Claro considera una "burla a la ley" el modelo con el que quiere operar Wom

Claro manifestó en un comunicado su inconformidad con el modelo de operación que busca Wom en Colombia, ya que este desea entrar en el mercado de las telecomunicaciones a través de la categoría de ‘entrante‘.

Con esta categoría, Wom tendría beneficios como tarifas de roaming con descuentos regulados y reducciones en los pagos de derechos de uso de frecuencias.

"Partners Telecom (PTC), o Wom en Colombia, busca obtener beneficios que le darían ventajas competitivas injustificadas y reservadas de acuerdo con la resolución 5108 de 2017 de la CRC, para aquellos operadores que por primera vez obtienen espectro para prestar el servicio de telefonía móvil", dijo Claro en el texto.

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Según la empresa, que lleva 20 años en el mercado colombiano, Wom no cumple con los requisitos para esta categoría, pues adquirió Avantel, empresa que ya gozó de los beneficios de ‘entrante‘ y que lleva "más de siete años como operador".

"Wom espera iniciar operaciones ignorando todas las normas del país amparándose en una consulta no vinculante realizada al MinTIC en noviembre de 2019, que según el criterio de este operador le daría acceso a tarifas con descuentos regulados de Roaming Automático Nacional –RAN- en las redes de los otros operadores", detalla el comunicado.

Al tiempo, Claro señaló que esta iniciativa es una "flagrante irregularidad" que podría "generar una inseguridad jurídica".

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La solicitud realizada por Wom para lograr la interconexión y operar bajo la categoría de ‘entrante‘ podría ser respondida y resuelta antes de que finalice 2020, para lo cual la compañía habría instalado 931 antenas, 131 de las cuales corresponden a infraestructura rural.

La semana anterior, Wom aseguró que realizó las solicitudes permitidas por la ley para establecer acuerdos comerciales voluntarios con los operadores para aplicar la interconexión y logró los contratos con Movistar, ETB y Avantel.

Sin embargo, estos acuerdos voluntarios no se concretaron con los operadores Claro, Tigo y UNE, por lo que llevaron la controversia a manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

La compañía que llega a Colombia espera invertir $1 billón durante cinco años y generar alrededor de 2.500 empleos directos.