El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19

No es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe es protagonista en la discusión sobre los beneficios jurídicos a los miembros de organizaciones armadas ilegales. En su gobierno promovió la Ley de justicia y paz, que concedió penas alternativas a los paramilitares a cambio de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas.

Hoy, como principal crítico del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC ,defiende su tesis que los acuerdos no deben conducir a la impunidad de los delitos atroces cometidos por esa guerrilla. Sin embargo, hace 21 años, su postura era diferente.

El 20 de mayo de 1992, el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Esa ley incluyó el perdón incluso por uno de los delitos atroces cometidos por esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia, en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado.

Todo sucedió cuando uno de los jueces de orden público, en ese entonces denominados ‘jueces sin rostro’, profirió un polémico fallo judicial que tuvo en vilo el proceso de paz que culminó con la desmovilización y la reincorporación de la guerrilla del M-19.  

La Ley de indulto, firmada en 1989 por el presidente Virgilio Barco, excluía del perdón para los delitos atroces. Y con ese argumento la justicia se basó para llamar a juicio a Antonio Navarro y a otros 25 dirigentes del M-19, algunos de ellos eran compañeros de curul de Uribe en el Senado, al calificar la toma del Palacio de Justicia como un delito atroz.

Aquella decisión judicial tuvo a las puertas de la cárcel a los exconstituyentes Antonio Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita, Otty Patiño y Rosemberg Pabón; a los entonces senadores Vera Grave, Évert Bustamante; al representante a la Cámara Ramiro Lucio. También a otros exmilitantes de la guerrilla como Gustavo Petro, Clara Elena Enciso, María Rosalba Vásquez, Jaime Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio.

Como aquella decisión judicial ponía en riesgo el proceso de paz con el M-19, en la noche del miércoles 20 de mayo de 1992 hubo una enorme tensión política en la plenaria del Senado, pues no existían normas para evitar dicha decisión judicial la decisión de la justicia.

Fue en ese momento cuando el senador liberal le propuso a la plenaria del Senado conformar una comisión para encontrarle una salida legal a ese limbo jurídico. Uribe, casi al filo de las 8:00 de la noche, tomó la palabra y le propuso al Congreso encontrar esa opción.

“Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”. (Vea el documento)

Ese fue el texto de la propuesta del senador Uribe Vélez que la plenaria del Senado aprobó de forma unánime. Y fue la “primera piedra” para que el Gobierno y el Congreso tramitaran la que Antonio Navarro llamó "Ley de reindulto”.

Tras su discurso, Álvaro Uribe hizo parte de esa comisión de senadores que se reunió con entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle (hoy jefe del equipo negociador del gobierno Santos en La Habana); el ministro de Justicia, Fernando Carrillo (hoy ministro del Interior), y los senadores Parmenio Cuéllar (actual senador del Polo), Pedro Bonnett, Carlos Corsi, Hernán Motta, Floro Tunubalá, Eduardo Pizano, Fabio Valencia y Jorge Valencia Jaramillo.

En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año (1992) lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor.

En ese proyecto se invocaron “razones políticas” para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad en algunos delitos cometidos durante la toma cruenta del Palacio de Justicia en 1985.

En el proyecto pidieron extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada, en los procesos judiciales en que encuentran involucrados.

El proyecto, que se convirtió en ley en 1993, señalaron que el “beneficio” sólo puede cobijar a los procesados en juicios que tengan como antecedente la expedición de una ley de amnistía o que faculte al Gobierno para conceder indultos, o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de una política de paz.

En la exposición de motivos, Uribe Vélez y los demás autores de esta ley justificaron esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.

Hoy Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales críticos de la ley marco para la paz, aprobada por el Congreso el año pasado y que se ha convertido en la principal hoja de ruta para las negociaciones con el Gobierno y las FARC. Su principal crítica es que los autores de delitos atroces vayan a quedar sin castigo y puedan participar en política. Una tesis que hace 21 años no contempló para garantizar la consecución de la paz, uno de los deberes garantizados en la Constitución.