Procuradora, preocupada por aumento del riesgo electoral: hace llamado al Gobierno nacional para atender riesgos y constreñimiento

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, expresó serias preocupaciones en relación con la “poca atención prestada” por las entidades del Gobierno nacional ante el creciente riesgo electoral en Colombia, atribuido a la vulneración de derechos de las comunidades y la coacción ejercida por grupos armados ilegales en el país.

Durante la presentación de un informe de seguimiento elaborado por la Defensoría del Pueblo con respecto a la Alerta Temprana 030, emitida desde agosto de 2023 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la jefe del Ministerio Público señaló que los llamados realizados a nivel nacional, regional y local para mitigar estas amenazas han sido pasados por alto por el Gobierno nacional.

El informe de la Defensoría del Pueblo describe la evolución del riesgo, así como la ocurrencia de conductas que violan los derechos de la población en potencial situación de riesgo.

“El informe que nos ha presentado el defensor del Pueblo da cuenta de la evolución del escenario de riesgo advertido y detalla el incremento de los factores de riesgo o la mitigación de los mismos, pudiendo observar la ocurrencia de conductas vulneratorias contra los derechos de la población en potencial situación de riesgo”, indicó la procuradora.

La funcionaria instó al Gobierno a tomar medidas decisivas durante los últimos 10 días previos a las elecciones. Además, recordó que la entidad llevará a cabo un análisis en colaboración con el recién creado Grupo Especial Disciplinario Electoral, compuesto por cuatro procuradores delegados, para determinar las acciones que se emprenderán contra los responsables de atender 11 de las 48 recomendaciones priorizadas en la etapa preelectoral y electoral de la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023.

En el seguimiento realizado se ha evidenciado un aumento alarmante en las conductas vulneratorias. Mientras que entre enero y julio se registraron 173 casos, en tan solo dos meses, agosto y septiembre, se contabilizaron 204 conductas similares. Se destaca que cuatro departamentos concentran el 41 % de estas acciones durante el año en curso, siendo ellos Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.

La procuradora Cabello enfatizó que no debe haber lugares excluidos en el país para llevar a cabo las elecciones y, por lo tanto, solicitó con urgencia que las diferentes entidades y, en especial, las fuerzas de seguridad presenten planes de acción para garantizar la seguridad de los candidatos y ciudadanos en las elecciones del próximo 29 de octubre.

“No puede haber lugares vedados en el país para realizar las elecciones, por lo que solicitamos de manera urgente a las diferentes entidades y en especial a la fuerza pública, presenten los planes de acción para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos el próximo 29 de octubre”, añadió.

Además, advirtió sobre los riesgos de alteraciones al orden público posteriores a los resultados electorales, debido a la polarización política que atraviesa el país, y llamó a la calma a los ciudadanos, partidos y movimientos políticos.

La alerta electoral emitida por la Defensoría

Faltando tan solo 10 días para las elecciones regionales en Colombia, la Defensoría del Pueblo presentó el ‘Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023′, el cual reveló un notorio incremento en el número de acciones violentas que están afectando a las comunidades en el período previo a los comicios del próximo 29 de octubre.

Cuando la Defensoría emitió la Alerta Temprana 030 en agosto pasado, en el contexto electoral, se identificaron 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. No obstante, dos meses después, según la entidad, el riesgo persiste en estos municipios y se ha observado un aumento en los actos violentos en estas regiones.

La Alerta Temprana 030 abarcó las vulneraciones desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2023, con un total de 173 conductas violentas registradas. Este número, según la Defensoría, ha aumentado en el período entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, con un total de 204 acciones violentas, en particular contra candidatos a alcaldías y concejos, así como líderes sociales o comunitarios.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, destacó que a medida que las elecciones se acercan, aumentan las acciones violentas de grupos armados ilegales contra candidatos y líderes. Los grupos involucrados en estas vulneraciones incluyen disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y el ELN, además de grupos de crimen organizado, aunque en muchos casos los autores son desconocidos.

El informe también señaló que la respuesta estatal ha sido limitada y “carente de claridad” en las acciones de protección y prevención para las poblaciones en riesgo. La Defensoría del Pueblo ha realizado recomendaciones a siete entidades en el marco de la Alerta Temprana 030 y solo cinco de ellas han respondido de manera sustancial, mientras que la Presidencia de la República solicitó ampliación de información sin ofrecer respuestas a las recomendaciones.