El consejero Mancuso

La misteriosa reunión causó estupor al ser revelada. Tuvo lugar el 18 de febrero del año pasado, en el corregimiento de Santafé de Rallito, municipio de Tierralta, Córdoba. Allí llegaron en un bus de la empresa Tucurá cuatro profesores y cuatro trabajadores que representaban a tres sindicatos de la Universidad de Córdoba, de Montería. La secretaria general del plantel había notificado el día anterior a los sindicalistas, cuando realizaban una protesta en la universidad, que tenían ese compromiso ineludible. A última hora los sindicalistas invitaron a Jorge Ortega, representante de los profesores ante el consejo superior de la universidad, la más importante institución pública de educación superior de la región. Se les unió la defensora del pueblo como garante de la seguridad del grupo. El bus llegó a las 6:30 de la tarde a un campamento fuertemente custodiado por miembros de las autodefensas. A esa hora ya se encontraban en el sitio seis miembros del consejo superior de la universidad, entre ellos Félix Manzur, un destacado abogado que actuaba como representante del Ministerio de Educación. Minutos después llegaron el comandante de las autodefensas Salvatore Mancuso y el rector encargado de la universidad, Claudio Sánchez. Los trabajadores aseguran que se debatió sobre la convención colectiva de trabajo, el fondo de salud, la reestructuración de la universidad y la elección de rector. Félix Manzur asegura que no se habló de la elección de rector. "La reunión era para buscar una paz laboral en la universidad", dice. El tema de la reunión es irrelevante ante el hecho suficientemente grave de que el consejo superior de una universidad, sus directivas y los representantes de los estamentos tengan que viajar hasta un campamento paramilitar a rendir cuentas sobre sus diferencias y los frecuentes conflictos laborales y políticos que se viven en el campus. Según las denuncias que hizo la semana pasada el representante Gustavo Petro en la Comisión Sexta de la Cámara, la influencia de Salvatore Mancuso en la universidad no era nueva. Las grabaciones en su poder señalan que Mancuso presionó a dos miembros del consejo superior en septiembre de 2000, para que votaran por Víctor Hugo Hernández, que a la postre resultó elegido rector. Pocos meses después Hérnandez resultó duramente cuestionado por los mismos paras por su manejo administrativo de la universidad. Su desgaste continuó hasta junio de 2002, cuando renunció por "razones personales". En ese momento, el diario El Tiempo denunció presiones de las AUC dentro de la universidad y atribuyó a estas la salida del rector. En su reemplazo fue encargado el vicerrector Claudio Sánchez Parra. Aunque Sánchez no proviene del mundo académico, desde el comienzo demostró gran capacidad administrativa y sintonía con los planes de modernización de la universidad. El viceministro de Educación, Javier Botero, defiende la labor de Sánchez porque "en la universidad cada estudiante costaba nueve millones y hoy cuesta cinco. No había programas acreditados y hoy hay cuatro; antes no había investigación y hoy existe". La gestión de Sánchez también ha sido destacada en cobertura, pues en tres años se ha aumentado en un 200 por ciento y logró reducir totalmente el déficit que hace tres años estaba por encima de los 2.000 millones de pesos. Pero en medio de todos estos logros, Sánchez entró en conflicto con los sindicatos, pues una de sus banderas había sido modificar prebendas laborales pactadas en la convención. A medida que pasaron los meses, la permanencia de Sánchez se fue prolongando y todo señalaba que se quedaría como rector titular. Alarmados, los sindicatos citaron a una asamblea para el 17 de febrero del año pasado. Al día siguiente se produjo la controvertida reunión con Mancuso. Todos los estamentos regresaron a Montería con la orden perentoria de ponerse de acuerdo en menos de tres meses o de lo contrario las autodefensas volverían a intervenir. La versión de los sindicalistas es que Mancuso anunció que si no había acuerdo en ese plazo, se ratificaría a Sánchez que además se los llevarían "al Nudo de Paramillo a preparar el tinto para los combatientes". Mancuso desautorizó para hablar a un profesor que según él había sido mal evaluado por sus alumnos y a otro docente le reclamó por la supuesta mala utilización de los laboratorios. El jefe paramilitar sabía en detalle lo que pasaba en el claustro universitario. La reunión fue tan conocida en Córdoba que cinco días después el periódico El Meridiano hizo una críptica alusión a ella. En una nota breve dice que "unas alas muy grandes tuvieron que ponerse los miembros de un poderoso sindicato educativo de Córdoba pues fueron al 'Cielo' a rendir cuentas de sus actos. Tal parece que llegaron domados por Sal... Pedro y como que van a dejar quieto al especialista en agricultura". Esta nota inadvertida demuestra lo folclórico que resulta para algunos estamentos cordobeses la injerencia de los paramilitares en la vida pública y en la restricción a las libertades civiles. Después de la reunión con Mancuso, nadie denunció las presiones. Se reunieron varias veces los sindicatos y el consejo superior, pero no acordaron nada. El 18 de junio del año pasado, en una reunión del consejo superior a la que asistió el viceministro de Educación Javier Botero, fue elegido Claudio Sánchez como rector en propiedad de una baraja de 17 candidatos. Durante esta sesión el viceministro evaluó las hojas de vida de los candidatos, pero Ortega, representante de los profesores, salvó su voto y dejó constancia de que más que una evaluación, Botero había descalificado a la mayoría de los candidatos. Según el acta, los ocho miembros restantes del consejo votaron a favor de Sánchez. Cuatro de ellos habían estado cuatro meses atrás en la reunión con Mancuso. En septiembre los sindicatos fueron notificados de que la protesta que iniciaron en febrero había sido declarada ilegal y en diciembre la universidad inició procesos disciplinarios contra 36 dirigentes de esas organizaciones. Muchos podrán terminar fuera de la institución. Algunos se han preguntado por qué solo ahora, cuando surge la investigación disciplinaria, estas organizaciones han salido a denunciar las presiones de los paramilitares. "Necesitábamos reunir pruebas", dice uno de sus voceros. Entre la documentación de Petro hay una carta de las autodefensas en la que declaran objetivo militar a 15 sindicalistas de Córdoba, varios de ellos vinculados a la universidad. Una amenaza para temer, pues en los últimos cuatro años han sido asesinadas nueve personas vinculadas a ese centro educativo.