¿Cuáles son los planes de Triple A de Barranquilla?

Hace casi un año la Fiscalía General, con una medida cautelar, abrió el proceso de extinción de dominio sobre las acciones de propiedad de la firma española Inassa, brazo de expansión de Canal Isabel II, en la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado Triple A de Barranquilla. Con más de 82%, se trata del accionista mayoritario de la empresa.

Se trató de uno de los hechos más relevantes de la Operación Acordeón, también conocida como el Caso Lezo. Esas investigaciones detectaron una red de corrupción que se habría quedado con más de US$80 millones de la Triple A.

De hecho, a mediados septiembre pasado la Fiscalía imputó cargos al español Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo de Inassa, por administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Con esas conductas se habría apoderado de una suma cercana a los $29.000 millones.

Con la medida cautelar, el socio mayoritario mantiene su participación, pero se le suspenden sus derechos políticos y de administración. Entre tanto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ministerio de Hacienda administra esos bienes, mientras se define el proceso de extinción de dominio. Además de la SAE, un grupo de accionistas minoritarios tiene 3,3% de la compañía y el distrito de Barranquilla es dueño de 14,5%.

Muchos ojos están hoy encima de la Triple A. Además del proceso de extinción de dominio, hay dos penales, uno por facturaciones ficticias y otro por un contrato de asistencia técnica que la compañía pagó a Inassa. Y ante la Superintendencia de Servicios Públicos avanzan dos investigaciones: la primera por cargos relacionados con tarifas, valoración de activos y reporte de información, y la segunda por revisión del plan de emergencia y contingencia. Además, la Procuraduría tiene una acción popular abierta que pretende que el accionista resarza los recursos perdidos vía tarifa o en inversiones y aumentos de cobertura.

En medio de estas condiciones, Triple A debe seguir operando para atender la demanda de una de las regiones de mayor crecimiento en el país. Una zona que hoy enfrenta la compleja situación de Electricaribe que, dadas las dificultades en el servicio, amenaza con posibles cortes programados. Sin embargo, la situación de Triple A parece diferente a la de Electricaribe. Con el proceso de extinción de dominio, la empresa designó una nueva junta directiva y un nuevo gerente, Guillermo Peña, quien desde enero está al frente de la compañía.

¿Cómo sobrevive? “Nosotros no sobrevivimos, vivimos", contesta Peña. “Estamos atendiendo inversiones regulatorias obligatorias este año por $35.000 millones, pero estaremos por encima con $60.000 millones. La Costa es la zona que más crece y no solo atendemos Barranquilla sino también a 14 municipios con la mejor calidad del agua del país. Desde el punto de vista financiero creceremos al cierre de este año más de 7% en ingresos, en Ebitda por encima de 20% y en utilidades por encima de 28%, incluso con inversiones adicionales”, concluye.

Guillermo Peña. Gerente de Triple A. La empresa tiene una nueva junta directiva y un nuevo gerente: Guillermo Peña, quien asumió en enero este reto.

De acuerdo con cálculos de la compañía, este año facturará cerca de $570.000 millones, con ingresos en promedio de $47.000 millones mensuales; mantiene una caja de $30.000 millones, y las obligaciones financieras al año pasado se han reducido en 25%. “Hemos hecho el trabajo de visitar los diferentes sitios y plantas, poner al día temas pendientes y somos una administración de alto rendimiento, para hacer cosas que no se hicieron en los últimos periodos. Además, empoderando de nuevo a los funcionarios. Hay futuro en una región que crece; recaudamos 96% de lo que facturamos y tenemos una concesión que va hasta 2033. Es una compañía que tiene todo para prestar el mejor servicio”, agrega Peña.

Además, desde 2020, Triple A operará el aseo de Barranquilla –que antes manejaba un contratista– como ya lo hace en los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Sabanalarga, entre otros. Esto le permitirá alcanzar utilidades por $5.000 millones al año. En su crecimiento contempla normalizar sus actividades. Por un lado tiene 50% de aguas no contabilizadas, en parte por presiones altas que revientan tuberías. Y por el otro por las conexiones ilegales, en municipios en los que crecen los asentamientos de ese tipo. A pesar de los retos para mantener activa la operación, los temas legales avanzan; el más importante, la extinción de dominio.

Si la Fiscalía define que no hubo irregularidades, sus dueños originales recuperarían el control de la compañía. Pero, de lo contrario, la Nación tendría que resolver si vende esa participación y si el distrito de Barranquilla estaría interesado en tener ese control. Pero en los últimos días desde España han advertido el interés de Canal Isabel II de acudir a la figura del arbitraje internacional. Lo asumiría el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en el marco de los acuerdos de protección a la inversión existentes entre Colombia y España. Mientras quedan resueltos los problemas jurídicos, como advierte Peña, hay un panorama claro. “No podemos tener una compañía en una congeladora porque la dinámica de la Costa no lo permite. Barranquilla y los municipios aledaños crecen y funcionan todos los días”, dice..