Mineducación reestablece programas a distancia de la San Martín

Luego de tres semanas de investigar las cuentas de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), el plénum de designado por el Ministerio de Educación (MEN) anunció que reestablecerán el servicio de los programas a distancia que tengan al día el registro calificado.

En la mañana de este viernes, el Ministerio de Educación anunció que los estudiantes de la San Martín volverán a clases el 14 de marzo. El servicio educativo se reestablece para 13 Centros de Atención Tutorial en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Villavicencio, Cali, Pasto, Ibagué, Zipaquirá,Valledupar, Cúcuta, Facatativá y Armenia.

Los programas a distancia que se van a reabrir son los de Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas y Contaduría, con los estudiantes que se vincularon a estos programas en el momento que contaban con registro calificado vigente. Según Germán Sierra, rector designado por el MEN, esta decisión beneficia al 70 % de la población estudiantil.

Sin embargo, para los programas de la modalidad presencial no fue posible construir un cronograma porque no hubo cooperación, disposición e información "de las máximas autoridades académicas y administrativas", afirma el comunicado. De hecho, Sierra reiteró la falta de colaboración y el descuido por parte de los antiguos administradores de la San Martín.

El rector agregó que el plénum designado por el ministerio ya tiene control sobre las cuentas bancarias y eventualmenre informará a la comunidad universitaria. Por otro lado, aseguró que se va a establecer una mesa de trabajo laboral para buscarle solución a la complicada situación por los que pasan los empleados de la San Martín. También llamó a la Fiscalía para que se pronuncie sobre los presuntos hallazgos penales en todo este escándalo que tiene en vilo a más de 20.000 estudiantes.

El miércoles pasado, la ministra Gina Parody insinuó que a finales de esta semana se anunciaría la cuenta bancaria para consignar la matrícula y anticipó en Caracol Radio que se conocerían los primeros programas académicos en reabrirse.

Fue enfática al explicar que el proceso de reestablecer el servicio educativo será paulatino porque es necesario verificar las condiciones de calidad educativa de cada carrera. “Tenemos que mirar con lupa”, indicó, pues hay algunos programas que no cumplen los estándares establecidos. El plan es culminar en marzo el segundo semestre del 2014, que quedó en vilo desde finales de octubre, e iniciar el primer semestre del 2015 lo más rápido posible.

Este anuncio se produce tres semanas después de que el Ministerio de Educación removiera a los Alvear como directivos de la San Martín y designara el nuevo plénum, que desde el pasado 12 de febrero está al frente de la institución en cabeza de Sierra. De hecho, este último denunció hace cuatro días que las deudas del centro educativo pueden ascender a 200.000 millones de pesos.

Una cifra que es diez veces superior a la calculada por el fundador y exdirectivo de la Fundación, Mariano Alvear, quien en entrevista con Semana Educación aseguró que los pasivos de institución eran de 40.000 millones, frente a un patrimonio, agregó, que suma casi 270.000 millones. Además, ha insistido en que el Ministerio de Educación tiene toda la responsabilidad y causó el estado de coma en el que se encuentra la institución.

 Los nombres de Alvear y de la Fundación Universitaria San Martín han sido noticia desde noviembre del año pasado, cuando estalló un escándalo por las supuestas irregularidades en su administración y se reveló la crisis que atravesaba la institución. En ese momento el MEN anunció que la fundación no podría abrir las matrículas para el primer semestre del 2015 y aseguró que tomarían medidas drásticas para salvarla de un naufragio inminente.

El 19 de enero siguiente nombró a Rodrigo Acosta inspector in situ y a Nelly Estupiñán delegada del ministerio frente al plénum. Una facultad que le había sido otorgada a la cartera de Educación un mes antes, cuando el Congreso aprobó la nueva Ley de inspección y vigilancia, sancionada con el fin de darle “dientes” al ministerio para sancionar a las instituciones de Educación Superior.