El testigo del holocausto

"Aquí se trata simplemente de reafirmar que el personal de la cafetería salió vivo. Que fue llevado y torturado. Que fueron asesinados y fueron escondidos". Así, Ricardo Gámez, un ex informante del Ejército, relató en un video su testimonio de cómo ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El video fue grabado el 9 de diciembre de 2006 por los familiares de los desaparecidos y fue obtenido en exclusiva por SEMANA.

Para los que han investigado a fondo el holocausto del Palacio de Justicia, Ricardo Gámez siempre ha sido una incógnita, desde cuando radicó una declaración en la Procuraduría General de la Nación el primero de agosto de 1989. Allí Gámez, un desconocido, afirmó haber sido testigo de las torturas y las desapariciones de varios civiles por parte de la Fuerza Pública. Gámez, un ex policía que dijo ser informante de las Fuerzas Militares, salió exiliado del país con la ayuda de ONG internacionales. Aunque su versión fue desechada en su momento por la Procuraduría General delegada para las Fuerzas Militares, al no encontrar veraces sus afirmaciones, y por la Fiscalía durante varios años, para algunos siempre ha sido considerado el eslabón perdido, el hombre que podría dar luz a dos de los grandes misterios del Palacio: ¿cuántas personas salieron vivas y luego fueron desaparecidas? y ¿dónde están enterrados sus cuerpos?

Pero desde cuando contó su versión de los hechos, hace ya 17 años, Gámez se esfumó del mapa. No dejó rastro. En cada aniversario, o en libros sobre la tragedia, salían a relucir sus declaraciones. Pero nada más. Era un testigo sin cara ni voz. Hasta ahora.

En octubre de 2006, de manera sorpresiva, Gámez contactó a uno de los familiares de los desaparecidos y manifestó su interés de colaborar con la investigación penal abierta por la Fiscalía de Mario Iguarán. Luego se puso en contacto con la fiscal del caso, quien se mostró muy interesada en recibir su declaración. Inicialmente, Gámez propuso que fuera en la oficina de un diputado del Parlamento Europeo en Bruselas, pero la fiscal explicó que para que tuviera validez jurídica, se tendría que realizar en un consulado colombiano. Se hicieron todos los preparativos, incluida la provisión de una seguridad especial. Antes de que la fiscal viajara, a principios de diciembre, Gámez pidió que garantes internacionales asistieran a la diligencia y la fiscal explicó que no era posible legalmente.

Unos días después, el 9 de diciembre, Gámez, en una reunión con un familiar de las víctimas, solicitó que se le filmara su declaración. En un video de 32 minutos, Gámez ratifica sus denuncias y agrega detalles inéditos. Dice tener pruebas documentales. SEMANA conoció que existe un video que mostraría a varios de los desaparecidos siendo reseñados en la Casa del Florero.

Ricardo Gámez comienza su relato contando cómo días antes de la toma del Palacio de Justicia, todo el personal de Inteligencia fue acuartelado bajo la advertencia de que algo iba a ocurrir y ya se había montado un comando operativo en la Casa del Florero. Como se sabe, un mes antes, dos guerrilleros fueron detenidos merodeando el Palacio y tenían en su poder planos de la edificación. Las autoridades militares habían encontrado también, en un allanamiento en una residencia al sur de Bogotá, un casete que contenía la proclama que impartía el grupo guerrillero M-19 que se debía dar a conocer en el momento de la toma. Frente al plan descubierto por inteligencia militar, la seguridad del Palacio fue reforzada para proteger las vidas de los más altos dignatarios de la justicia en el país. Durante 21 días se mantuvo la protección especial, pero el 6 de noviembre de 1985 fue desmontada.

Relata el testigo que sobre las 5:30 de la mañana del primer día de la toma, él y varios agentes de inteligencia fueron ubicados en la carrera séptima cerca del Parque Santander, a la espera de lo que iba a pasar. Posteriormente, dice, cuando se desarrollaron los hechos, la orden fue hacer un barrido general que consistía en ver placas, carros y personas que eventualmente tuvieran nexos con los que estaban adentro. Esta operación estaba siendo coordinada desde la Casa del Florero, ubicada en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, a escasas tres cuadras del Palacio Presidencial.

"La situación operativa siempre la llevó a cabo el coronel Alfonso Plazas Vega (comandante de la Escuela de Caballería). En todo momento él fue autónomo en sus decisiones", dice en el video el testigo. "Recibí órdenes directas de Plazas de torturar y pasarle un informe. Si la persona fallecía, no había ningún problema, ya estaba predestinado para eso". Cuenta que los interrogatorios se hicieron con rostro descubierto porque siempre se supo que al final había que 'liquidarlos'. "El primer muerto fue un error de tratamiento con el medicamento que estaban utilizando".

Gámez, quien se describe a sí mismo como "personal seudo del servicio de inteligencia", hace énfasis en los desaparecidos de la cafetería de Palacio, quienes, de acuerdo con su versión, fueron repartidos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y a las Escuelas de Artillería y Caballería. Durante el transcurso del tiempo se ha logrado establecer que desaparecieron 11 civiles, entre ellos ocho empleados de la cafetería. Existen dos videos de televisión en los que se observan las imágenes de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, y de Cristina del Pilar Guarín, la cajera, saliendo vivos del Palacio.

"La orden expresa del coronel Plazas fue llevarlo (a Rodríguez), trabajarlo y darle informes seguidos de lo que el administrador de la cafetería iba diciendo", es la versión del testigo en el video. Muy poco se ha investigado por la suerte de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Sólo después del vigésimo aniversario de la tragedia, la Fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada.

Gámez describe, además, en una forma aterradora, el momento en que una mujer embarazada que fue evacuada del Palacio, dio a la luz dentro de un camión militar. Ella desapareció y su bebé quedó en poder de un suboficial militar. "El chico vive. Existe en Bogotá. Trabaja y tengo los documentos para probarlo". Aunque en el video el testigo no menciona su nombre, se cree que se trata de Ana Rosa Castiblanco, quien trabajaba como auxiliar en la cocina de Palacio. Tenía siete meses de embarazo y dejó un niño de 4 años, que hoy ya tiene 26 años de edad. Éste quedó atónito cuando conoció el video hace unos días (ver recuadro).

Otro de los grandes misterios del Palacio es el incendio de la noche del 6 de noviembre. No se sabe a ciencia cierta cómo empezó la conflagración. Según Gámez, "cuando se llegó a la recuperación del Palacio, se entró a hacer un barrido. Había un grupo que se encargó del estopaje, de recoger las estopas que habían quedado sin quemar y que se utilizarían para avivar el fuego". Termina Gámez su relato diciendo que el personal militar que participó, según él, en las torturas, en la muerte y en las desapariciones, fue rotado. Los soldados que cumplían labores de inteligencia fueron cambiados un mes después. Había un batallón de pastusos que también se desintegró. Los únicos que quedaron en sus puestos fueron los suboficiales y los oficiales de inteligencia. "Un mes y medio después de los hechos, fuimos remunerados con metal, con dinero. Se nos dieron muchas prebendas. Tanto a nosotros, como a gente que estaba por nómina, a efectivos, activos". En comunicación con SEMANA, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega dijo que los señalamientos de este testigo en su contra aparecen en el proceso que se está desarrollando actualmente y que, llegado el momento, su defensa pedirá contra interrogar a Gámez para desvirtuar cada una de sus acusaciones. Ya en octubre de 1989 el procurador delegado para las Fuerzas Militares, José Plinio Moreno, no halló sustento para ordenar una investigación formal.

El nuevo testimonio de Gámez deja abiertos importantes interrogantes. Gámez habla de situaciones que ocurren en distintos espacios y momentos. La pregunta que surge inmediatamente es cómo pudo esta persona tener acceso a tantos sitios restringidos. No es claro en el relato de cuáles hechos fue testigo y cuáles conoció por otras personas o razones. Esa es una de las preguntas que han estado en el ambiente desde cuando hizo su primera declaración y que le han restado credibilidad judicial. Y por eso el interés de la fiscal para interrogarlo.

Hay preguntas sobre el perfil del testigo. Según su escrito de 1989, se trata de un policía retirado que luego trabajó como informante de las Fuerzas Militares. ¿Puede alguien que se desempeñe como simple informante recopilar información tan exclusiva, amplia y detallada? Una posible explicación obtenida por SEMANA es que para la época de los hechos, Gámez se movía con total libertad porque hacía parte de un pequeño grupo de fuerza especial encargado del trabajo 'sucio' de inteligencia y el cual habría sido pagado por una 'caja negra' de la institución. Queda una pregunta fundamental: ¿qué lo motiva a regresar a la palestra pública? En su declaración de 1989 dijo que "en los organismos de inteligencia se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable". Pero ya han pasado 17 años y, según pudo conocer SEMANA, ha logrado rehacer su vida en el exterior. ¿Por qué, entonces, decide romper su aparente tranquilidad y ofrecer aportar su testimonio y adjuntar documentos que, según él, ratifican sus afirmaciones? Un factor parece haber sido el avance de la investigación de la Fiscalía y en particular la llamada a indagatoria al coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, ex jefe del B-2 de inteligencia militar, en agosto de 2006.

Es claro que se trata de un testigo que tiene poco margen de maniobra, y que su relato avanza por el estrecho filo de la auto incriminación en un delito no prescriptible, como la desaparición forzada. El propio Gámez afirma que durante el desarrollo de los hechos estaba a órdenes de quienes señala como verdugos de los empleados de la cafetería. No es coincidencia que en noviembre pasado, durante los fallidos acercamientos a la Fiscalía, dijera expresamente en el oficio de reconocimiento de identidad ante el consulado de Sevilla que "no participé ni en torturas, ni en desapariciones en cuanto al hecho sobre el cual voy a relatar".

Pero a pesar de la encrucijada en la que se encuentra, en el video Gámez vuelve a ofrecer su testimonio y pruebas a la justicia si se dan las "condiciones". Según conoció SEMANA, él teme ser capturado durante la diligencia.

Sin duda, Ricardo Gámez sabe cosas muy delicadas. De eso nadie duda hoy. Podría dar elementos a un proceso judicial que por fin arrancó. Se está investigando la responsabilidad de la Fuerza Pública en las desapariciones y ya hay varios militares vinculados judicialmente. Entre ellos, el coronel retirado Edilberto Sánchez está detenido, y el coronel retirado Alfonso Plazas ha rendido indagatoria en varias sesiones. La Fiscalía parece empeñada en esclarecer las desapariciones del Palacio de Justicia y cerrar un capítulo oscuro de la historia colombiana. Gámez podría aportar una necesaria luz para llegar, por fin, a la verdad. Así sea 21 años después.