Universidades con ánimo de lucro en Colombia: ¿riesgo u oportunidad?

Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, presentó esta semana su intención de reformar la ley 30 de 1992, la que regula la educación superior. Ante la crisis financiera de las universidades públicas, Hoyos propuso que la reforma le permita a las universidades privadas ser entidades con ánimo de lucro y que los impuestos que le paguen al Estado sean dirigidos exclusivamente a saldar el déficit de las universidades públicas.

Para leer: Gobierno y estudiantes: ¿más cerca de una solución o solo paños de agua tibia?

De inmediato la iniciativa generó cuestionamientos por las intenciones y las implicaciones de un proyecto de ese calibre. Por un lado, Hoyos valida su propuesta al decir que, de hacerse realidad, deberá ser regulada por el Gobierno. Además, es una alternativa para generar ingresos que contrarresten la crisis de la educación pública, una que se da mientras el país enfrenta un hueco fiscal que tiene a todos los sectores en aprietos.

“Actualmente la Ley 30 prohíbe que las Instituciones de Educación Superior privadas sean de ánimo de lucro. Todas son fundaciones, corporaciones, cooperativas, sin ánimo de lucro. Eso dice el papel. Pero en la realidad esa figura ha servido para que estas instituciones sean grandes negocios exentos de impuestos. Dicen no repartir utilidades, pero de pronto el rector tiene casa en Miami, la universidad es dueña de una isla, paga viajes carísimos a Europa o reconoce gastos de sus miembros fundadores casi a manera de honorarios”. El representante dice que si el Estado no tiene la capacidad de garantizar la cobertura y calidad para todo el país, el rol de las universidades privadas es fundamental. Y si entonces, agrega, estas instituciones desean ser más que todo empresas con libertad para lucrarse, que legalmente sean consideradas como tal.

Por otro lado, personas como el senador del Polo Jorge Robledo rechazaron la idea de Hoyos. Robledo dice que avalar que las universidades sean entidades con ánimo de lucro cambia por completo el sentido de la educación y lo convierte en un negocio más. Y eso va en detrimento de su esencia formadora de la sociedad.

“La educación superior en Colombia es un derecho y un bien común. Entonces, la propuesta del representante Hoyos es darle un golpe mortal a la calidad de la educación privada. Es válida para él porque su mirada es neoliberal y en la economía de mercado todo es y debe ser un negocio. Pero es absurdo pretender eso con la educación”.

El argumento principal del senador recae en que aceptar la ganancia económica de estas instituciones amenaza la calidad de la educación por completo: “Recordemos que las universidades privadas se financian con el dinero de los estudiantes y de los padres de familia. Si una parte de ese recurso se sale de la reinversión que la institución debe hacer, esa plata deja de traducirse en mejores bibliotecas, educadores y planta física, entre otros. Es decir, esas utilidades las utilizarán las universidades en otras cosas que no tienen nada que ver con el beneficio de las universidades. La educación que sirve es la de alta calidad”.

La propuesta es polémica, pero no es nueva. Hace siete años el Gobierno Santos quiso adelantar un proyecto para reformar toda la educación superior y entre los cambios incluyó también dar vía libre a las universidades con ánimo de lucro para solucionar la alta demanda de futuros estudiantes universitarios. Pese a los casos de éxito en otros países que el expresidente y su entonces ministra María Fernanda Campo intentaron traer a colación para convencer a la población, fue más el malestar causado. Los rectores, profesores y estudiantes constituyeron un paro nacional indefinido. El movimiento estudiantil MANE hizo historia al lograr que se retirara el proyecto del gobierno el 11 de noviembre de ese año.

Pese al marcado antecedente, la propuesta vuelve a sonar en el Congreso, aunque esta vez sea presentada como un único aspecto a reformar. Entre los argumentos Hoyos resalta que la libertad de competencia e incluir más actores en el mercado de la educación es algo positivo. “Si el problema es un negocio, entonces habría que prohibir que los colegios sean entidades con ánimo de lucro, como actualmente lo son”. 

Para complementar: Movimientos estudiantiles: el poder de los jóvenes

Según Francisco Piedrahita, rector de la universidad Icesi, esa idea no tiene cabida en esta discusión. Piedrahita es una de las personas que más se ha interesado por el tema y fue uno de los detractores del proyecto de 2011. La educación básica y media, y la superior son dos costales de distinta harina y por eso no se pueden comparar, es lo que dice.

“El colegio no produce conocimiento en términos de bienes públicos, sino como bienes privados: la formación que ofrece va más orientada al desarrollo de la persona y sus competencias. Es algo que se lleva cada muchacho y por eso se puede rentabilizar. La universidad también produce esos bienes privados, pero al mismo tiempo produce bienes públicos y es ahí donde la cosa se complica: cuando la educación es negocio lo que importa es generar utilidades, pero no investigación, avances en el conocimiento, crítica social. Y eso es lo que se hace en el nivel universitario”, explica.

Pero no solo eso. Decir que permitir que las universidades se lucren impulsará la calidad de las instituciones privadas y aportará a resolver el lío financiero de las instituciones públicas es erróneo para Piedrahita.

“La plata de los impuestos no resolverá el déficit. En cambio, lo que sí hará es tirarse el sistema. Las universidades con ánimo de lucro no tienen problema en invertir más en mercadeo que en profesores, con tal de lograr inscribir a más estudiantes. Es un modelo con problemas. Así pasa en Estados Unidos y es un fracaso: da cobertura en centenares de miles, pero la tasa de deserción es altísima y los resultados de los graduandos es muy pobre. Algunas de estas son multinacionales como Laureate, Apollo Global y Whitney University System. En Colombia ya hay de este tipo de universidades, pero todas son de pésima calidad. Un ejemplo es la Autónoma del Caribe. Ninguna está entre las 15 primeras en los resultados del Saber Pro y tampoco en investigación”.

Le sugerimos: “La educación no es mercancía”: lo que siguen exigiendo los universitarios del país

Por el momento, la propuesta del representante Samuel Hoyos no ha sido presentada como un proyecto de ley ante el Congreso, solo como una intención del representante. Sin embargo, lo más probable es que la discusión sobre cobertura, calidad y rentabilidad en las universidades privada no sea bien recibida por una parte de la comunidad de educación superior. Tampoco se prevee una atmósfera proclive al apoyo de la iniciativa en momentos en los que se desarrolla un paro.