La Policía al banquillo: los problemas de la institución en 2020

Este mes, mientras la Policía cumple los 129 años de servicio, también se da el primer aniversario de la muerte del joven Dilan Cruz, quien murió por la acción de un agente del Esmad el 21 de noviembre de 2019. Desde esa fecha, las críticas y denuncias a la institución han sido numerosas, y la confianza de la ciudadanía ha caído notablemente. Si bien el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, insiste en que se trata de una campaña de desprestigio y repite el discurso de las ‘manzanas podridas’, los desafortunados hechos no han cesado durante todo el año.

Caso Javier Ordóñez

Probablemente es el episodio más oscuro de la Policía este año. El video en el que se observa a dos agentes someter con choques eléctricos a Ordóñez y la posterior noticia de su muerte en un CAI despertó la indignación generalizada. Lo más grave llegó al día siguiente cuando en medio de las protestas del 9 de septiembre murieron diez personas por impactos de arma de fuego, y todavía no se sabe de dónde provenían los disparos. Con el paso de los días, se conocieron videos de agentes disparando indiscriminadamente a los manifestantes. Todos estos casos se encuentran en investigación.

Violaciones

Al comenzar el año, el 12 de enero, se presentó uno de los casos más impactantes cuando el patrullero Elías Madera aprovechó un procedimiento policial para subir a una mujer a una patrulla de la institución y violarla. Luego de confesar, el hombre fue destituido y enviado a la cárcel. Otro de los casos, supuestamente, ocurrió en Cali, cuando una mujer habría sido abusada el 19 de abril por policías que la retuvieron por incumplir la cuarentena. Y por lo menos tres mujeres denunciaron que fueron violadas en el CAI de San Diego, en Bogotá, durante las protestas del 10 de septiembre.

¿En qué van los casos ante la Justicia?

- Dilan Cruz: En agosto de ese año el caso pasó a manos de la justicia penal militar, que deberá juzgar a Manuel Cubillos Rodríguez, capitán del Esmad, por disparar el proyectil de la escopeta Mossberg. Para varios expertos, la actuación del capitán no tiene ningún nexo con sus funciones de ley, por lo que debería ir a la justicia ordinaria.

- Javier Ordóñez: Hasta el momento, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a los patrulleros Harbey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, mientras el caso avanza en la justicia ordinaria. La policía ya ha entregado algunos resultados sobre los abusos cometidos por algunos de sus miembros, pero todavía no hay claridad por la muerte de diez personas en las protestas de esos días.

- Diego Felipe Becerra: Tras nueve años del asesinato del joven grafitero, el responsable del crimen, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien le disparó a Becerra por la espalda, sigue prófugo de la justicia y a la espera de una condena de 37 años.

- El país también espera claridad en por lo menos 34 muertes en las que estarían involucrados agentes del Esmad, como lo señala la ONG Temblores. Un ejemplo es el caso de Nicolás David Neira, un menor de 15 años presuntamente asesinado en 2005 por el Esmad. Su padre denuncia amenazas y total impunidad

Corrupción y más

Durante 2020 también se han visto lamentables imágenes de policías maltratando vendedores ambulantes y recibiendo, al parecer, sobornos de bandas de atracadores a las que pertenecían, presuntamente, agentes de la institución. Incluso, la máxima cabeza de la entidad, el general Óscar Atehortúa, enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales. Y los ánimos de la ciudadanía se han vuelto a caldear por la muerte de los nueve presos en los días siguientes a un incendio ocurrido en una estación de Policía de Soacha. Si bien la conflagración la iniciaron los reclusos, los familiares acusan a los miembros de la institución porque no ayudaron. Por su parte, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel César Ovidio Castro, dijo tener pruebas de que sus subalternos sí socorrieron a los reos.

Reforma

Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de reformar la institución, actualmente en el Congreso hay una lucha sobre los pormenores de dicho cambio. Representantes, como Inti Asprilla, han pedido mayor capacitación en derechos humanos, fortalecer la veeduría y regular el uso del táser. Pero también se ha propuesto pasarla del Ministerio de Defensa al del Interior o limitar el fuero de la justicia penal militar. Son precisamente estos últimos temas los que molestan a la coalición de Gobierno y los que podrían retrasar la reforma.