Una movilización en defensa de la educación pública

Hay una triste y preocupante realidad en la educación colombiana: si tomamos como punto de partida el año 2000, fecha en la cual el Icfes elaboró las pruebas para evaluar la consolidación de las competencias en la educación básica, la brecha entre los estudiantes de los colegios privados y de los colegios oficiales viene en aumento. Esta es mayor aún si la comparación se hace entre colegios oficiales rurales y privados. Si involucramos el grado noveno, la brecha es todavía más elevada que en quinto y, si se hace al culminar la educación media, sigue creciendo. Esto significa que, hasta el momento, en Colombia la educación oficial básica y media no está cumpliendo la función para la cual se diseñó: disminuir las brechas y fortalecer la movilidad social.

Todavía es tan baja la calidad de la educación oficial ofrecida, que no logramos impulsar el ascenso social de la población menos favorecida. Los niños y jóvenes, modifican muy poco sus estructuras profundas durante su tránsito por la escuela; debido a ello, casi no aprehenden a pensar, leer, escribir o comunicarse. Esto significa, ni más ni menos, que, contrario a lo que se dice con tanta frecuencia, el sistema educativo colombiano no solo no reduce, sino que está aumentando la inequidad social. Es decir que quien ingresa a la educación oficial, tiene menos probabilidades de ascender socialmente que quien lo hace en el sector privado. Sabiendo esto, es muy común que los docentes oficiales matriculen a sus hijos en la educación privada.

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Dado lo anterior, necesitaríamos un aumento significativo en la inversión y medidas pedagógicas más estructurales en selección, evaluación y formación de docentes, en educación inicial y en currículo, entre otros, para comenzar a revertir la tendencia que se evidenció en el país en las dos últimas décadas en lo que tiene que ver con el aumento de la inequidad en educación. Para poder sacar a la gente de la pobreza con la educación, tendremos que sacar previamente a la educación oficial de la pobreza pedagógica y financiera en la que la tenemos. Con la educación oficial actual, no lo lograremos.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha hecho todo lo posible por ocultar y matizar la información anterior, pero la realidad es abrumadora: la educación oficial básica, hoy por hoy, no logra favorecer el ascenso social, ya que es de muy baja calidad. La situación es especialmente grave para la educación oficial rural. Cada vez los niños campesinos están más lejos de lo alcanzado en lectura, competencias y razonamiento numérico por parte de los niños que viven en las ciudades.

Sin embargo, la situación descrita se revierte por completo cuando revisamos el proceso en la universidad. Lo anterior lo podemos comprender desde que utilizamos las pruebas Saber Once al culminar la educación media y Saber Pro, al culminar la educación superior. La diferencia entre estos dos resultados es lo que permite estimar el valor agregado por la universidad. Hoy, ambas pruebas están emparejadas y por ello podemos afirmar que de dos universidades que alcancen el mismo Saber Pro, tendrá mayor valor agregado, aquella que haya iniciado con estudiantes que estaban en un nivel más bajo al ingresar a la universidad.

Teniendo en cuenta el criterio anterior, se puede concluir que en Colombia existen excelentes universidades públicas, ya que, en promedio, agregan más valor que las universidades privadas más reconocidas. Es así que, en lectura crítica, tres de las cinco universidades que agregan más valor son oficiales. Esto quiere decir que son mejores universidades porque logran que sus estudiantes consoliden en mayor medida sus procesos lectores. Esto no es visible utilizando las pruebas Saber Pro, porque ellas ocultan que los estudiantes que ingresan a las universidades privadas tienden a iniciar con un nivel muy superior en las pruebas Saber once. Dicho de otra manera, los excelentes resultados que alcanzan algunas universidades muy prestigiosas en las pruebas Saber Pro se deben, en buena parte, a que recibieron estudiantes con muy altos niveles iniciales de razonamiento numérico, lectura crítica y argumentación.

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En el caso de la lectura crítica se destacan especialmente la Universidad de Antioquia, la Nacional y la Pedagógica. Son universidades en las que se observa mayor avance frente al nivel que tenían sus estudiantes en el momento de ser admitidos. En el caso de razonamiento cuantitativo, a la par con las dos primeras anteriormente nombradas, también se destacan la Industrial de Santander y la del Valle.

Si el criterio de valoración no fueran las pruebas de valor agregado sino la investigación, también hay que resaltar que las tres universidades con más grupos de investigación reconocidos por Colciencias son oficiales: la Nacional, la de Antioquia y la del Valle.

De otro lado, el exrector de la Universidad Nacional, el profesor Moisés Wasserman, ha estimado en 11 millones el valor anual que el Estado le transfiere a la Universidad Nacional, en promedio, por estudiante regular, mientras que un estudiante ‘pilo’ le cuesta hoy en día al país, también en promedio, el doble de ese valor.

Si tenemos en cuenta los dos criterios anteriores, la muy alta calidad de algunas de las universidades oficiales y el costo por estudiante, la pregunta es evidente: ¿Por qué estamos llevando a los estudiantes de Sisbén 1 y 2 a universidades más costosas y de menor calidad que las principales universidades oficiales del país? ¿Por qué tenemos tan solo 4 estudiantes ‘pilos’ en la Universidad Pedagógica Nacional y 1.869 en la Universidad de los Andes, aunque la Pedagógica agrega más valor en lectura que la prestigiosa universidad privada?

Es incomprensible que, teniendo universidades oficiales de tan alta calidad, hayamos creado un programa para transferir significativos recursos hacia las principales universidades privadas del país. También lo es que, de los recursos CREE que se destinaban el 100 por ciento a las universidades oficiales hasta el año 2015, para el año 2017, el 66 por ciento de estos recursos se esté transfiriendo al Icetex y al programa Ser Pilo. Quien conozca esto puede concluir que, contrario a lo que afirman sus defensores, el programa bandera de la actual administración, claramente, está desfinanciando la educación pública.

El 4 de octubre, miles de estudiantes saldrán a la calle para exigir mayor financiación para las universidades oficiales del país. Una de las consignas exigirá que el billón de pesos que costará el programa Ser Pilo Paga en 2018 sea destinado, a partir de la fecha, exclusivamente a las universidades oficiales. Sin la menor duda, así debería ser. Eso lo sabe hasta el propio MEN, que ha realizado los estudios de valor agregado que evidencian la alta calidad y el menor costo de las principales universidades oficiales del país. En cualquier caso, los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a apoyar las universidades oficiales. Eso lo sabe cualquier demócrata. Pero lo que no sabían los ciudadanos es que las universidades privadas cuestan más, aunque agregan menor valor que las principales universidades oficiales del país. Cuando lo sepan, espero que también salgan a marchar en defensa de la educación oficial. La fecha es el 4 de octubre y el motivo es aumentar la financiación de la educación oficial e impedir que los recursos públicos terminen mejorando las instalaciones de las universidades privadas. Desde el punto de vista económico, social y político, es inconcebible que los recursos de todos se estén transfiriendo a las principales universidades privadas del país, mientras las universidades oficiales se están cayendo.

El mejor regalo, en sus 150 años, es garantizarle larga vida a la Universidad Nacional. Ahora sabemos que también sería el mejor regalo para el país y para la democracia.

Julián De Zubiría Samper 
Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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