El Estado no ha podido recuperar un centenar de bienes incautados a la Gata

Casi una manzana ocupa la imponente mansión de Enilce López en el barrio Río Mar de Barranquilla. La imagen aérea del predio revela que dentro de la propiedad se levantan dos construcciones que a simple vista no se pueden ver y que convierten este predio en uno de los más codiciados de la ciudad. El frente es blanco y está rodeado de palmeras. Sin embargo, es una fachada discreta para el palacete al que se mudó la Gata a cumplir una condena de 37 años, pasando por encima de un embargo del Estado que está en firme desde el año 2014.

La alerta la levantó la Fiscalía, que a través de un mensaje de Twitter lanzó un interrogante que causó extrañeza, dado que viene de la autoridad a cargo de perseguir delincuentes y criminales: "¿Quién explica por qué la sra. Enilce López se encuentra recluida en su domicilio dado que dicho inmueble se encuentra embargado?".

Sin embargo, lo que el tono del mensaje esconde es el malestar que causó la decisión del juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla, que en contra de la Procuraduría, la Fiscalía y de Medicina Legal decidió enviarla a detención domiciliaria. Y ahora, como se conoció, le abrió las puertas de una de sus mansiones afectadas dentro de un enorme proceso de extinción de dominio. 

Al desatarse esta nueva controversia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió la administración de los bienes de la mafia, reveló los detalles que explican cómo, pese a acumular seis requerimientos administrativos, el predio no ha podido pasar al dominio del Estado. De acuerdo con la entidad, desde agosto de 2014 hasta octubre de 2017, fue nombrado como el depositario del predio la Inmobiliaria Bustamante Vásquez, sin embargo, una ocupante irregular identificada como Maricel Barrios Inela, se negó a dejar el inmueble. 

"La Sociedad de Activos Especiales opera como un administrador de bienes de extinción de dominio y el juez que controla esta gestión es el de extinción de dominio. El juez penal en este caso no contó con que el bien estaba en extinción de dominio y no consultó las circunstancias del inmueble", explicó Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la SAE.

La SAE remite un oficio al juez el 31 de enero, cuyo asunto es materializar La medida cautelar de embargo. La contestación del juzgado, conocida por SEMANA, no solamente causó rechazo porque el funcionario judicial asegura que no fue informado de la condición de incautación del predio, sino porque con su nueva decisión deja la discusión del centro de reclusión de La Gata en un verdadero limbo. 

Para el funcionario judicial David Hassan Saade Morad, la decisión de extinción de dominio y la que define la detención domiciliara no se afectan entre sí. "La SAE puede adelantar el proceso policivo que regula la Ley para la recuperación del bien, y ya será tema aparte a ello, que la condenada directamente o a través de la defensa, presente al despacho la solicitud de cambio de domicilio por diligencia de desalojo, indicándose el nuevo lugar de residencia donde cumpliría el sustituto penal otorgado y acreditándose los requisitos impuestos".

En interpretación de abogados consultados por este medio de comunicación, si la SAE adelanta un procedimiento policivo de desalojo sin que exista una orden del juez donde ponga de presente un nuevo lugar de domicilio o su traslado a la clínica, ella podría terminar por esta vía recuperando su libertad. 

Al galimatías, le salió al paso este jueves la Procuraduría, que le pidió al juez que revoque de manera inmediata el beneficio de detención domiciliaria concedida a la Gata. La delegada para asuntos penales del Ministerio Público dice que debe cambiar la medida ya que la SAE manifiesta que de lo contrario será "imposible" administrar el inmueble embargado. 

Inquilinos ilegales en 99 propiedades

SEMANA investigó la situación del universo de bienes que le han incautado a La Gata y a su círculo familiar en el marco de procesos de extinción de dominio. En total, existen en los procesos 414 propiedades embargadas por el Estado. 

Solo en Altántico, los registros arrojan 181 propiedades incautadas; en Bolívar el número llega a 152; en Magadalena a 31; en Sucre a 26; en Antioquia a 20, en Bogotá 2 y en Boyacá 2.

De este inmenso número de bienes, cerca de un 25 por ciento de bienes no han podido ser recuperados, es decir, en 99 propiedades la familia López estaría ejerciendo posesión ilegal a través de terceros. 

Hasta mediados del 2017, con la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, la Sociedad de Activos Especiales adquirió facultades de policía administrativa para proceder con los desalojos de una cantidad de bienes de la mafia que superaba los 7.000. Desde entonces, han logrado recuperar 300 propiedades, sin embargo, el tema sigue siendo un dolor de cabeza para la entidad que debe lidiar con los herederos ilegales de estas propiedades. Y en este panorama Enilce López se lleva un papel protagónico.

Lo que este escándalo revela es que la Gata lleva 11 años aferrada a su enfermedad para evadir la cárcel. Y casi cuatro amarrada a fincas, casas, haciendas, para evitar que su emporio económico se desplome.