ENFOQUE
¿Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, está participando en política?: esto dice el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia
El abogado Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, explica lo ocurrido con el informe de la Presidencia de la República en el que se afirmó que hay más de 500 candidatos inhabilitados.
SEMANA: ¿Es normal que la Presidencia de la República emita juicios sobre las elecciones en Colombia?
HERNANDO HERRERA: Cuando se creó la Secretaría de Transparencia, quedaron unas funciones claras, que tienen un límite conceptual dado por la Constitución. Las normas se refieren a tareas de precaución, de denuncia, pero no de usurpar funciones, que la Constitución o la misma ley le señalan, y tiene unas entidades distintas para cada tema.
En Colombia, el único ente que tiene función frente a la inscripción electoral es el Consejo Nacional Electoral, y sus actos pueden ser objeto de conocimiento ante demanda por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero no tiene la facultad dicha Secretaría de Transparencia. No puede haber duplicidad de funciones ni alterar el curso institucional, asumir o pretender asumir funciones que no tiene y que claramente están dentro de las funciones de otros órganos del sector público.
SEMANA: Y las funciones de la Secretaría de Transparencia nada tienen que ver con las elecciones…
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H.H.: Además, lo otro que resulta abiertamente inconducente es el momento en el que se presenta el informe. No solamente estamos hablando de que se están asumiendo funciones que no tienen, sino la inoportunidad en la que se está haciendo ese reporte. Se han surtido unas depuraciones de esos listados por parte del Consejo Nacional Electoral y también la Procuraduría ya hace varias semanas reportó también esos eventos como para que ahora venga entonces la Secretaría de Transparencia a asumir esas funciones en sentido no solamente extemporáneo, sino, además, tan próximo a las elecciones.
Por eso, entiendo y acompaño los cuestionamientos y las críticas que se le han hecho por diferentes vertientes de todos los movimientos políticos e, incluso, el ministro de la política del actual Gobierno, que también cuestionó la oportunidad, el momento y adicionalmente el fondo con el que se estaban ejerciendo esas funciones, que no tiene para nada la Secretaría de la Transparencia.
SEMANA: ¿Cree que el secretario de Transparencia siguió lineamientos del propio presidente Petro?
H.H.: No le sabría decir eso, pero sí puedo corroborar que los cuestionamientos que se le han hecho a esta publicación son absolutamente válidos. Todo funcionario público o colaborador con la gestión pública no puede irrumpir contra un marco institucional determinado, porque si no el sector público se volvería caótico.
Hay un principio fundamental en materia constitucional que divide y es el rasero entre lo que pueden hacer los servidores públicos y lo que pueden hacer los particulares. Él (Andrés Idárraga) no tiene la facultad para determinar esa circunstancia, debió compulsar copias para que se investigara.
SEMANA: ¿Hay participación en política del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga?
H.H.: Eventualmente, y creo que sí es urgente que la Procuraduría delimite y determine los escenarios que aquí se están vulnerando para que se adopten las medidas ejemplarizantes que correspondan. Pero todo esto deja en evidencia que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, haya tenido que salir a desautorizar ese informe por extemporáneo, inoportuno y por no estar al pendiente de la normativa.
SEMANA: Angélica Lozano preguntó al Gobierno Petro si estaba ejerciendo la función de policía política. ¿Es grave eso?
H.H.: Muy grave, porque precisamente en Colombia, como en toda democracia, existe división de poderes, una estructura institucional para que ningún órgano ostente poderes sobre otros. La preocupación que expresa la senadora Lozano es bastante importante desde todo punto de vista. Es tan celosa nuestra Constitución que para eso se crearon varias jurisdicciones.
Y a nivel mundial se dice que el sistema judicial colombiano es sui géneris porque tiene distintas altas cortes u órganos de cierre, con el escenario precisamente de que existan funciones determinadas a salvo y que blinde de la posibilidad del ejercicio discrecional o de las monarquías absolutistas ese ejercicio del poder público.