Los cambios que se avecinan para acreditar la alta calidad de las universidades

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) indica que hay 302 instituciones de educación superior (IES) en Colombia, pero solo 66 están acreditadas. De estas, 56 son universidades, siete son instituciones universitarias o escuelas de tecnología y tres son instituciones tecnológicas. Además, de 12.789 programas académicos con registro calificado vigente, solo el 27 por ciento (3348) están acreditados y cuentan con al menos una renovación.

Esta acreditación evalúa el cumplimiento de los objetivos y la pertinencia de la oferta académica, el bienestar, el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural. Con el fin de actualizar la manera como se ha medido la actividad en su nivel superior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) convocó en 2018 y 2019 a 29 talleres en los que participaron al menos 600 representantes de 247 IES del país. A dichos encuentros también asistieron el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces). 

Como resultado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en calidad de presidente del Cesu, presentó ante más de 500 rectores y directivos los lineamientos que actualizan el Modelo de Acreditación en Alta Calidad para las instituciones de educación superior en Colombia.

El cambio más significativo, de acuerdo con la jefe de la cartera educativa, es que las IES que decidan iniciar el proceso de acreditación, que es de carácter voluntario, contarán con un concepto de calidad que reconoce la diversidad de instituciones, su naturaleza jurídica, así como los diferentes niveles y modalidades de formación académica.

“En el proceso de actualización se introdujeron temas claves entre los que figuran los resultados del aprendizaje como indicador del logro de la alta calidad; la inclusión de dimensiones como el seguimiento, evaluación, autoevaluación y la promoción de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, de forma que atiendan, de manera articulada, los procesos del registro calificado y de la acreditación de alta calidad y se fomente el mejoramiento continuo al interior de las instituciones de educación superior”, explica Angulo.

Para reconocer la acreditación, también se incluyen nuevos factores de evaluación tales como la identidad; gobierno institucional y transparencia; los indicadores de permanencia y graduación y aspectos académicos y resultados de aprendizaje.

"No podemos limitarnos a formar mano de obra, tenemos que formar ciudadanos críticos y capaces"

A propósito, el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S.J., rector de la universidad Javeriana, considera que este paso es fundamental para que todos los estamentos de la educación superior se articulen y tengan en cuenta las diferencias geográficas, culturales y poblacionales del país. 

“En esta articulación los rectores expresamos sinsabores y descontentos, por ejemplo, que los diferentes organismos como el Cesu y el CNA exigían diferentes cosas a las universidades. Con el acuerdo, vamos hacia un mismo rumbo y se establece una calidad modulada, que reconoce las diferencias de las IES y de las regiones. Antes, estábamos completamente fuera de la realidad”, afirma Peláez, quien también se desempeña como representante de los rectores ante de las universidades privadas antes el Cesu. 

Lorenzo Portocarrero Sierra, rector del Tecnológico de Antioquia y representante de los rectores de las Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales ante el Cesu, recuerda que “214 instituciones de las 302 no tienen categoría de universidad”, por lo que aplaude que ahora existan criterios de acreditación para valorarlas a todas las IES. 

“Era casi obligatorio tener que parecerse a un solo modelo, al de la universidad, pero era ilógico que en un país diverso no se reconociera la singularidad de las IES. Estos lineamientos dan cuenta de que cada institución puede definir cuáles son sus intereses y su enfoque de investigación”, apunta por su parte José Consuegra Bolívar, rector de la universidad Simón Bolívar de Barranquilla. 

Otro cambio sustancial presentado por el MEN es que solo podrán someterse al proceso de acreditación los programas que cuenten con funcionamiento continuo de por lo menos ocho años. Se modifica también el tiempo de vigencia de la acreditación de alta calidad, que ahora será de 6, 8 o 10 años, según el grado de consolidación y sostenibilidad que demuestren las IES y sus programas.

Para Ivaldo Torres Chávez, rector de la universidad de Pamplona y representante de las instituciones públicas ante el CESU, con estas directrices ganan todos los sectores. “Ganan los estudiantes y familias porque las universidades estamos armándonos para entregar la mejor educación; también gana el sector empresarial porque van a tener profesionales más idóneos y enfocados en el desarrollo del país”, dice. 

¿Cómo evaluar, por ejemplo, los resultados de aprendizaje y potenciar esa calidad de las IES? El rector de la universidad Javeriana propone reforzar el diálogo con el sector empresarial, que se ha venido realizando, para cuestionar si el capital humano sí responde a la misión de las universidades y genera transformación e innovación.

“En estos diálogos puede haber tensión entre la visión inmediatista del empresario, que busca egresados con ciertas competencias útiles para el mercado, pero desde las universidades tendremos que completar ese discurso, porque no podemos limitarnos a formar mano de obra, tenemos que formar ciudadanos críticos y capaces. No podemos caer en la trampa de una función instrumental de la educación superior, debemos centrarnos en el aporte de valor para transformar las regiones a partir de la misión de cada institución”, puntualiza Peláez. 

Se debe subrayar que la apuesta por asegurar la calidad resulta ambiciosa si se tienen en cuenta otros aspectos. Entre estos, la tasa de cobertura en educación superior –que se ubica en 53 por ciento– y la tasa de desocupación en América Latina, que fue de casi 20 por ciento en el tercer trimestre de 2019, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes no consigue empleo en la región. Este es el porcentaje más alto registrado en la última década, según la Organización Internacional del Trabajo. 

A propósito, Javier Duván Amado Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria (Aciet), hace énfasis en apoyar la vida laboral de los estudiantes mediante la integración del Servicio Público de Empleo con el trabajo de las IES. 

“Las vacantes no llegan a las universidades, y las universidades tienen sus propias bolsas de empleo, es decir que no dialogan entre sí. Los jóvenes deben vincularse a una vacante desde que son estudiantes, pero, mientras estemos dispersos, no lo vamos a lograr”, añade Javier Amado.