“Para algunos, las aspiraciones electorales primaron sobre la paz”

SEMANA: El balance sobre la implementación de la paz en 2017 terminó agridulce. ¿Cuál es el suyo?

GUILLERMO RIVERA: En medio de la polarización que vive el país por cuenta de quienes han sembrado cizaña contra la paz y el gobierno, mi balance es más dulce que agrio. Lo mejor fue el balance general del fast track: se aprobaron 5 reformas constitucionales, 6 leyes, se expidieron 83 decretos, con lo cual quedaron a salvo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como la reincorporación política, económica y social de las Farc. Lo peor fue la indolencia e insolidaridad de algunos sectores frente a la paz.

SEMANA: ¿Cuál fue el aspecto que más afectó la implementación?

G.R.: La proximidad del debate electoral enrareció el ambiente político, y algunos, que hasta hace poco estuvieron en la Unidad Nacional, abandonaron las posiciones que habían defendido unos pocos meses atrás. Para algunos dirigentes, sus aspiraciones electorales estuvieron por encima de la paz. 

SEMANA: ¿Qué sintió el día que se terminó el ‘fast track’?

G.R.: Una inmensa felicidad porque la JEP quedó a salvo, y una profunda frustración al escuchar los argumentos de quienes votaron No o se abstuvieron de votar las circunscripciones de paz. La estigmatización sobre quienes viven en las zonas más afectadas por el conflicto es injustificable.

SEMANA: ¿Qué viene para las circunscripciones de paz?

G.R.: Que los jueces, en última instancia, ojalá pronto, diriman la controversia de interpretación del reglamento del Congreso que tenemos con las directivas de esa institución. Acataremos lo que digan los jueces como corresponde a un gobierno respetuoso del Estado de derecho.

SEMANA: ¿Su mayor frustración?

G.R.: Haber tenido que contribuir a archivar la reforma política porque un sector político que prefirió que no cambie ningún aspecto del sistema electoral hizo trizas su texto.

SEMANA: ¿Cuál es su reto en 2018?

G.R.: Liderar la actuación de todas las instituciones para garantizar la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que viven en las zonas que vivieron el horror del conflicto.