EL SECUESTRO NUESTRO DE CADA DIA

De repente, todo el país está contra el secuestro. En uno de esos sobresaltos de exaltación colectiva que acometen esporádicamente a la opinión pública, la liberación del ganadero vallecaucano Abraham Domínguez al cabo de siete meses de cautiverio (y después de pagar, al parecer, treinta millones de pesos de rescate), ha producido una vasta polvareda anti-secuestro. El diario El Tiempo organiza cruzadas de los medios de comunicación contra el horrendo crimen. En Medellín, tres mil ganaderos asisten a una misa por las víctimas del secuestro --que en notable mayoría proceden de su gremio--, y escuchan allí una homilía del presidente de Fedegan, y nuevo ministro de Agricultura, Hernán Vallejo Mejia: "Oración por la paz y contra la extorsión y el secuestro".
La Iglesia, por no ser menos que Fedegan anuncia una resolución de la Conferencia Episcopal por la cual los secuestradores incurrirán en la pena de ex comunión. La afición taurina, por no ser menos que la Iglesía, promueve la celebración de una "corrida del clamor" contra el secuestro trayendo de los cabellos el pretexto de que Dominguez, el más reciente liberado, cria ganado de lidia. La Junta Nacional de Fenalco, reunida en Villa de Leyva, propone la creación de un "frente común" contra el secuestro.
La televisión produce programas especiales sobre el tema. Hasta las organizaciones guerrilleras, acusadas desde hace años de financiar su pie de fuerza mediante los ingresos del secuestro, se suman a la ola de condenas: ya las FARC lo habían hecho, desde marzo del 83, llamandolo "método impropio de revolucionarios"; el EPL, que llegó a las negociaciones de tregua manteniendo en su poder a un número no determinado de secuestrados y se jactó de ello por boca de Oscar William Calvo explicando que eran "sólo ricos", los dejó en libertad y ahora asegura haber abandonado esa fuente de financiamiento. El M-19, en su conferencia de Los Robles, condenó el secuestro y pidió la liberación de los secuestrados, y así lo reiteró su enviado Carlos Alonso Lucio en la reunión de balance del Diálogo Nacional celebrada en Bogotá el 21 de febrero. Sólo el ELN, que no ha firmado los pactos de la tregua, sigue ufanándose de practicar secuestros en diversas regiones del país.
Y otro tanto hace el frente Ricardo Franco, disidencia de las FARC, especialmente en el Valle y en el Cauca.
Pero a ese respecto, las FARC comunicaron al gobierno, que la hizo pública, una lista de dos docenas de secuestradores del grupo rebelde.
El momento en que estalla esta reacción unánime puede sorprender, si se considera que el secuestro no es un fenómeno nada nuevo en Colombia.
Hace veinte años se presentaron los primeros casos--los de los hombres de negocios Harold Eder, en el Valle, y Oliverio Lara, en el Huila, zonas que hoy siguen siendo teatro habitual de ese delito--, y desde entonces su multiplicación ha sido desenfrenada.
En los últimos diez años--entre 1975 y 1985-hubo en el país 936 secuestrados, por cuyo rescate--cuando lo hubo--se pagaron más de mil quinientos millones de pesos. Salvo en algunos casos especialmente espectaculares o feroces--el de José Raquel Mercado, dirigente sindical "ejecutado" por el M-19, el de Gloria Lara de Echeverri, torturada y asesinada por una misteriosa ORP, el de Stanley Bishop, ejecutivo de la Texas liberado tras un importante rescate por una banda que dirigía un ex juez de la República, el de Jaime Betancur, hermano del Presidente, secuestrado por el ELN y en cuya liberación intervino el propio Fidel Castro--, la reacción de la ciudadanía ante los secuestros había sido en general de insensibilidad o indiferencia. Ni siquiera durante el año 84, que de acuerdo con las estadísticas marcó un hito en la escalada del secuestro (292 secuestrados, de los cuales murieron 47, según datos del F-2 se pagaron 1.596 millones de pesos), se generalizaron el miedo o la protesta. Y en cambio las cruzadas, las excomuniones, las corridas, se presentan precisamente ahora, cuando de acuerdo con diversas opiniones autorizadas el secuestro ha disminuido de manera apreciable (aunque no espectacular: hasta el 22 de febrero se habían presentado 32 casos). En su "oración" de Medellín, Vallejo Mejia afirmaba que esta "ola delicuencial ha dejado de ser esporádica para convertirse en mal crónico y generalizado". Pero su colega de gabinete, el ministro de Gobierno Jaime Castro, lleva dos meses asegurando tanto en público como en privado que el número de secuestros ha disminuido. Otro tanto dicen la gobernadora del Caquetá, Amparo Ossa, en cuya zona (y asi lo han aceptado voceros de los gremios en las reuniones regionales del Consejo de Seguridad) el secuestro prácticamente ha desaparecido, y el comandante de la IV Brigada, general Faruk Yanine, en lo referente a la región del Magdalena Medio, que hace un año proveia la mayor proporción de secuestrados del país.
Tanto el Caquetá como el Magdalena Medio son zonas de influencia guerrillera, y las declaraciones del ministro de Gobierno se han hecho en el contexto de la evaluación de la tregua con las guerrillas. Esto lleva, pues, a plantear el problema desde el ángulo cualitativo: no cuántos secuestrados hay, sino quién los secuestra. ¿Delincuentes comunes? ¿Organizaciones guerrilleras? Las caudalosas declaraciones dadas por el ganadero Abraham Domínguez en el momento de su liberación insistían en el hecho de que sus secuestradores eran jóvenes sin ninguna inquietud politica, prácticamente analfabetos y que sólo querían dinero "para mujeresy diversiones". Esto contrasta con las afirmaciones repetidas de los militares, según los cuales tanto Dominguez como su compañero de cautiverio, Gabriel Cano (aún desaparecido), estaban en manos del M-19: ése fue el principal argumento que esgrimieron para justificar ante el Presidente de la República y ante la opinión el ataque al campamento del grupo guerrillero en Yarumales, a fines del año. Pero contrasta también con las afirmaciones enfáticas de otros liberados recientes: Alvaro Mosquera Chaux, que pasó muchos meses en poder del Octavo Frente de las FARC, en el Cauca, y Hennio García, a quien el Frente Ricardo Franco liberó a los nueve dias de secuestrado, y sin pagar rescate, en el Valle.
Las discrepancias no se limitan a los casos señalados. Así, numerosas autoridades civiles aseveran que en sus departamentos respectivos la práctica totalidad de los secuestros es obra de delincuentes comunes. El gobernador del Huila, Antonio José Villegas, ha afirmado que allí han caido varias bandas de secuestradores "y en ninguna se pudo establecer conexión con la guerrilla". Y Camilo Jiménez, al presentar su balance como ex gobernador de Córdoba, fue muy claro: "Se ha reducido--dijo--la actividad terrorista, la extorsión y el boleteo que venían ejerciendo en Córdoba una cantidad de delincuentes comunes que se hacían pasar por grupos guerrilleros. Es una delincuencia oportunista, de personas sin ninguna clase de ideología, que adoptan esa forma de actuación para obtener dinero. La guerrilla--concluía el ex gobernador--ha dejado el boleteo y se ha dedicado al limosneo". Por su parte, y refiriéndose al ámbito nacional, el general (r) José Joaquín Matallana afirmó en el programa televisado "El Juicio" que "con excepciones muy contadas" todos los secuestros tienen una motivación económica, y no política, y las estadísticas de la Policía lo atestiguan asi al menos para un 70 por ciento de los casos. Pero los militares en activo suelen ser de otra opinión. Así, según el general Guzmán Domínguez, comandante de la Novena Brigada, el boleteo, la extorsión y el secuestro guerrilleros no dan tregua en el Huila.
Fuentes del F-2 adelantan una cifra exactamente contraria a la de Matallana: 70 por ciento de secuestros de guerrillas, y 30 por ciento de delincuentes comunes. El ministro de Defensa, general Vega Uribe, escogía por su parte una solución salomónica al salir el lunes 18 del Consejo Nacional de Seguridad: "No hay duda de que los secuestros los están realizando las guerrillas y los delincuentes comunes".
No hay acuerdo, pues. Y 105 militares complementan su tesis con el argumento de la "división del trabajo" en el seno de la guerrilla: mientras unos grupos respetan la tregua, escisiones de esos mismos grupos siguen practicando el secuestro y la extorsión (el Ricardo Franco para las FARC, la Brigada Quintín Lame o la misteriosa "Coordinadora de Occidente" para el M-19). Más que pruebas concretas, ofrecen deducciones e inferencias: la guerrilla, dicen, no puede sobrevivir sin los ingresos provenientes del secuestro: sobrevive, ergo secuestra.
Incluso en el caso de Abraham Domínguez, cuyas afirmaciones sobre el carácter no político de los guerrilleros son enfáticas, los militares se mantienen en sus trece: "demasiado enfáticas", dicen, y apuntan que esa absolución de la guerrilla por parte del ganadero puede ser parte del rescate que tiene que pagar. En este caso concreto, el secuestrado Hennio García agrega inferencias de su propia cosecha: segim declaró a SEMANA, existen curiosas coincidencias entre el secuestro de Domínguez y el suyo propio. En ambos casos, dice, sus captores eran jóvenes ignorantes. En ambos casos portaban metralletas UZI, de fabricación israelí. En ambos casos, secuestradores y secuestrado dormían en cama franca, sobre un camastro hecho de palos redondos cubiertos de paja y hojas de frailejón.
Pero los militares no se apova:l en estas similitudes de detalle, sino que parten de una afirmación de fondo: que en donde hay guerrillas no hay simultáneamente delincuencia común, y la zona donde fue secuestrado Dominguez está totalmente controlada por las guerrillas. Y la completan con otra: "si hubieran sido delincuentes comunes, los hubiéramos cogido".
La verdad es que nada de eso resulta totalmente convincente. Más sensato parece el reconocimiento de impotencia hecho por una alta fuente del gobierno: "Nadie puede medir, ni dentro ni fuera del Estado, qué proporción de los secuestros es política y qué proporción es de delincuencia común". Eso sólo es posible saberlo, y sin demasiada certeza, en los casos en que son detenidos o dados de baja los secuestradores. Porque a la confusión normal, de orden circunstancial --si políticos y comunes secuestran en el páramo, por ejemplo, no hay razón para suponer que los unos se lapan sólo con las hojas de frailejón, y los otros sólo con las flores--, se agrega el interés de unos y otros en borrar las pistas: a los políticos les conviene hacer creer que el delito fue cometido por comunes, para no aparecer ellos quenrando los pactos de tregua. Y a los comunes les interesa refugiarse bajo una sigla política, para desviar la investigación de las autoridades y amedrentar más fácilmente a la familia de la víctima.
Y a esto se agrega otro problema.
Así como comunes y políticos están interesados en echarse mutuamente las culpas, así también la interpretación de si un secuestro es común o es político varia en función de quien la haga: unos tienen interés en demostrar que la guerrilla sigue secuestrando, y más que antes, porque eso prueba que los pactos son una farsa y otros, por el contrario, quieren minimlzar ese aspecto para mostrar que el proceso de paz va por buen camino. Lo cual, de parte y parte, lleva a exageraciones aberrantes: por un lado, la de decir que el secuestro sólo puede eliminarse aniquilando previamente a las organizaciones guerrilleras; por el otro, la de decir que la motivación del secuestro es exclusivamente económica y el problema sólo se resuelve mediante la redistribución equitativa de la riqueza.
Cuando lo cierto es que en Colombia se ha llegado a una situación en la que el secuestro afecta casi por igual a diversas capas de la población: ya no se es secuestrable por ser rico --entre otras cosas porque, como señalaba el director de El Tiempo, Hernando Santos, en una reunión con motivo de la campaña anti-secuestro, "ya no quedan suficientes ricos"--, sino que el flagelo alcanza también a la clase media. De él sólo han parecido escapar incólumes, hasta ahora, los narcotraficantes, que solucionaron prontamente los dos únicos casos de secuestro cometidos contra ellos. El de Marta Nieves Ochoa se resolvió con la creación del MAS (Muerte a Secuestradores); el del padre de Pablo Escobar, mediante una costosísima operación de rescate en la cual intervinieron cuatrocientos hombres y varios helicópteros.
Pronta justicia en el caso de Marta Nieves Ocho?, y medios ilimitados en el del padre de Escobar. Y el problema del secuestro es que a la escala del país no existen ni la una ni los otros, y no es fácil que puedan ser eficazmente reemplazados por campañas de prensa o amenazas de excomunión canónica. La expeditiva retaliación practicada por el MAS ha sido ya propuesta, como proyecto de reforma jurídica, por algunos sectores que sugieren la implantación de la pena de muerte para los casos de secuestro en que muera la víctima. Así lo han hecho por ejemplo, el general Matallana en nombre del grupo Ciudadanos por la Paz y las Reformas, y Winston Nicholls en nombre de Fenalco de Pasto, que la extiende "a los sediciosos, a los traficantes del secuestro". Pero es muy poco probable que la idea llegue a abrirse camino en el Congreso, donde la detendrían sin duda consideraciones filosóficas y prácticas. Y en cuanto a la agilización y fortalecimiento de los aparatos investigativos, eso sí forma parte de la serie de propuestas que, según su anunció, le serán formuladas al gobierno por los promotores de la campaña contra el secuestro de El Tiempo y otros medios de prensa. Según Hernando Santos, a la campaña le han llovido ofertas económicas, y no cabe duda de que el principal factor de ineficacia de la justicia colombiana estriba en su endémica falta de recursos.
Por el momento, sin embargo, se trata solamente de ideas en el aire. Y de todos modos las autoridades achacan la gravedad del fenómeno del secuestro, más que a su ineficacia, a la falta de colaboración de la ciudadania: lo que el ex presidente de Fedegan, Vallejo Mejía, llamaba en su homilía una "aberrante manifestación de insensibilidad colectiva". El Comandante del Ejército, general Rafael Samudio, afirma que "las estadísticas son limitadas porque no se denuncia el delito", y añade que "no basta la acción de las autoridades, sino que es necesaria la solidaridad ciudadana y especialmente la colaboración de las familias" de las víctimas. Y no sólo de las familias. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Carlos Ossa Escobar, pide además "el señalamiento de los responsables, si es que se conocen, por parte de los grupos guerrilleros que de buena fé han firmado los acuerdos de paz. Esta es la única manera de "deslindar" a la delincuencia común de la guerrilla". En ese sentido iría, por ejemplo, la entrega de la lista de nombres del Ricardo Franco por parte de las FARC. Pero en el ministerio de Defensa no le atribuyen demasiada importancia--entre otras razones porque buena parte de los señalados son informadores del Ejército. Y de todas maneras, no hay que hacerse demasiadas ilusiones al respecto: interrogado por SEMANA, un guerrillero de las FARC res pondía con sencillez: "Ese no es nuestro oficio: nosotros no somos funcionarios de la Procuraduría".