¿Efecto dominó?

El retiro de Punch como programadora de la televisión colombiana causó muy pocas sorpresas entre los conocedores del medio audiovisual. Es más, se veía venir. Pero el hecho de que la desaparición de Punch estuviera anunciada no significa que su muerte no sea grave. Hay quienes consideran que su retiro es el comienzo de una verdadera epidemia que podría acabar, inclusive, con la televisión pública del país. “El retiro de Punch es el primero pero no será el último”, dijo a SEMANA un programador de televisión.

Punch es una de las programadoras más tradicionales del país y es, sin duda, una de las más queridas. Su historia es la historia de la televisión en Colombia. Su fundador, Alberto Peñaranda, fue uno de los creadores de la televisión nacional y uno de los artífices de la comercialización de Inravisión. Irónicamente dicha comercialización fue una de las razones que llevó a la tumba a Punch 40 años después de su fundación.

No hay duda de que en este caso la historia, el prestigio y la credibilidad perdieron la batalla contra las leyes del mercado. La crisis de la televisión se llevó por delante a la programadora, cuyos directivos se vieron obligados la semana pasada a devolver la totalidad de sus espacios a la Comisión Nacional de Televisión (Cntv). Las progresivas deudas de la programadora la llevaron a tomar la decisión de cancelar el contrato en forma unilateral.

Aunque Punch dejará de aparecer como un icono en la pantalla chica de los colombianos seguirá produciendo algunos de los programas de los canales privados. De hecho, lo hace en la actualidad con la telenovela La guerra de las Rosas y próximamente con El putas de Aguadas, ambas de Caracol Televisión.

Actualmente la empresa tiene deudas del orden de 1.200 millones de pesos, de los cuales 600 millones están en mora con la Cntv. “Es claro que en estos momentos la competencia no es contra empresas de televisión sino contra grupos económicos y eso terminó por afectarnos”, dijo a SEMANA Luis Felipe Jaramillo, presidente de la compañía.



Tesis encontradas

El martes de la semana pasada la junta directiva de la Cntv —sin la asistencia de los comisionados Jorge Hernández y Yolanda Naranjo, quienes se encontraban incapacitados— determinó no aceptar la renuncia presentada por Punch debido a que se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones contractuales.

No obstante la suerte de la programadora todavía no se ha definido. Esta semana la Comisión de Televisión en pleno deberá decidir de manera definitiva si acepta el ofrecimiento de Punch de renunciar a todos sus espacios o si declara la caducidad del contrato, con lo cual haría efectivo el pago de la póliza de cumplimiento.

Uno de los defensores de la tesis de declarar la caducidad es el presidente de la Comisión, Sergio Quiroz, quien el viernes pasado declaró a la emisora La FM que la decisión de Punch de renunciar unilateralmente al contrato, y de no cumplir sus obligaciones contractuales, obligaría a la Cntv a declarar la caducidad del contrato y hacer efectivas las pólizas que amparan su cumplimiento.

Pero la posición de Quiroz no tiene un respaldo unánime. Por el contrario, hay quienes sostienen que si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley 335 de 1996 permite a los concesionarios renunciar a sus contratos sin previo consentimiento de la Cntv, un fallo de la Corte Constitucional establece que estas renuncias sólo generan indemnización cuando causen perjuicios a la entidad contratante, en este caso a la Cntv.

Y aunque Quiroz sostiene que Punch estaría desconociendo sus obligaciones contractuales, esta programadora en carta que envió a la Cntv el pasado 18 de mayo afirmó que sus obligaciones serán debidamente cubiertas y para ello propuso un acuerdo de pagos. El patrimonio de la empresa —según sus directivos— asciende a unos 12.000 millones de pesos, cifra con la que puede respaldar la deuda que tiene con la Cntv.



¿Efecto dominó?

Pero lo grave de todo este asunto no es el caso de Punch. Es la suerte misma de los canales públicos. Hay una larga fila de programadoras y concesionarios de los canales Uno y A que están buscando desesperadamente alivios o rebajas ante la Cntv. Es por ello que no se descarta que el caso de Punch produzca un efecto dominó, en el cual esta programadora sería apenas la primera ficha que se cae en medio de una recesión económica sin precedentes en la historia del país.

Nunca antes una programadora de televisión había tomado la decisión de devolver toda su programación. Algunas, como TVCine, Diego Fernando Londoño (DFL) y Datos y Mensajes, habían realizado una devolución parcial de sus espacios adjudicados al no poder detener el taxímetro de la deuda con la Cntv.

Lo más preocupante del asunto es que este oscuro panorama se presenta en momentos en que la mayoría de los miembros de la Cntv se encuentran cuestionados por la Fiscalía General por presunto prevaricato en el caso de RCN Televisión, en el cual se pactó un otrosí —forzado por un silencio administrativo positivo— que le daba un año más de plazo a esta empresa para pagar su última cuota de 45 millones de dólares como concesionario de uno de los dos canales privados de televisión.

De tal manera que la judicialización, y eventual penalización de decisiones de la Cntv encaminadas a regular el mercado y restablecer los equilibrios económicos contractuales de los operadores, se ha convertido en una verdadera espada de Damocles que pende sobre los comisionados y su capacidad de decisión. Esta situación podría, inclusive, según expertos, llevar a la paralización de un sector tan estratégico para la educación, información y recreación de los colombianos como es la televisión.



La cruda realidad

Pero el caso de Punch también refleja un asunto de fondo. La desaparición de esta programadora sirve para demostrar que, como lo habían vaticinado los expertos, cuatro canales nacionales de televisión no pueden sobrevivir en un mercado publicitario cada día más limitado. Los 300.000 millones de pesos que deben ser repartidos entre todos los canales no son suficientes para garantizar su supervivencia.

Todo hace pensar que ahora sí la Cntv entendió que el mercado escasamente alcanza para tres canales nacionales y no para cuatro. Es por ello que se empieza a abrir camino la propuesta de convertir uno de los dos canales —el Uno o el A— en institucional, que podría ser utilizado por el Congreso de la República o por los distintos ministerios y entidades del Estado. La Señal Colombia seguiría siendo el canal educativo y cultural del Estado.

Pero eso sería sólo una parte de la solución. Los programadores de los canales públicos aspiran a que les rebajen las tarifas que tienen que pagar ante la Cntv por el arrendamiento de los espacios, los cuales ascienden a unos 30.000 millones de pesos al año. Aunque ya hubo una reducción los programadores consideran que ésta podría ser mayor.

Ellos, además, le tienen prendida otra vela al Congreso para que tramite una nueva ley de televisión que les brinde estabilidad a los canales públicos. Pretenden los programadores que el Estado les prolongue el plazo de las actuales concesiones, que es de seis años, a 10 años, y aspiran a que dicha ley permita la ampliación de la participación extranjera en un porcentaje superior al 15 por ciento, como está establecido en la actualidad. Algunos de los miembros de la Cntv se muestran solidarios con estas peticiones.

Lo que ocurre, sin embargo, es que los deseos de los programadores se estrellan con dos sólidos muros de contención. El primero de ellos es el propio Congreso, que en estos momentos está más interesado en luchar por su propia supervivencia que en mandarles un salvavidas a las programadoras de televisión. Mientras no resuelva la crisis política, originada por la convocatoria al referendo que establece la revocatoria de sus mandatos, es muy difícil que los congresistas se ocupen de otros asuntos.

Y el segundo muro de contención es el mismo gobierno, que sabe que cada peso que se ahorran los programadores de televisión es un peso que deja de recibir el Estado y que, por consiguiente, dejaría de invertir en el sostenimiento y expansión de sus proyectos en materia de televisión.

Lo que no se puede desconocer, sin embargo, es que cualquiera que sea la solución a la crisis de las programadoras públicas ésta debe pasar por las manos del Estado. De no ser así, la Cntv corre el riesgo de quedarse sin el pan y sin el queso.