa Magola Hernández Pardo, de Pueblo Bello, Cesar.

“Creo que en buena hora se han dado cuenta las autoridades que hace falta dar control a estas actividades porque definitivamente es dejar al libre albedrío a los adolescentes. Los jóvenes necesitan orientación y si los estudiantes a edades tempranas no tienen control, estamos perdidos”, señala.

Su opinión frente al tema va en una línea similar a la del gobierno: comenta que la prohibición es una herramienta que puede complementar las acciones de prevención y formación que ellos como educadores aplican y que son realizados bajo las direcciones de los ministerios de Salud y Educación.

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“Soy de las que creo que si la norma existe entonces nos va a dar la ruta y los pasos para alcanzar lo que la sociedad quiere y es que no hayan tantos jóvenes involucrados en este problema. Le encuentro fundamento pedagógico a la prohibición porque cuando prohibimos, creamos un límite para hacer las cosas”, asegura.

Una posición similar a la de la rectora sostienen buena parte de los colegios privados del país. Hace unos días, la Mesa Nacional de Colegios Privados, asociación que agrupa a centros educativos en lo que estudian cerca de 2‘200.000 alumnos, evaluó la posibilidad de hacer pública una carta de apoyo al decreto presidencial. Un rector que participó en la reunión, que prefirió no revelar su nombre, le contó a Semana Educación, que la declaración era apoyada por los rectores católicos, que son mayoría de la mesa, pero finalmente no fue emitida por falta de consenso con todos los demás.

Otros rectores proponen una mirada en la que prima más el acompañamiento al menor que el señalamiento que, según ellos, incita la medida.

“Si nosotros detectamos personas (y ya lo hemos hecho) que consumen sustancias ilegales pues hay que trabajar con la comunidad. Negar eso es negar la realidad. Como colegio debemos concientizar a la familia porque algunas veces niegan la existencia del problema o no están enterados. El tema es involucrarlos y juntos buscar una solución de los casos de manera particular”, afirma Fernando Vita, rector del colegio Leonardo Da Vinci.

Bajo esta línea, Vita apuesta por acciones que amparen a los jóvenes y no que los aislen.

“Hay que entender que quien consume puede ser un enfermo y quien trafica es un delincuente. Entonces, si tenemos a alguien que está consumiendo hay que realizar los tratamientos paliativos para intentar resolver eso. También rodearlos con la familia, algún tipo de intervención. En cambio, para el delincuente está la ley, para hacer respetar el estamento legal. Esa es una posición un poco más realista”, afirma.

Señala que para el Da Vinci el consumo por parte de algún alumno no es causal de expulsión. “Pero si llegáramos a encontrar a alguien que está traficando, así sea regalándole alucinógenos a un compañero más chiquito, lo primero que haríamos es poner la denuncia y que las autoridades sean las que tomen la decisión”, agregó.

Una alternativa similar es la que expone Jennifer Klein, rectora del Gimnasio Los Caobos.

En Los Caobos está prohibido que los menores de edad consuman sustancias ilegales en sus instalaciones o en eventos relacionados con el colegio. Sin embargo un decreto reactivo con el consumidor no podría, por sí solo, ser la solución a un tema que de fondo involucra a estructuras criminales y que se relaciona con el comportamiento de los alumnos.

“No solo estamos en contra de las drogas, también del consumo de alcohol. Prohibimos completamente estas sustancias en eventos relacionados al colegio y promovemos la prevención por medio de charlas, actividades y convivencias".

Por eso, más allá del decomiso, en su opinión, son las actividades alternas y comunitarias las que logran generar un cambio a largo plazo en esa cultura que ha construido el negocio del narcotráfico.

“Son jóvenes y siempre van a experimentar en su tiempo libre, pero tenemos normas y sistemas para evitar que eso pase en el colegio. Ahí lo clave, lo más importante siempre será la educación sobre el alcoholismo y drogadicción, más que simples reglas de prohibición. Si los jóvenes no entienden por qué no deben usar estas substancias, al final van a romper las reglas o tener problemas cuando las reglas no están impuestas.”

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Jorge Pérez, rector del Inem Francisco de Paula Santander, un colegio público de la localidad de Kennedy, también piensa que la resolución de Duque es un gran retroceso que devuelve al país prácticamente a la década de 1980 y abandona la perspectiva de atención en salud pública y el enfoque de derechos humanos.

“Yo llevo 20 años educando y creo que el problema con la población infantil no se resuelve por ahí. La prohibición lo que hace es volver más lucrativo el negocio, sofistica la distribución y la venta. Ya no verán a los chicos en los parques, consumirán en las casas. El decreto está reventando la cuerda por el lado más delgado, es decir, por la población infantil y adolescente, y no está atacando las estructuras de la droga. No por nada hay cinco o seis personas en los alrededores de los colegios vendiéndola”, señala.

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Pérez sostiene que restringir la dosis mínima puede estigmatizar el consumo y eso no aporta nada al proceso educativo que tiene la sociedad con los menores.

“Llevamos más de dos décadas trabajando en otra vía y ahora esto parece más un show mediático que hace humo frente al problema. Esas medidas punitivas ya estaban. Debería avanzarse más en una perspectiva de derechos, que conciba al menor como un sujeto de derecho que eventualmente será adulto”.

Por eso él, que tiene a cargo 6.500 estudiantes, apuesta por ofrecer opciones para que desde la infancia y la adolescencia el tiempo libre lo inviertan en actividades que rodeen el deporte y la cultura.

Frente a las posiciones de los rectores, están las de las asociaciones de padres.

RedPaPaz, una entidad que nació en 2003 para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que desde marzo de 2005 está comprometida a trabajar por la prevención del consumo de alcohol y tabaco, se movilizó en torno al tema luego de que un niño de 14 años de padres pertenecientes a la asociación muriera por alta ingesta de alcohol. También están comprometidos con la prevención de sustancias psicoactivas y preocupados con el decreto y su fórmula prohibicionista.

“El microtráfico es un tema que tiene en vilo a padres. Y no es algo nuevo. Creemos que el país ha estado en mora y que es hora de tomar otras medidas, porque lo que nos han dicho expertos es que la prohibición puede ser contraproducente”, señaló Angélica María Claro, directora de Incidencia de la Entidad.

Y agrega: “Es un tema de salud pública y de derechos humanos, y por eso no puede tratarse solo desde lo punitivo. Aún no encontramos un fundamento científico que sostiene la creación del decreto, no sabemos si hay o no investigación previa que demuestre que ese es el camino, porque la medida cobija a todos los colombianos y no todo el que carga o consume droga es un adicto. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con las restricciones”, expresó.

Para Claro, hay varias dificultades con la construcción y futura implementación de este decreto porque, por ejemplo, este tipo de medidas reactivas puede generar estigmas frente a los jóvenes que consumen. Por eso, ella, que se basa en la experiencia positiva realizada durante 15 años por RedPaPaz y en las investigaciones, propone que para tratar el tema de una forma integral y que realmente funcione se debe empoderar a toda la comunidad escolar para activar rutas de acción cuando se identifiquen posibles jíbaros o consumidores.

“Hay que involucrar a maestros, padres y niños. Pero también a porteros de los planteles, a los vecinos del sector, al señor que vende los dulces porque la sociedad realmente no conoce ni el código de Policía Nacional ni los instrumentos y rutas de identificación temprana de múltiples sustancias. Es por eso que la prohibición por sí sola no hace nada. Pero tampoco la información y prevención: es más una cuestión de entrenamiento. Hay que regular el entorno y generar ambientes protectores”.

Más allá de las posiciones que exponen los rectores y padres, sus experiencias y formas de afrontar el problema de la drogadicción plantea una necesidad, que las medidas represivas como las que plantea el decreto vayan acompañadas de otras herramientas y tengan en cuenta a la comunidad educativa si se quiere lograr un efecto formativo y pedagógico en los jóvenes consumidores de droga.