SANCIÓN
Claro, sancionada por $983 millones por vulnerar derechos de usuarios
La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una sanción de $983 millones a Claro por vulnerar el derecho de libre elección de sus usuarios a terminar sus contratos.
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $983 millones, equivalentes a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a Claro por vulnerar el derecho de libre elección de sus usuarios a terminar sus contratos.
Según la autoridad, Claro no cumplió las solicitudes de terminación de contratos en el término establecido por la ley y, además, remitió información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios ante la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago.
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La Superintendencia inició la investigación a partir de 33 quejas de usuarios, junto con la información reportada por la compañía como respuesta a los requerimientos efectuados por dicha entidad.
"Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, Claro omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiéndoles a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato; incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes", explicó la Superintendencia.
La SIC informó que la empresa presentó información inexacta sobre las reclamaciones, pues informó que durante el primer semestre del año 2018 recibió un total de 4.611 quejas relacionadas con la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago en los servicios móviles, mientras que al Ministerio de las TIC le reportó 28.060 casos durante el mismo periodo.
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Cabe mencionar que contra esta sanción todavía existen los recursos de reposición y apelación que podrá aplicar la empresa.
