Defensoría pide investigación por inscripción irregular de cédulas en Sumapaz; asegura que usaron buses para traer gente fuera de Bogotá

La localidad 20 de Sumapaz, en Bogotá, se encuentra en el ojo de las autoridades debido a las preocupantes denuncias sobre un presunto fraude por inscripción irregular de cédulas, un hecho que ha generado inquietud previo a las elecciones regionales programadas para este 29 de octubre. El Oficio de Consumación elaborado por la Defensoría del Pueblo ha arrojado luz sobre esta irregularidad que amenaza la transparencia electoral en la localidad.

De acuerdo con información recolectada por la Defensoría de sectores sociales organizados y partidos políticos, se denunció el presunto ingreso de autobuses procedentes de municipios vecinos del departamento de Cundinamarca y de la zona urbana de Bogotá. Estos vehículos habrían sido utilizados para transportar a personas con el objetivo de que se inscribieran en los puestos de votación de la localidad de Sumapaz.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, manifestó su preocupación ante la situación y advirtió sobre el ambiente tenso que prevalece en la localidad, el cual podría desembocar en manifestaciones y protestas.

“Es muy preocupante lo que relatan las comunidades de esta localidad, allí hay un ambiente de tensión que podría resultar en manifestaciones y protestas”, aseguró el defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo consideró que estas denuncias son sumamente inquietantes, ya que si la situación se agrava, podría tener un impacto significativo en el proceso electoral de la localidad y potenciar los factores de amenaza que se mencionaron en la Alerta Temprana 005 de 2022, “en la que se evidenciaron riesgos de violencia por parte de grupos armados”. Cabe recordar que el Sumapaz fue “por años fue corredor estratégico de grupos armados ilegales, principalmente de las Farc, que ejerció el control territorial en la zona”.

Carlos Camargo Assis hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades investiguen y tomen medidas que garanticen la transparencia del proceso electoral en la localidad del sur de Bogotá. Hasta la fecha, según el funcionario, ninguna entidad se ha pronunciado sobre este presunto fraude por inscripción irregular de cédulas.

El Oficio de Consumación del Riesgo se dio a conocer durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de las Garantías de los Procesos Electorales. Además, se destacó que la entidad tiene registradas 18 amenazas contra candidatos o miembros de campañas para el Concejo y las Juntas Administradoras Locales en la capital, lo que aumenta aún más las preocupaciones en torno a la integridad de las elecciones en Bogotá.

Defensoría pide a la CIDH respaldar medidas cautelares para candidatos

De otro lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se reunió con Tania Reneaum Panzila, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar información adicional relacionada con la medida cautelar MC-690-23, que fue presentada ante esta organización en agosto. El objetivo de esta medida es salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y los derechos políticos de funcionarios públicos, como alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, y personeros, así como de candidatos y candidatas en las elecciones territoriales de Colombia. Esta solicitud se fundamentó en el actual contexto de violencia que afecta al país.

En el encuentro con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Barranquilla, el pasado 6 de octubre, Carlos Camargo expresó: “Solicitamos a la CIDH que se resuelva de manera favorable la solicitud de medidas cautelares presentadas, atendiendo las razones de gravedad, urgencia y daño irreparable en la que se encuentran las personas enunciadas”.

El defensor enfatizó la importancia de que estas medidas se declaren antes de las elecciones programadas para el próximo 29 de octubre de 2023, debido a la creciente violencia en el país.

Durante su intervención, Carlos Camargo presentó ejemplos específicos de incidentes que han ocurrido después de la presentación de la medida cautelar, los cuales fueron reportados por las Defensorías Regionales a raíz de denuncias de las personas afectadas.

Se destacan casos como el del gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien fue incluido como beneficiario de la MC-690-23. El gobernador ha expresado su preocupación debido a la reducción de su esquema de seguridad, a pesar del riesgo al que está expuesto. Además, el gobernador proporcionó a la Defensoría del Pueblo un video de las Farc en el que se hace mención de él.