El duro adiós a la pimpina

La Guajira ha sufrido del abandono estatal y registra elevados indicadores de pobreza. Contrabando, narcotráfico, el accionar de grupos armados ilegales y una rampante corrupción han golpeado con fuerza a esa región. Además, fue eje de las operaciones de un mercado ilegal que por años se fortaleció: el de las pimpinas con gasolina roja traída de contrabando desde Venezuela.

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Por la hiperinflación en el vecino país, que en 2019 podría llegar a 10‘000.000%, según el FMI, el combustible que lleva décadas subvencionado y que tuvo precios siempre muy por debajo de la media regional pasó a ser casi regalado. Del lado colombiano de la frontera llegó a venderse a menos de $1.000 por galón, mientras que la gasolina nacional, subsidiada en áreas de frontera, oscilaba entre $6.500 y $7.500.

El negocio había sido tan lucrativo —con márgenes hasta de 10.000%— que permitió alimentar poderosas mafias en las que por años participaron paramilitares y guerrillas, que también surtían de combustible a los narcos. Pero todo empezó a cambiar desde enero pasado.

El bloqueo

El precio de los combustibles en la frontera se disparó ante la imposibilidad de traer contrabando de Venezuela, donde la producción de gasolina está caída.

En Venezuela no hay cifras oficiales. Se estima, por cifras de organizaciones de trabajadores del sector petrolero, que las necesidades de gasolina en el país son de 500.000 barriles diarios, de los cuales la estatal PDVSA solo estaba surtiendo 300.000 barriles diarios a finales de 2018, debiendo importar el combustible restante.

La capacidad de refinamiento de PDVSA es de 1,3 millones de barriles por día, con seis plantas de las que apenas opera una a plena capacidad, Amuay. La falta de inversión y mantenimiento llevaron al caos a la industria y eso generó una paradoja: Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del planeta pero no puede explotarlas ni refinarlas.

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Para completar, al inicio de año el gobierno estadounidense anunció sanciones económicas más fuertes en contra del gobierno Maduro: congeló US$7.000 millones en activos de PDVSA bajo su jurisdicción y prohibió cualquier tipo de negocio con la empresa estatal.

Ello no solo le significó a la petrolera la clausura de su mayor mercado, sino también el cierre a la importación de repuestos, gasolina y de disolventes para la refinación. La producción de crudo está también en picada y en lo corrido del año –según cifras de la Opep– hay meses en los que el promedio mensual ha estado por debajo del millón de barriles por día. La mayoría se emplea en el pago de un estimado de US$62.000 millones en deuda adquirida con China y Rusia.

Tanques secos

Solo fue cuestión de tiempo para que empezaran a aparecer las filas de vehículos en las estaciones de servicio venezolanas, un racionamiento que siente con todo rigor la periferia. Los estados fronterizos con Colombia –Zulia, Táchira y Apure– ya eran objeto de severas limitaciones en el suministro de combustibles, buscando limitar su contrabando hacia Colombia. “En promedio, 11,5 millones de galones ingresaban mensualmente al departamento de La Guajira”, estima Julián Cabeza, subdirector económico del Fondo Soldicom.

“Una porción de este combustible ilegal se quedaba en el departamento, mientras el resto continuaba hacia el interior del país, donde se demanda a un mayor precio. El promedio mensual de la demanda legal de combustibles de La Guajira en el último quinquenio es de 1,2 millones de galones”, destaca el analista.

Una pimpina de gasolina (5,28 galones) en las calles de Riohacha pasó en marzo pasado de $12.000 a $60.000, aunque aún hubo mercado, puesto que el abastecimiento de gasolina nacional a precio subsidiado no era el suficiente. Hoy su valor puede llegar a los $200.000 y no se consigue. “Esta problemática resultó ser un choque para las operaciones de los grupos dedicados al tráfico y comercialización de combustibles ilegales al no tener oferta”, añade Cabeza.

El departamento tiene un cupo de combustible subsidiado de 1‘748.460 galones al mes, pero a ciencia cierta no hay una cifra que determine el consumo real. A finales de junio Rosario Henríquez, la presidenta de Atayawacoop, la principal distribuidora de combustibles de La Guajira, pidió aumentar esa cifra a 5 millones de galones.

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Wilder López, presidente de la Asociación de Minoristas de La Guajira señaló que “las estaciones de servicio viven una gran crisis. Estamos viendo colas y no damos abasto para suplir la demanda”. Criticó el sistema de cupos porque los cálculos se hacen con el histórico de compras de las estaciones.

Dos resoluciones del Ministerio de Hacienda autorizaron un incremento de 967.819 galones en junio, lo que fue insuficiente y, frente a las filas de vehículos en las estaciones, fue necesario autorizar una ampliación de 543.768 galones para un cupo total de 3‘260.047 galones, en total 86% más.

“Los volúmenes máximos de combustibles disminuyen el precio al consumidor final en los municipios reconocidos como zonas de frontera, pero no cumplen un papel de abastecimiento, de tal forma que cuando se consume la totalidad del volumen subsidiado, las estaciones de servicio deben llevar a cabo la función de distribución a precio nacional”, señaló el Ministerio de Minas en un cuestionario remitido por DINERO.

El golpe no solo lo sienten los consumidores guajiros sino, además, sectores altamente sensibles como transporte, minería y alimentos. Ya un paro de cuatro días a fines de junio dejó ver el descontento de la población. Ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno.