EMPRESAS
Plan de choque para agilizar procesos de reorganización empresarial
La Superintendencia de Sociedades se propone agilizar los cerca de 2.500 procesos de reorganización y liquidación empresarial que actualmente adelanta la entidad, según lo dio a conocer el superintendente, Juan Pablo Liévano Vegalara. Datos de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, indican que a la fecha, solo en Bogotá se estudian 238 solicitudes de sociedades que pidieron ser admitidas al proceso de reorganización empresarial y de 22 que buscan acogerse a la figura de liquidación judicial bajo el concurso de la entidad. En las intendencias regionales de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Medellín y Manizales, se estudian 87 solicitudes de las cuales 69 son de reorganización y 18 de liquidación. Con este plan de choque, explicó el superintendente Liévano Vegalara, se busca resolver, de forma más expedita, las solicitudes hechas por las sociedades de diferentes regiones del país en pro de la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo y siempre bajo el criterio de agregación de valor. “Más empresa, más empleo”, ese es el lema que le imprimirá esta administración a la Superintendencia de Sociedades, agregó el nuevo funcionario, tras recalcar que los reportes muestran que de los 2.473 procesos en marcha, solo en Bogotá se adelantan 1.116 y en las seis regionales se trabaja en 1.200. Es de recordar que el proceso de reorganización que adelantan las empresas bajo el concurso del ente de control busca preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. Entre tanto cuando una sociedad se acoge al proceso de liquidación se busca el pago pronto y ordenado de la mayoría de acreedores, siempre maximizando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. La entidad también busca darle impulso a 124 procesos especiales y a 33 bloques de sociedades y personas naturales que están en procesos relacionados con intervenciones por captación ilegal de recursos del público.
