Moreno sin principio de oportunidad: ¿se apagará el ventilador del cartel de la toga?

El haber sido apadrinado por varios de los hombres más poderosos de la justicia hizo de Gustavo Moreno un testigo de alto valor para la Fiscalia. Ni más ni menos se trataba de una de las piezas clave en medio del gran escándalo de corrupción en la justicia. Más allá de haber traicionado a la entidad, pues ostentaba el cargo más alto en la lucha contra la corrupción y fue capturado con la ayuda de EE.UU., el ente investigador le abrió las puertas a ujna oportunidad, le ofreció beneficios a cambio de delación. 

Sin embargo, la indulgencia que mostró el ente investigador en los últimos meses se vino a pique, luego de que la defensa de Moreno pidiera ante la jueza 23 de Control de Garantías de Bogotá revisar los términos de la negociación. Aunque el abogado Pedro Aguilar, que defiende a Moreno, ha intentado públicamente explicar que su solicitud apunta a dar precisión sobre los hechos que serán objeto del cese de la acción penal mientras fue abogado litigante, la Fiscalía parece la menos interesada en darle más largas a esta negociación.

El mismo día en que la jueza de Bogotá rechazó los términos del principio de oportunidad, el ente investigador devolvió a Moreno al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, de Bogotá. Jaime Camacho, el fiscal delegado ante la corte que lleva el caso, manifestó que las observaciones de las que dejó constancia la defensa de Moreno parecen en realidad de fondo y tendrían como fin buscar inmunidad penal también por delitos cometidos mientras fue fiscal anticorrupción.  

El cerco que la Fiscalía delimitó para Moreno fue claro desde el comienzo, al excluir las conductas delictivas en las que pudo haber incurrido como fiscal anticorrupción. Ese es el asunto que tiene al ente investigador mostrando los dientes. “El principio de oportunidad es una opción que otorga la Ley a personas que quieran acogerse. La Fiscalía espera que quienes lo hagan, lo hagan con seriedad y consistencia. De modo que si Moreno no está interesado sería preferible que lo manifestara directamente. Pero si sigue interesado, entonces miraremos las observaciones”, sentenció Camacho.

A la discusión se sumó la Corte Suprema de Justicia, que en un oficio remitido al fiscal general le pide que reverse su decisión de enviarlo a La Picota. El documento, firmado por el magistrado Luis Hernández, dice que aún subsisten los motivos de seguridad que originaron el traslado de Moreno a una guarnición militar.

En este momento de tensión surgen el gran interrogante. Si Moreno no sella un acuerdo de colaboración con la justicia, ¿se caerán los procesos judiciales que comenzaron a moverse a partir de sus declaraciones?

Moreno entregó una matriz con 26 nombres de políticos, altos funcionarios de la justicia, abogados, sobre los cuales tuvo conocimiento de presuntas conductas delictivas. Hay que hacer claridad en que sus declaraciones no los incriminan a todos y sobre los casos más específicos ya se abrieron sendas indagaciones en la justicia. 

¿Qué se juega la justicia sin el ‘ventilador‘ de Moreno?

Expertos consultados por SEMANA explican que es necesario hacer una distinción entre los implicados con fuero y los no aforados. Esto, en razón a que se rigen por sistemas penales diferentes, luego, la presentación de un testimonio del calibre de Moreno como prueba no cumple con los mismos requisitos.

En los casos ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones, el sistema de investigación y juzgamiento se rige por Ley 600. En este sentido, las declaraciones juramentadas se convierten en prueba desde el momento mismo en que se reciben. En consecuencia, el testimonio que entregó Moreno podría ser tenido en cuenta en esos procesos, sin importar que a futuro Moreno eche definitivamente por la borda la negociación con la Fiscalía.  

Eso significa que casos tan importantes como el de los magistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, el de los congresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton o Julio Manzur, están en firme. 

Sin embargo, otro costo sería el que tendrían que asumir los casos de quienes no tienen fuero o son investigados por la Fiscalía delegada ante la Corte, como es el caso de exgobernadores, exmagistrados, abogados o cualquier particular en el escándalo.

Estos se rigen por las reglas del Sistema Penal Acusatorio, que obliga que para que una declaración se convierta en prueba tiene que ser rendida en juicio bajo juramento. Además, prohíbe condenar con base a “pruebas de referencia”, entiéndase así evidencia que es trasladada desde otros espachos o que fue rendida bajo juramento pero en condición de extrajuicio. 

En este sentido la Fiscalía podría llegar enfrentar un gran reto porque no podría hacer uso de lo que Moreno ha dicho ante sus investigadores ni tampoco contaría con su participación durante los juicios penales. El traspiés no es de poca monta porque podría tener efectos en uno de los casos claves como es el del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está detenido por orden de un juez y es investigado por la Fiscalía. 

Aunque en este caso el ente acusador cuenta con evidencias importantes, como la declaración de exmagistrados auxiliares y las mismas conversaciones interceptadas por la DEA, quien lo incrimina directamente es Moreno, que asegura haberle entregado 300 millones de pesos para darle un manejo indebido al caso de Álvaro Ashton. 

Fuentes consultadas por SEMANA, sin embargo, consideran que de darse el final de la colaboración con Moreno no necesariamente se perderían estas declaraciones. Como Moreno ya dio su versión jurada ante la Corte Suprema de Justicia, los investigadores de la Fiscalía podrían en juicio tratar de confrontarlo, con lo que se vería obligado a decir la verdad so pena de ser procesado por falso testimonio.  

Con la negociación en firme, el exfiscal Moreno tiene asegurada una pena inferior a los 8 años de cárcel por el delito de concusión, proceso en el cual se acogió a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia. Por la coima que recibió en Estados Unidos para cambiar el rumbo del caso del exgobernador Alejandro Lyons, Moreno podría pagar una pena cercana a los 5 años de cárcel. Las cuentas dan a lo sumo 13 años y podría seguir descontando por trabajo y estudio. 

Aunque todos los ojos se posan sobre la inmunidad que podría recibir Moreno, la carta decisiva no se ha destapado. El as bajo la manga de la Fiscalía contra este protagonista de la corrupción en Colombia está en las investigaciones que surjan por hechos cometidos siendo fiscal anticorrupción, de las cuales, por ahora, hay total hermetismo. El punto es tan crucial que es la que tiene al borde del abismo la colaboración del exfiscal con la justicia colombiana.