¿Cuál es el conflicto en EPM?

Todo un terremoto político y empresarial se desató en Medellín luego de que Daniel Quintero, alcalde de la capital antioqueña, anunciara por medio de su cuenta de Twitter una demanda por $9,9 billones en contra del consorcio constructor de Hidroituango (Construçoes e Comercio Camargo Correa S. A. y las paisas Constructora Conconcreto S. A. y Coninsa Ramón H. S. A.; los diseñadores, como Integral S.A.; interventores y aseguradoras, como Chubb y Suramericana), con la que se pretende recuperar para las arcas públicas los daños emergentes, los costos y el lucro cesante.

Horas después de que se conociera esta decisión tomada por el alcalde, la junta en pleno envió su carta de renuncia. “En relación con Hidroituango y sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, [...] la junta de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales en contra de contratistas y compañías de seguro del proyecto”, decía la carta.

En la comunicación, los 8 miembros de la junta dejaron claro su desacuerdo por el manejo que le ha dado la administración a la compañía. “Señor alcalde, al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del grupo EPM y el reiterado desconocimiento de la junta directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia”, concluye la comunicación.

La acción jurídica de reclamación fue el florero de Llorente para EPM, pues desnudó un malestar que ya se venía presentando entre el alcalde y los miembros de la junta. Según ha trascendido, dicha relación se encontraba minada desde que Quintero presentó al Concejo de Medellín un proyecto para ampliar el objeto social de EPM, que luego tuvo que ser retirado y que, al parecer, tampoco fue consultado con la junta.  

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En diferentes declaraciones en medios de comunicación, el mandatario indicó que, en el caso de la demanda, jurídicamente no se encontraban obligados a consultar a los miembros de la junta.

En diálogo con Dinero, el gerente de EPM, Álvaro Rendón, negó tajantemente que se haya desconocido a los miembros de la junta en las dos ocasiones mencionadas. Indicó que en el caso de la ampliación del objeto social, era una idea que venía desde la administración anterior y aseguró que los miembros de la junta ayudaron a refinar el proyecto.

Rendón le bajó el tono a la demanda y explicó que en realidad se trata de una conciliación y que responde a una petición hecha por la junta. Incluso, mencionó que junto a Luis Fernando Álvarez y Manuel Santiago Mejía se alcanzaron a reunir con una de las empresas involucradas con el fin de adelantar una conciliación. Sin embargo, indicó que al ser EPM una empresa de carácter público, este tipo de discusiones deben hacerse ante los entes correspondientes, en este caso la Procuraduría. No obstante, reconoció que el documento final no fue socializado por cuestiones de tiempo ya que estaban a punto de vencerse los términos legales para presentar dicho recurso legal.

Estas explicaciones no sirvieron de mucho para evitar una crisis institucional que fracturó fuertemente la larga tradición de gobierno corporativo que había construido por años EPM. El analista del mercado de capitales Andrés Moreno, explicó que los inversionistas de renta fija buscan tranquilidad y el hecho de que las decisiones importantes de EPM pasen por solo una persona puede tener efectos negativos en la confianza. 

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Fitch Ratings redujo la calificación de BBB a BBB-  y mantuvo la perspectiva negativa, al considerar que se dio un deterioro en los controles de gobierno corporativo y en la independencia entre EPM y la alcaldía, que está contemplada en un acuerdo.

Los fondos de pensiones, uno de los principales tenedores de bonos, también pusieron el grito en el cielo por el desafortunado manejo en el gobierno corporativo. Por medio de una carta dirigida a Quintero, Asofondos expresó su preocupación por lo sucedido en EPM y le recordó al mandatario que han comprado cerca de $3 billones en bonos que representan el ahorro de cerca de 16 millones de colombianos.

El fin de semana pasado el consorcio constructor le pidió a EPM reconsiderar la medida y se mostró sorprendido por la decisión de la administración.

Este tsunami marcará un antes y un después en las alianzas público-privadas en Medellín, ciudad referente en el tema.

Además, la Superintendencia Financiera hizo un requerimiento a EPM sobre la situación de gobernanza de la compañía y la reducción de la calificación por parte de Fitch. En su respuesta, el grupo advirtió que esta reducción no ha generado, a la fecha, aceleración de obligaciones financieras, el incumplimiento o activación de covenants financieros, ni ha implicado la exigencia de garantías adicionales por los actuales acreedores financieros.

Sin embargo, reconoció que "ha recibido notificación de algunas entidades financieras locales e internacionales en cuanto a suspensión temporal de relaciones comerciales, lo cual reduce los cupos en operaciones como créditos, coberturas de riesgo cambiario y garantías bancarias, sin que, a la fecha, esto haya tenido efecto material en la liquidez y operaciones".

¿Y Ruta N?

Horas después del revuelo causado en EPM, pasó algo similar en Ruta N, la corporación que apoya el emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología en la región. Luego de que su junta directiva se enterara, por una declaración de Quintero en un medio de comunicación, que Javier Darío Fernández sería el nuevo director de la corporación, parte de esta renunció. Según la carta de renuncia, el alcalde no consultó dicha designación con los miembros de la junta. 

Ruta N se ha convertido en un referente de innovación y tecnología a nivel regional.

Frente a esto, Quintero aseguró que esta decisión fue motivada porque Juan Andrés Vásquez, el director saliente, se habría alejado de la administración.

En entrevista con Semana TV, Vásquez manifestó que se generó una ruptura institucional, pues el director debe ser nombrado por la junta. “Esta instancia no se dio y por eso el malestar en los miembros de la junta [...]. No siguieron el conducto ni lo que dicen los estatutos”, agregó.

El director saliente explicó que, aunque no conoce las verdaderas razones de la determinación, en la alcaldía le dijeron “que tenía buenos resultados en términos técnicos, pero no políticos”. Asimismo, hizo un llamado para que el tema de tecnología e innovación no se politice, pues cree que Ruta N debe estar por encima de los gobiernos de turno.

Quintero y EPM

Desde su campaña a la alcaldía, Quintero Calle fue muy crítico de la gestión que venía desarrollando EPM en Hidroituango y de la influencia del Grupo Empresarial Antioqueño en la organización. Pues ya algunos proyectos no habían salido de la mejor manera. Un ejemplo de esto es el proyecto Porce III (Construido por Conconcreto e Integral) donde, según la concejal de Medellín, Paulina Aguinaga, se registraron pérdidas cercanas al billón de pesos y la construcción de la hidroeléctrica Bonyic en Panamá, donde algunos cálculos apuntan a que la empresa habría perdido US$150 millones y en donde además se presentó un retraso de casi 9 años.

En el caso de Hidroituango, una grave contingencia, sobrecostos, un contagio masivo de covid 19 y ahora una billonaria demanda y la renuncia de toda la junta directiva enmarcan el viacrucis de la obra. 

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Han pasado casi 10 años desde que se firmó el acuerdo de construcción de la hidroeléctrica con la que se buscará generar 17% de la demanda energética del país y que está ubicada sobre el río Cauca, entre el corregimiento de Puerto Valdivia y el municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. Desde la misma adjudicación del proyecto empezaron los problemas. En ese entonces Idea –el Instituto para el Desarrollo de Antioquia– que depende de la Gobernación de Antioquia, tomó el control del proyecto comprando la participación de los minoritarios a pesar de que había un acuerdo para mantener las partes iguales con EPM. No obstante, EPM, con la ayuda del empresariado paisa, se quedó con la construcción de la obra.

La primera unidad del proyecto debió entrar en funcionamiento a finales del 2018. Sin embargo, su construcción ha estado llena de contratiempos. En 2015, luego de evidenciar un retraso de casi dos años por cuenta de problemas en el terreno, EPM firmó un acuerdo de aceleración de más de $350.000 millones con el consorcio constructor. En síntesis, este acuerdo consistía en jornadas de trabajo de 24 horas los 7 días de la semana y un aumento en la capacidad constructiva con equipos adicionales.

En 2018 se presentó el derrumbe de un túnel auxiliar por el cual se desviaba el río durante la construcción. El hecho desató una gran contingencia donde, incluso, se alcanzó a presentar un riesgo de avalancha para las comunidades aledañas. Por estos hechos los entes de control ya tienen abiertas varias investigaciones.

En los cálculos iniciales se preveía que Hidroituango tendría un costo cercano a los $7 billones. Actualmente se cree que la cifra ya llega a los $16 billones.

En cuanto a la entrada en operación de Hidroituango, el gerente de EPM le aseguró a Dinero que se está haciendo un seguimiento diario a la obra y a los tiempos del cronograma, y que en 2022 entrarán a operar cuatro de las ocho unidades del proyecto, lo que les permitiría cumplir con los compromisos de generación.

El futuro

Aunque el alcalde ha dejado claro que su principal objetivo es salvar el proyecto, recuperar los recursos públicos y mantener una buena relación con los empresarios; lo cierto es que la renuncia de la junta directiva erosionó el matrimonio que se dio durante años entre el sector público y el poderoso empresariado paisa. 

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Pero al margen de esto, es fundamental que rápidamente se fije un norte claro para la compañía que permita recomponer las fisuras en su Gobierno Corporativo y que, sobre todo, se proteja la separación entre la política y el manejo dentro de la empresa pública más importante del Colombia. Al cierre de esta edición, el alcalde Quintero anunció la nueva junta directiva: Luis Fernando Mejía, Jorge Iván Palacio, Omar Flórez, Sandra Suárez* y Luis Fernando Rico. Ahora deberá garantizar la llegada a buen puerto del proyecto Hidroituango y, además, la entrada en operación de Caribe Mar, pues ambas apuestas son una pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad energética del país.

*Gerente de Publicaciones Semana 

Habla el Gerente de EPM  

Álvaro Rendón, gerente de EPM.

¿Qué decirles a las calificadoras en torno al manejo del gobierno corporativo de EPM?

Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad del mercado de capitales y al sector financiero. Todo está bajo control, las operaciones están en ejecución, no hay ningún proceso desacelerado y ajustaremos los protocolos internos en las políticas de gobierno corporativo. Se presentó la renuncia intempestiva de la junta directiva ante unos hechos que hemos lamentado. Pero estos no fueron ocasionados por una decisión unilateral de la administración, sino por la voluntad de los miembros de la junta.

¿Por qué no se consultó a la junta directiva sobre el cambio del objeto social de la compañía?

Este proyecto para extender el objeto social lo recibió el alcalde en el proceso de empalme y fue revisado para integrar las nuevas ideas. En una sesión extraordinaria de junta llevada a cabo el 11 agosto, el alcalde dio las explicaciones y aclaró que este proyecto sí fue estudiado por la junta en varias oportunidades, incluso en las mismas actas quedó claro que los miembros de la junta ayudaron a refinar el sentido de las facultades que se estaban pidiendo al Concejo.

¿Se le consultó a la junta directiva sobre la demanda de los $9,9 billones?

En todo el tiempo la conciliación fue una petición hecha por los mismos miembros de la junta quienes determinaron que este debía ser el camino. Estábamos en plan de oírlos todo el tiempo, incluso estuvimos en un conversatorio a manera de conciliación con la empresa Integral. Lo que ocurre es que al ser EPM una empresa pública negociar en una mesa no comporta decisiones vinculantes, por lo que estábamos abocados a tener que llamar a la Procuraduría delegada ante el Tribunal Administrativo. Si hacíamos un acuerdo privado podría causar reparos en los órganos de control. Si bien el documento como tal no fue presentado ante la junta por riesgo de vencimiento de términos, la conciliación no es litigiosa no es contenciosa. Es un medio alternativo de resolución de conflictos para amistosamente conocer lo que está planteado en términos de responsabilidad contractual.

¿Por qué no se incluyó a Mapfre?

Porque Mapfre ha reaccionado y está haciendo coberturas, hizo un primer desembolso de US$150 millones y está estudiando otras indemnizaciones, pero además porque por vía contractual tiene la cláusula compromisoria de resolver cualquier diferencia por vía de tribunal arbitramento.

¿En qué está la situación de Hidroituango?

Vamos a entrar en operación con cuatro unidades de las ocho totales en el año 2022, lo que nos permite cumplir con los compromisos con el sistema. El proyecto ha vivido una situación de covid que se ha superado, hoy es un proyecto libre de contagios.

¿Hay tensiones entre la alcaldía y el GEA?

Llevo 7 meses y medio y no tengo referencia de ninguno de estos temas porque siempre encontré una disposición de trabajo en equipo, nunca hubo diferencias importantes ni conflictos al interior de la compañía.

¿Cómo va el proceso de entrada de Caribe Mar? ¿Habrá cambios contractuales por la crisis de la pandemia?

Estamos en el proceso de llegada para empezar a operar el 1 de octubre en 4 departamentos: Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Hay una cláusula del efecto material adverso que quedó pactada al momento de la firma del contrato. Hoy se están revisando los alcances y hay completa disposición del Gobierno para corregir esos desbalances que se puedan estar presentando.