Tras acuerdo entre Gobierno y rectores, ¿perdió combustible el paro universitario?

Las marchas estudiantiles, que comenzaron el pasado 10 de octubre, estaban caracterizadas por un hecho poco usual: eran la primera protesta en varios años en la que participaban juntos estudiantes, rectores y profesores, tanto de universidades públicas como privadas, para exigir más recursos para las instituciones de educación superior oficial.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre, esta alianza se rompió, pues el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los rectores de las universidades públicas y los directivos de las instituciones técnicas y tecnológicas para poner fin a la protesta de este sector a través de una fórmula que busca hacerle frente al déficit que las universidades cargan desde hace más de 20 años.

En el pacto, el presidente Iván Duque se comprometió a aumentar tres puntos porcentuales por encima del IPC, el presupuesto que recibirán en el 2019 estas instituciones y en cuatro puntos porcentuales el que recibirán para los tres años siguientes, hasta 2022.

Adicionalmente, los recursos para inversión rondarán los 300.000 millones anuales, es decir, 1.2 billones en los cuatro años del gobierno, y a partir de 2019, los excedentes de las cooperativas serán destinados a fortalecer la educación superior pública. 

“Me complace que nos hayamos concentrado en esos propósitos; que hayamos dado este paso importante. Y saben los rectores que tienen en mí a un interlocutor que, con afecto y compromiso, quiere trabajar por la educación de nuestro país: su calidad, su estructura, los beneficios a la población más vulnerable, el tener una mejor capacidad de investigación y el tener en la universidad pública una gran fuente de transformación social”, expresó el presidente. 

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Lo acordado no satisfizo a los estudiantes, que convocaron para este miércoles 31 de octubre una nueva jornada de marcha para continuar con sus exigencias. Los universitarios se mantienen en que el déficit total de las universidades públicas supera los 18 billones de pesos y que se requieren por lo menos 3.2 billones de pesos para que estas instituciones puedan continuar funcionando. 

Pero, ahora sin el apoyo de los rectores, ¿pierde combustible su protesta?

"Es un golpe que toca asumir. No se puede negar que sí afecta el trabajo que se ha venido haciendo en dos puntos. En primer lugar desvía el debate porque entonces ahora no solo el Gobierno es un contradictor, sino que se toma a los rectores como otro oponente más de los estudiantes y profesores. Y lo segundo es que en términos de imagen pública, esto puede significar el debilitamiento de un bloque que en su momento se veía sólido", reconoce Alex Flórez, representante nacional de los estudiantes en el Consejo Nacional de Educación Superior y miembro de Fenares. 

El movimiento estudiantil continúa con el cese de actividades en la mayoría de las universidades públicas. La Universidad Nacional, sede Medellín, por ejemplo, lleva más de siete semanas en asamblea permanente. 

"Me parece desafortunado que nuestros alumnos universitarios y docentes no hayan podido participar de esa decisión (el acuerdo con el gobierno). Los recursos pactados con los rectores no bastan y no van a solucionar la crisis de nuestras universidades. Hoy los estudiantes y profesores están unidos y siguen fortalecidos como movimiento. Y, como el acuerdo no corresponde a lo solicitado en los diversos pliegos presentados, seguiremos luchando y apoyándolos", dijo, por su parte, Nelson Alarcón, presidente del sindicato de maestros, que desde el pasado 10 de octubre anunció su respaldo a la movilización de estudiantes. 

Flórez, sin embargo, aclara que los enemigos no son los rectores. "Ellos están en esa misma búsqueda de recursos. Y debemos reconocer que es un gran avance los recursos que se han conseguido. Pese a que son insuficientes, son un avance. A los rectores los seguiremos invitándolos a los espacios de discusión. La educación es un proceso que nos interesa a todos y no caeremos en el juego de fricciones y separaciones. Hay que trabajar todos juntos", señaló. 

Según los cálculos de los representantes, el presupuesto que finalmente llegaría a la cartera de las universidades sería de 531.000 millones y se tendrían que diferir en los próximos cuatro años entre 61 instituciones de educación superior públicas. Dividido de forma básica entre todas las instituciones, a cada entidad le corresponderían alrededor de 2.000 millones para adicionar a su base presupuestal por año.

El malestar de los estudiantes no se refiere solo a que los recursos sean insuficientes, sino a la forma como se negoció el acuerdo. Cuestionan por qué el gobierno decidió firmar el acuerdo solo con los rectores de las universidades sin incluir a los estudiantes y por qué la ministra de Educación, María Victoria Angulo no estuvo dispuesta a reunirse con ellos y solo lo hizo el viceministro Luis Fernando Pérez. 

Así lo manifestaron los voceros estudiantiles Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia; Alejandro Palacio presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees); y Daniela Álvarez, copresidenta de la Acrees. 

"La gran ofensa es el desconocimiento del estudiantado y el profesorado en el momento en el que el presidente citó a los rectores a la Casa de Nariño. Es que el paro no es de rectores. el paro surge desde los docentes y abarca a los estudiantes. Los rectores no iniciaron el paro, entonces tampoco tienen la capacidad de desmontarlo”, agregó Flórez.

Por su parte, la Unión Nacional de Estudiantes por la Educación Superior (Unees) afirmó que el acuerdo desconoce los demás actores que han manifestado su preocupación por las universidades. Además, argumentaron que el acuerdo no tiene en cuenta sus múltiples exigencias, entre ellas el congelamiento de las matrículas de las universidades privadas.

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John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, afirmó por su parte que entiende la decisión de los estudiantes de continuar con el paro en el marco de su independencia, pero señaló que la intención de los rectores es establecer mecanismos de conversación para escucharse unos a otros y explicar qué significa lo pactado para estabilidad financiera para las universidades.

“Acá hay un buen gesto por parte del Gobierno, pero todavía quedan temas en la agenda que habrá que seguir dialogando. Hay que definir la estrategia para tramitar el semestre académico, pero sin descuidar las otras problemáticas. Lo que queremos es mantener viva y funcionando la universidad. Lo que creo es que el estudiantado y los profesores no pueden perder el entusiasmo. Esto es un triunfo de ellos. Hay que seguir trabajando pero para que todo esto se convierta en una política de Estado”, expresó Arboleda.

Contar con el respaldo de los máximos directivos de las universidades le dio mayor fuerza al movimiento estudiantil y mostró que la falta de recursos de las universidades públicas sí era un tema crítico, que requería la atención inmediata del Gobierno. Sin embargo, desde un principio, los rectores tuvieron una actitud más abierta a la negociación y a que el cuerpo docente y estudiantil retomaran actividades tan pronto como fuera posible.

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“El presidente, con la propuesta que hace en el acuerdo, trascendió por encima de nuestras expectativas. El Sistema Universitario Estatal (SUE) recibirá en los próximos cuatro años 1.1 billón de pesos en funcionamiento. Se logró un avance importante y, sobre todo, se tocó un aspecto estructural de transferencia de dineros que no se había hecho desde 1993 hasta la fecha. Los estudiantes visualizaron esto y ahora el Gobierno reconoce que existe el problema, no resuelve el problema pero es un paso significativo. Hoy el mensaje es retomar las actividades académicas para poder finalizar el semestre”, explicó el rector Jairo Miguel Torres, uno de los firmantes del acuerdo. 

Torres señaló que el cálculo que hacen los estudiantes al dividir la totalidad de los recursos entre las universidades no es correcto porque no es cierto que a todas las universidades les corresponda la misma suma, sino que esta se calculará con base en diferentes criterios, incluida la cantidad de estudiantes por cada institución.

Con el acuerdo recién pactado, lo que ocurra en la movilización de este miércoles mostrará si la fuerza de la protesta estudiantil se mantiene y si el Gobierno estará o no dispuesto a ir más allá de los compromisos que ya adquirió con los rectores de las universidades.