Licitación de conectividad rural pone en el centro de la polémica al MinTIC

El contrato de los Centros digitales, una continuidad al plan de conectividad que se ha desarrollado bajo programas como Kioskos Digitales o Vive Digital, generó una gran polémica al tratarse de una de las licitaciones más importantes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) en años, según dijo a Dinero una fuente cercana al asunto.

Se trataba de un “plan muy esperado” para la conectividad en comunidades rurales como pueblos y veredas para el que se estimaba un solo proyecto de más de $2 billones, pero que, finalmente, ha sido dividido en dos como parte de una reestructuración que supuestamente hizo el MinTIC.

Así las cosas, el contrato se dividió en dos regiones. La primera ha sido denominada “A”, integrada por Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. La segunda fue catalogada “B” y es conformada por Amazonas, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Putumayo, Vichada, entre otros.

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Para el segundo informe fueron descalificadas dos firmas internacionales que buscaban competir por el contrato, lo que ha derivado en una polémica que podría extenderse “más allá de las fronteras”, dijo a Dinero el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y líder de una acción popular contra el proceso, Pablo Bustos.

La propuesta desestimada de Estados Unidos, denominada UT RED IRIS, estaba conformada por Hughes SAS y BT LATAM, propiedad de Sencinet. La primera es dueña de los satélites que actualmente proveen el servicio de internet satelital en Colombia y la segunda tiene experiencia en la provisión de internet rural en el país.

Asimismo, se desestimó la propuesta asiática de China Great Wall Industry Corporation, con experiencia en la construcción de satélites y también de servicios relacionados a estos.

Las partes que cuestionan el proceder con respecto a este contrato defienden que los dos proponentes internacionales ofrecían mayor velocidad y puntos de cobertura. En el caso de las firmas estadounidenses la diferencia era de 879 comunidades, manifestaron fuentes consultadas por Dinero.

En este sentido, aseguran que el impacto de la decisión será para las comunidades, ya que estiman que entre 100.000 y 200.000 estudiantes, profesores y trabajadores en los colegios afrontarán la desconexión.

Además, acusan un impacto semidirecto a entre 400.000 y 800.000 personas, que van desde estudiantes, sus familias, profesores y trabajadores de colegios. A la vez, ven un impacto indirecto a entre 2 millones a 3 millones de personas que no podrán conectarse a internet.

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El punto de la discordia: los seleccionados

Luego de que fueron desestimadas las propuestas de los competidores internacionales en un escenario de 10 ofertas iniciales, el Fondo TIC adjudicó la región A a Claro, lo que generó critica ante el debate por su presunta dominancia en el mercado de las telecomunicaciones, aunque no por su capacidad ya demostrada.

Al respecto, la compañía compartió un comunicado a Dinero en el que señala que “celebra el poder hacer parte de uno de los proyectos de conectividad rural más grandes que se hayan visto en la historia del país para que escuelas, puestos de salud, comunidades indígenas, parques naturales y Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación cuenten con servicio de internet sin costo”.

“Este ambicioso proyecto nos permitirá llevar conectividad a las comunidades más vulnerables del país, confirmando nuestro compromiso de inversión de los últimos 20 años”, dijo el presidente de Claro Colombia, Carlos Zenteno.

Así las cosas, Claro será el encargado de llevar internet gratuito a 7.468 centros digitales ubicados en 17 departamentos que corresponden a la región A.

¿Qué paso con la región B?

Pero es la región B la que ha despertado mayor polémica ya que fue adjudicada a Centros Poblados, “un proponente muy cuestionado”, según han coincidido fuentes consultadas por Dinero.

Quienes denuncian esta situación señalan que este proponente está conformado por empresas locales que presuntamente no tienen experiencia en el sector de telecomunicaciones y advierten además que la firma que ha acreditado experiencia, Funtic, “está siendo investigada por desfalcos a regalías”.

“Estamos ante un problema de falta de respeto al patrimonio público, a la moralidad administrativa y en general a los principios rectores de transparencia que deben gobernar los procesos contractuales: la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes. Todos estos principios fundamentales fracasaron en la apuesta del MinTIC”, manifestó Bustos.

Además, fuentes cercanas al proceso advierten que estos proponentes tienen vacíos al no contar con la garantía bancaria y la experiencia. Aunque uno de los puntos más espinosos es la infraestructura, ya que tendrán que “subcontratar” servicios satelitales.

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Un polémico “asesor”

Otro de los aspectos de atención detrás de este contrato tiene que ver con un asesor del Ministerio que supuestamente tuvo injerencia y un papel “muy activo” para que se desestimaran las propuestas de los oferentes internacionales.

Bustos argumenta que “la ministra (Karen Abudinen Abuchaibe) tenía toda la tecnología para ser participe de manera directa del proceso y solo lo hizo para defender a su asesor, que además fue muy activo en las objeciones que presentó y con las cuales triunfó la descalificación de oferentes internacionales”.

“Este proceso fue hecho para que ganaran los más incompetentes (…) se trata de un proceso de prestación de servicios de conectividad a lugares más marginales donde no llega la telefonía comercial, por tanto, se requería de equipos satelitales y las firmas que los tenían, que tenían la experiencia y el músculo financiero reconocido mundialmente, no pudieron entrar porque los criterios de participación, jurídicos fundamentalmente, fueron leguleyadas del propio MinTIC”, apuntó Bustos.

Y agregó que las firmas fueron excluidas por no acreditar un documento en la Cámara de Comercio, aunque “no lo requerían”, o por no autenticar una firma de una traducción ante la Cancillería, según su versión.

El hecho es que esta polémica ha llegado al plano diplomático, dado que Pablo Bustos expone que tanto EE. UU. como China han enviado reclamos por el trato que se les ha dado a sus empresas en el proceso.

Además, ya cursan tanto una acción de tutela como una acción popular sobre este proceso, con lo que se busca impedir la firma de los contratos, el desembolso de anticipos (unos $170.000 millones en unos 30 días) y la suspensión del proyecto de conectividad. 

Dinero consultó al MinTIC sobre el asunto y le envió unas preguntas al respecto, aunque hasta la publicación de este artículo no había respondido.