El Grupo de Lima y el incidente Venezuela-Guyana

Trece de los catorce países que constituyen el llamado “Grupo de Lima”, formado en el 2017 para dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela emitieron el cuatro de enero una declaración sobre la coyuntura actual después de la nueva posesión de Maduro.

En uno de sus puntos expresaron la preocupación por la interceptación por parte de la marina de guerra de Venezuela de dos buques de investigación sísmica contratados por la empresa ExxonMobil “dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana”.

Caracas protestó no sólo por la declaración en su conjunto, sino por el punto que alude al incidente con dos buques que operaban con autorización del gobierno de Guyana. Venezuela afirmó que la captura se realizó en áreas marítimas que corresponden a la proyección marítima del estado del “Delta Amacuro”, de “indudable soberanía de Venezuela”. Hubo declaraciones posteriores de los cancilleres de Colombia y el Perú.

La afirmación de que el Delta del Amacuro pertenece a Venezuela es cierta. Lo que no se puede inferir es que el área donde se produjo el incidente sea jurisdicción venezolana, ya que no se ha realizado aún la delimitación marítima entre los dos países. Menos aun cuando el Secretario General de Naciones Unidas, remitió a la Corte Internacional de Justicia la dilatada controversia entre Venezuela y Guyana sobre el territorio del Esequibo, que necesariamente tendrá un efecto sobre la citada delimitación.

Aunque el incidente de los buques con la marina de guerra de Venezuela, al que se aludió en la declaración, no tiene una relación directa con el propósito del grupo de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, la verdad es que no resulta lógico que el gobierno de Maduro opte por las vías unilaterales para establecer su jurisdicción marítima.

En el mes de junio de 2015 la cancillería colombiana se vio obligada a protestar por el decreto 1787 emitido por Venezuela, que definía unilateralmente los límites marítimos entre los dos países, al establecer las llamadas “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular”.

Es un principio de derecho internacional que la delimitación de los espacios marítimos entre estados con costas o adyacentes debe realizarse por acuerdo entre las partes y a falta de acuerdo por los demás medios de solución pacífica establecidos en el derecho internacional, incluyendo el arbitraje.

Resulta extraño por tanto que Venezuela, si considera que el incidente con los buques se produjo en su jurisdicción marítima, se haya opuesto a que la controversia con Guyana, sea definida por la Corte Internacional de Justicia, como lo había aceptado años atrás.

Lo que no es posible, es que el gobierno venezolano optando por la amenaza y el uso de la fuerza, trate de imponer unilateralmente una delimitación a cualquiera de sus vecinos.

No puede caer en la práctica de los gobiernos débiles de echar mano del patriotismo en asuntos de carácter internacional para tratar de recoger el apoyo de la opinión pública.

PD: Habrá que tener la información completa sobre el execrable acto terrorista en la Escuela General Santander ya que se abren muchas incógnitas

(*) Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario