Salud docente: MinEducación rebate las observaciones de la Procuraduría

Con fecha a 17 de abril de 2017, Yaneth Giha, ministra de Educación y presidenta del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), radicó una carta en la Procuraduría General de la Nación dirigida al procurador Fernando Carrillo en la que muestra su disconformidad con las acusaciones que realizó la semana pasada sobre el proceso de licitación de nuevos oferentes para prestar el servicio de salud para los docentes. Carrillo aseguró entonces que el proceso contenía irregularidades, por lo que solicitó suspender la contratación hasta resolver las falencias.

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Ahora, la jefa de la cartera educativa responde a la Procuraduría con una carta de 11 páginas en la que desglosa punto por punto las observaciones de Carrillo. Eso sí, mantiene la decisión de paralizar el proceso a partir del 19 de abril (fecha en la que se prorrogarán los contratos con los actuales prestadores del servicio) por un periodo de 10 días hábiles con el fin de llevar a cabo sesiones de trabajo conjuntas para que se puedan “aclarar ampliamente las dudas que persisten, en tanto que es nuestro interés y el mío propio continuar trabajando de la mano de ese ente de control y solo estaremos seguros de este proceso si la Procuraduría está completamente convencida de nuestro argumentos”, indica la misiva firmada por Giha.

De acuerdo con la carta, estos son los principales puntos de desacuerdo entre el Ministerio de Educación (MEN) y la Procuraduría.

Incremento del valor del contrato

Según el ministerio público, el presupuesto asignado de 5,2 billones de pesos debe “soportarse y justificarse”, teniendo en cuenta que el monto ascendió 0,3 billones en comparación con el contrato anterior, establecido en 4,9 billones. Según el MEN, esta alza corresponde con la subida del UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es el valor anual que se reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados y debe reflejarse en la contratación de los servicios de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social incrementó en un 8,20 % este indicador, de ahí los 0,3 billones de diferencia.

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Falta de supervisión del proceso

La Procuraduría resaltó que no se habían evidenciado hasta la vigencia de 2016 “un equipo de supervisión o interventoría al interior del Ministerio de Educación que ejerza la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de fiducia mercantil”. Es decir, con la Fiduprevisora, ente encargado de gestionar los recursos para la salud de los docentes.

De acuerdo con el documento firmado por la ministra, desde el año 2014 la cartera suscribe contratos de prestación de servicios profesionales para contar con el apoyo de un equipo externo de supervisión. En la actualidad, quien ejerce esta función vigilancia es Gintep S.A.S, por lo que, según la cartera educativa, no es cierto que haya una falta de supervisión  de las acciones de la fiduprevisora.

Transparencia y publicidad insuficiente

El ente controlador cuestionó la transparencia del proceso de contratación porque, según este, no se le brindó la publicidad suficiente para que nuevos prestadores del servicio se presentaran a la licitación. En la carta, la ministra expone que se garantizaron todos los principios de participación ciudadana por medio de diferentes vías de comunicación. 

Ampliación de las regiones

Otro de los puntos que pone en duda el ente de control es el de dividir el país en 10 regiones, y no en cinco como se venía haciendo, para el nuevo modelo de salud. El objetivo de esta medida, señala la carta del MEN, es lograr que haya una cantidad menor de usuarios que atender por prestador de servicio y una mayor “capacidad de negociación de tarifas con las IPS por el número de afiliados”. Esta restructuración, prosigue, fue presentada dentro del nuevo modelo de salud tras la evaluación de un grupo de expertos contratados, previa autorización del Consejo directivo del Fomag, debido a la "experiencia no exitosa" de contrataciones pasadas

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Mayor rigurosidad para ofrecer el servicio

Sobre los “planes de mejoramiento” y el “fortalecimiento de la estructura del modelo con el fin de tener una administración responsable del fondo” que expuso la Procuraduría, la ministra respondió que para el proceso de cumplimiento, control y seguimiento de los contratos del nuevo modelo se han introducido mejoras. Estas son algunas que referencia: distribución demográfica más equitativa, auditorías especializadas e integrales y una red de reemplazo que garantice la prestación de los servicios en caso de falla de la red primaria.

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