“Iremos a paro indefinido si el proceso no sale”: Fecode

Las continuas denuncias que acumuló durante años el servicio de salud de los profesores, junto con la presión que ejerció Fecode, el mayor sindicato del país, con el paro de 2015 dieron sus frutos: los maestros tendrán un nuevo modelo que empezará a operar a partir del 26 de enero. Si todo sale bien.

Se espera que ese día se conozcan los nombres de los nuevos prestadores del servicio que saldrán elegidos tras presentarse a un proceso de licitación con el aval de todos los representantes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), integrado por Fecode, los ministerios de Trabajo, Hacienda y Educación y la Fiduprevisora, entidad que administra los recursos del Fondo. Esta última sin voto en el Consejo Directivo del Fondo. 

Sin embargo, otra opción es que ninguna de las uniones temporales y firmas supere los estándares de experiencia, jurídicos, financieros y técnicos que pide la empresa calificadora que se contrató para el nuevo modelo de salud de los profesores con el fin de hacer el proceso de licitación más eficiente y transparente, algo que no pasó en años anteriores. En ese caso, se prorrogarían los contratos con los actuales prestadores y Fecode sacaría a sus afiliados a la calle (aproximadamente 150.000 docentes), aseguró tajante Luis Grubert, presidente del sindicato, a Semana Educación.

En entrevista con esta publicación, Grubert explicó los motivos de esta decisión unilateral que ha sorprendido al resto de miembros del Fomag. Según contaron, no entienden como Fecode, miembro con dos votos del Consejo Directivo del Fondo, quiere marchar ahora contra un proceso de licitación que contó con su aval en todo momento.  

Semana Educación: ¿Cuál ha sido el gran problema del servicio de salud de los docentes en estos años?

Luis Grubert: La salud en Colombia sufre estructuralmente de una crisis. Muchos particulares nos prestan servicio a los docentes en las grandes ciudades, pero en las pequeñas poblaciones es la red pública la responsable  porque no hay más. La crisis del sector público afecta nuestro modelo, pero también está el tema de la contratación. Es un problema de galimatías de la ley: la Fiduprevisora, quien administra nuestros recursos, no tiene carácter preponderante frente a los operadores. Por lo tanto, no puede aplicar medidas de sanción. Las denuncias siempre perecen en el proceso de reclamación legal porque hay una falencia en la manera en la que se establecieron las condiciones.

S.E.: Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de estas falencias?

L.G.: La Fiduprevisora tiene un problema que administrar, pero los mismos operadores son también el problema. Cuando se le dice a un operador “usted falló”, él dice “sí falle, pero es que a mi también me falló la Fiduprevisora que no me pagó a tiempo”. Entonces concilian. Esa laxitud impide la eficiencia del servicio.

Los instrumentos para castigar son muy etéreos pero el nuevo modelo contará con unos mecanismos de control para resolver puntualmente los aspectos que son objeto de reclamación. Esta nueva contratación tienen unos blindajes especiales para que las falencias anteriores no se repitan.

S.E.: ¿Es un problema de corrupción?

L.G.: Es un problema de las normas que han regulado el modelo, que son muy laxas. Uno dice: si yo contrate al prestador para que prestara el servicio y no lo hace, entonces se están beneficiando, se están llenando de plata. Pero luego el operador me dice: “no, es que la Fiduprevisora me demoró el dinero”. Porque ellos también se benefician por tener los dineros ahí guardados. Es una entidad que también compra acciones, que hace negocios con el dinero. Pero es del Estado, así que si  fracasa, el Estado va a tener que responder.

S.E.: ¿Cuáles son las grandes novedades de este nuevo modelo de atención a la salud del docente?

L.G.: Además de los mecanismos de control, habrá más prestadores de servicio porque el número de regiones se amplia de cinco a diez, habrá un defensor del Usuario para garantizar el derecho a una atención pertinente y una red primaria y alterna por cada prestador.

S.E.: ¿Tiene intereses Fecode con los operadores, o usted?

L.G.: Algunos han dicho que yo soy dueño de empresas. Y como diría mi abuelita, ojalá. Mire, cuando hay dinero de por medio y la contratación es tan grande salen especulaciones y en este tema se cruzan muchos intereses de tipo político. Yo no creo que haya un solo hospital que no tenga un padrino. ¿Quién nombra los gerentes del hospital? el alcalde, ¿y quién es el jefe del alcalde? Entonces empiezas a hacer el mapa de quién está detrás de qué y vas viendo. Empiezan también las presiones. Para mí ojalá este tema acabe mañana, pero la realidad es la realidad.

S.E.: Hay rumores de que van a convocar paro si el proceso de licitación no sale favorable.

L.G.: Como toda organización sindical, la última herramienta que tenemos cuando las cosas no funcionan es el paro. Queremos que el gobierno le preste la debida atención al proceso para que esto finalice en debida forma y rápidamente se contrate. Si vemos una conducta dilatoria, iremos al paro y será de carácter indefinido.

S.E.: Pero ustedes son parte de la mesa de trabajo, la responsabilidad es también suya, ¿no?

L.G.: Quien contrata al calificador -responsable de evaluar a los oferentes-, no es Fecode. Es el gobierno, la Fiduprevisora, así que si contrataron que agilicen. Nosotros responsabilizamos al gobierno porque es el garante del derecho y nosotros los usuarios del servicio.

S.E.: ¿No cree que su postura es bastante chantajista cuando ustedes avalaron ese proceso al mismo nivel que el gobierno?

L.G.: No es un chantaje, sino el mecanismo que tenemos los ciudadanos para que el derecho se cumpla y el Estado lo garantice. También es una forma de presionar a los organismos de control como la Fiscalía para que actúen de debida forma. El estado es un aparato que a veces se vuelve paquidérmico y la única manera a veces de agilizar es cuando le decimos al presidente Santos: “o esto funciona o nos vamos a la calle”. Entonces Santos hace la llama y pide que se agilicen las cosas.

S.E.: ¿Por qué no dar independencia a las regiones para que gestionen sus propios fondos, como piden algunos sindicatos del territorio?

L.G.: Te pongo un ejemplo: el Programa de Alimentación Escolar (PAE). ¿Quién lo controla? Hace unos años el modelo era así, pero los políticos agotaron los recursos volviendo eso un emporio burocrático y terminó quebrado. Entonces la Nación tuvo que concurrir para asumir la responsabilidad prestacional del magisterio, por eso la deuda del Estado con los maestros supera hoy los 80 billones de pesos. Si se regionaliza, ¿quién asume los errores? De nuevo teandrá que hacerlo el Estado.

S.E.: ¿Por esa razón no apoyó a los docentes de Cauca cuando se manifestaron en Bogotá?

L.G.: En ese momento había una licitación abierta y yo no podía decir: “Violenten una licitación porque los compañeros del Cauca tienen una propuesta particular”. ¿Entonces para qué sirve lo que construimos  si todo el mundo va a venir a exigir como quiere que sea el modelo?. Esto es un contrato para los próximos cuatro años y tiene un valor de más de cinco billones de pesos. Sería un acto irresponsables que los profesores manejaran el sistema de salud porque ellos no saben de eso. ¿Quieren que los contratos sean suyos? Bueno, liciten. Los compañeros de Cauca quieren que se les acoja la iniciativa como si fuera una petición de gremio, pero es que esto tiene que ver con un derecho fundamental que es la vida, la salud. Y si los compañeros fracasan, ¿quienes responden por ese derecho a la salud?

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