Las audiencias del llamado “mega juicio” por los medios peruanos transcurren con una cierta monotonía. Durante varias jornadas, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, se retractó de declaraciones anteriores con el fin de favorecer al acusado y solo reconoció que en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA “se cometieron excesos”. Un momento fuerte se había vivido semanas antes, durante el esperado cara a cara entre el ex presidente y su antiguo asesor Montesinos.
Lo que pretendía ser una desafiante jugada al tribunal, terminó dejando en el ridículo a quien fue conocido como “el Doc”, el hombre fuerte en la sombra que cogobernó al Perú durante la década fujimorista.
Vladimiro Montesinos, quien cumple una pena de cárcel de 20 años por tráfico de armas a las Farc, se presentó como un oficial de inteligencia en retiro. Durante las cuatro horas de interrogatorio exculpó a Fujimori de los crímenes que se le imputan en este juicio, y no tuvo reparos en afirmar categóricamente que “por razones de Estado se podían cometer delitos”. El ex asesor presidencial dio abruptamente por terminado su testimonio, acogiéndose al derecho al silencio.
Si bien éste fue considerado como “ineficaz” por el tribunal, pues el testigo no se sometió a los interrogatorios de la parte civil y de la defensa, lo que sí evidenció su prestación fue la empatía aun reinante entre los dos personajes. Como en las mejores épocas del “fujimontesinismo”, un sonriente Fujimori escuchó las airadas declaraciones de Montesinos, y correspondió a los guiños con los ojos que éste le dirigía desde la estrada.
Una Sala Penal Especial de la Corte Suprema presidida por Cesar San Martín tiene desde el 10 de diciembre de 2007, la responsabilidad histórica de llevar este proceso con total transparencia e independencia, respetando todas las garantías procesales al inculpado. Los tres magistrados que la componen esperan pronunciarse en primera instancia en el mes de noviembre.
Durante los próximos meses se dará inicio al análisis de los documentos, audios y videos, que componen el material probatorio presentado para sustentar la responsabilidad o la inocencia de los cargos contra el ex presidente. De común acuerdo con los abogados de las víctimas y de la defensa de Fujimori, el tribunal decidirá cuales de 106 tomos y aproximadamente 40.000 folios con los que cuenta el expediente, serán vistos en el juicio.
Antes de los alegatos finales, se presentarán los expertos internacionales ofrecidos por la parte civil para acreditar la acusación fiscal. El ex coronel argentino José Luís García, perito en los juicios contra las juntas militares de su país, hablará sobre la conducción de las guerras de baja intensidad o “guerras sucias”.
El abogado colombiano Federico Andréu-Guzmán, actual Secretario General de la prestigiosa Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, explicará a la Sala cómo funcionan los aparatos organizados de poder y se establecen las cadenas de mando.
Kate Doyle, especialista del Archivo de Seguridad Nacional de Washington, presentará documentos desclasificados sobre el Perú de esos años. Por último, el magistrado español del Tribunal Supremo de Justicia, José Martín Pallín, ilustrará a la Sala sobre estándares de prueba en crímenes de Estado.
Unos documentos considerados hasta entonces “secretos”, que revelan la responsabilidad de Fujimori en la destinación de partidas para el funcionamiento del grupo Colina, fueron presentados recientemente a los jueces por la parte civil. En base a las evidencias testimoniales, las pruebas y demás documentos, compete al Fiscal Peláez Bardales ratificar o modificar su acusación, que pidió inicialmente 30 años de reclusión para el ex mandatario.
Los abogados de las víctimas y de la defensa podrán exponer sus posiciones, y el ex presidente tendrá la oportunidad, por última vez y sin limitaciones de tiempo, de presentar su alegato ante el tribunal que lo juzga y ante su país. La sentencia que se dicte en este juicio no solamente será histórica para el Perú, sino que tendrá repercusiones en la región, en materia de responsabilidad penal de jefes de Estado y altos funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.