¿En qué va el proyecto minero de Soto Norte?

En los primeros días de octubre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó el proceso de licencia ambiental del proyecto minero de Soto Norte encabezado por la empresa Minesa.

Esta iniciativa, cuyas inversiones se estiman en más de US$1.200 millones, busca desarrollar un proyecto de oro en Santander, cerca del páramo de Santurbán, que podría extraer unas nueve millones de onzas del metal precioso.

El archivo del proceso dejó el proyecto en el peor de los mundos y a todos inconformes. No lo negó, con lo cual se hubiera descartado la iniciativa y les habría dado la razón a ambientalistas y a algunos líderes sociales que ven en él una amenaza al recurso del agua en esa región.

Tampoco le dio vía libre con una aprobación, situación que esperaba la empresa después de un proceso de más de 20 meses, de haber sustentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en unos 8.000 folios y de contestar más de 107 requerimientos de la Anla.

La pandemia también retrasó las consultas con las comunidades y dificultó el proceso. 

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En esas circunstancias, el proyecto no está muerto, pero sí en un escenario de incertidumbre y se ha convertido en una verdadera papa caliente.

Por la decisión de la Anla, Minesa interpuso un recurso ante la misma entidad que se estima debe responderse antes de finalizar el año. Si se admite el recurso, el proyecto quedaría ad portas de audiencias públicas. De lo contrario, arrancaría de cero. Es decir, tendría que iniciar nuevamente estudios y análisis que tomarían meses. Para efectos prácticos, el proyecto quedaría en el congelador.

La pregunta allí es si los inversionistas, el fondo árabe Mubadala, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se interesó en el proyecto, se la jugarían en una nueva etapa. Más preocupante aún es que, incluso si los inversionistas deciden iniciar de nuevo, coincidiría con una de las campañas electorales más polarizadas y en medio de una gran tensión social. Y es muy posible que la decisión no le corresponda a este gobierno sino al próximo, en ese escenario hipotético.

Varias preocupaciones existen alrededor del proyecto. Además del impacto que pueda tener sobre las reservas de agua del páramo, hay dos que sobresalen. Una, el área de influencia y su ampliación, que podría afectar, por ejemplo, el casco urbano de Suratá, con temas como el polvo y el material particulado de vertimientos. La segunda, los depósitos de relaves secos. Este hecho tomó importancia luego del desastre ambiental en Brasil en el que un derrumbe de una represa minera arrasó cientos de hectáreas.

El proceso tiene 44.000 terceros intervinientes, que tienen derecho a recurso, y a quienes tiene que notificar la Anla. Este hecho deja en evidencia la altísima participación de interesados, pero también la gran complejidad que representa. Y se ha llevado la atención del Congreso: solo en el último bimestre ha tenido tres debates, dos en plenarias del Senado y otro en la Comisión Quinta.

Varias marchas y jornadas de protesta se han dado alrededor del proyecto, especialmente en la capital de Santander. De hecho, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha sido una de las cabezas visibles de los opositores. También hay otros que apoyan el desarrollo minero, en especial por la tradición que tienen distintas poblaciones de la región –como Vetas o California– en ese sector. 

La otra discusión

En paralelo a las decisiones sobre el proyecto, hay una discusión profunda: la delimitación del páramo de Santurbán. En 2014 se determinó que el límite inferior del ecosistema es de 3.100 metros sobre el nivel del mar y que por encima de esa altura no se pueden hacer actividades mineras ni agrícolas, precisamente los pilares económicos de la región de Soto Norte.

La Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación porque se vulneró el derecho a la participación de la comunidad. Las actividades que dinamizan el empleo y la economía quedaron amenazadas, como la minería, la agricultura y la ganadería.

Uno de los casos más preocupantes es el de Vetas, pues tres cuartas partes están en los límites actuales del páramo y ocho de cada diez trabajadores de esa región se dedican a la minería. 

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La delimitación de Santurbán se ha convertido en otra fuente de polémica que aún no ha sido zanjada. Desde el segundo mandato de Santos se han realizado análisis y estudios, pero todavía no se ha definido. El plazo para hacerlo fue el pasado 16 de julio, pero por la pandemia, las cuarentenas y el aislamiento, se amplió para que las comunidades tuvieran la posibilidad de participar en el proceso.

El 24 de noviembre se reanudó la fase de concertación, que irá hasta finales de mes. Gran parte de las comunidades piden que el nuevo límite del páramo en concertación permita el desarrollo de actividades tradicionales.

No será un debate sencillo, que cae en un contexto complejo, como el del proyecto de Minesa y otras iniciativas mineroenergéticas: en medio de la polarización política y con una discusión que se terminará dando cuando la campaña electoral esté al rojo vivo.