INVESTIGACIÓN
Las papas calientes de Corabastos: así es el duro enfrentamiento entre comerciantes, el gerente y la junta directiva
Mientras quienes manejan la entidad están contra las cuerdas por la exigencia de Supersociedades de obedecer sus exigencias sobre claridad en los estados financieros, los comerciantes se unieron, denuncian nuevas irregularidades y proponen privatizar la central de alimentos más importante del país.
Desde julio de 2003, Corabastos está bajo control de la Superintendencia de Sociedades por sus problemas financieros, jurídicos y operativos, pero sólo hasta ahora el ente de control decidió intervenir dándole un ultimátum a los administradores para que incluyan un polémico contrato de concesión de la malla vial dentro de los Estados Financieros, porque requiere analizar en qué medida pondría en grave riesgo su estabilidad financiera.
Por primera vez en casi 20 años, el Gobierno tomó el sartén por el mango, y hoy está a punto de multar y remover de sus cargos al gerente y la junta directiva, quienes se han negado en varias ocasiones a cumplir dentro de los plazos que les dieron, argumentando que los problemas son tan estructurales que no se pueden resolver ya.
Pero ese no es la única papa caliente en la disputa entre los comerciantes y la administración. Gran parte de las 5.300 personas, agrupados en dos asociaciones que recurrieron a asesores externos jurídicos y financieros, descubrieron que el futuro de Corabastos estaría en riesgo inminente por cuenta de otros contratos y decisiones administrativas que, según dicen, no solo confirman el manejo abusivo de quienes llevan las riendas, sino que inciden gravemente en los precios de los alimentos.
Los comerciantes no tienen la posibilidad de dar un timonazo para modificar el rumbo de la Central porque, a pesar de tener una mayoría accionaria, son minoría en la junta directiva, donde tienen tres cupos, uno menos que el Ministerio de Agricultura, que tiene dos, y la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, que tienen uno cada uno, y que nombran delegados, gerente y junta directiva.
Lo más leído
Por eso, aseguran, jamás han recibido respuestas aceptables a las múltiples solicitudes que han hecho en temas puntuales como el manejo del servicio de aseo, el de vigilancia y otras situaciones que impiden que Corabastos sea plenamente operativa, eficiente y verdaderamente rentable, pese a que, según sus cálculos, mueve cerca de $19 billones en ventas anuales, y podría estar en el Top 10 de las empresas más importantes del país.
¿Yo con yo?
Una de las papas más calientes es la de los controvertidos estados financieros, que revisa hoy con lupa la Supersociedades. Los comerciantes aseguran que, en contravía con lo previsto en las normas que rigen el sector, quienes administran Corabastos, nombrados por entidades públicas, entregan las cuentas y las aprueban al mismo tiempo.
“Esta mayoría se impone en las asambleas, aprobándose sus propios Estados Financieros, y hacen caso omiso de las mismas indicaciones que la Supersociedades, que expresan que no pueden aprobar Estados Financieros quienes han tenido la posición de administradores dentro de la gestión del periodo que se está estudiando; es decir, ellos hacen su gestión y se la aprueban. Es un yo con yo”, asegura Hugo León economista y comerciante. El gerente de la Central, Javier Salcedo, asegura que la gestión económica no tiene reparos y que las asambleas obran de acuerdo con lo contemplado en los estatutos.
Otra de las quejas más sentidas de los comerciantes es el contrato de aseo, adjudicado por 15 años al controvertido empresario William Vélez, quien en el pasado tuvo serios líos en su operación en otras ciudades. “Para nosotros es muy difícil que Corabastos contrate a un gerente por dos años y firme un contrato por 15 años por más de $150 mil millones, con un solo oferente, el señor William Vélez, y nosotros tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo”, relata Rodrigo Garavito, líder del comercio organizado.
La administración asegura que la contratación fue transparente y sólo Interaseo se presentó porque el otro oferente entregó tarde su propuesta. El gerente reconoce, eso sí, que la firma de William Vélez ha tenido serios tropiezos.
“Esta empresa lleva como cuatro meses en la ejecución de la obra como tal, del servicio como tal, pero han venido mejorando”, explica Salcedo quien asegura que hay que tener paciencia porque “se nos presentaron muchísimos problemas cuando hubo la entrada de la empresa, y en este momento están mucho mejor”.
Para los comerciantes es inaceptable que se le dé espera a una firma que recibe cerca de $1.000 millones mensuales por un servicio que deja mucho que desear; aunque el gerente asegura que se hacen tres rondas diarias de aseo, un recorrido de SEMANA por varios sectores de la Central evidenció la presencia de desperdicios en vastos sectores y cómo algunas personas reciclan sin control alimentos dañados que están en los contenedores de basura.
También hay reparos con la vigilancia privada, contratada, a pesar del rechazo de los comerciantes, por un espacio de 14 meses, por $22 mil millones y también con un único oferente.
Para los comerciantes es claro que no hay eficiencia para el manejo de una ciudadela en la que circulan cerca de 120 mil personas diarias y en la que confluye todo tipo de criminalidad al punto que la Alcaldía de Bogotá priorizó el sector como uno de los puntos más álgidos en materia de seguridad.
“Las administraciones de los últimos 10 o 15 años han sido nefastas para la comercialización, en su manejo logístico y administrativa, llámese empresa de vigilancia o empresa de recolección de basuras”, sostiene Raúl Rojas, representante de Conalco, que reúne a gran parte de los comerciantes, quienes denuncian que tuvieron que pagar por la compra de dos CAI móviles que la administración le entregó a la Policía de Bogotá, que hace presencia con cerca de 75 hombres al interior de la Central.
El gerente de Corabastos asegura que hubo un solo oferente porque nadie más se presentó, pero que “es un contrato que está bien dado, que se hizo por licitación pública”; sin embargo, reconoce que la mitad de los hombres que hoy ejerce la vigilancia perteneció a la última empresa que operó el contrato.
Comparendos y servicios públicos
Los comerciantes denuncian que la mejor forma de acallarlos cuando piden cuentas claras y mejoras operativas es a punta de comparendos y multas. Según relatan, un grupo de personas contratadas por la gerencia toma fotos, expide comparendos y los cobra en efectivo.
“Con el talonario me toma la multa, nos la cobra en efectivo y se guarda la plata en el bolsillo. Eso un abuso con el comercio y es algo indignante para nosotros porque no sabemos qué pasa con este dinero”, denuncia Flor González.
“Yo tengo que pagar las multas, lo que deba en Corabastos, el local lo rematan, lo venden, y el dinero se lo queda Corabastos, pero yo me quedo con la deuda”, explica Gonzáles, quien asegura que los comparendos cubren también a los clientes, que si se niegan a pagarlos quedan atrapados dentro de la central hasta que cancelen en efectivo.
“No te dejan sacar el carro, si tú no pagas en la puerta dicen: “el carro con la placa tal no puede salir porque debe una multa”, y es tan bueno el negocio que antes había tres inspectores y ahora hay 10″, acota la comerciante.
El gerente confirma la existencia de los llamados inspectores y dice que es necesaria; aunque la ley establece la posibilidad de los sancionados de hacer sus descargos, el funcionario afirma que busca fórmulas para que el dinero deje de recaudarse en efectivo.
“Es un tema que ha peleado la actual administración, y estamos buscando que sea en línea o en otras zonas, porque vemos que esos pagos, en su momento a las dos o tres de la mañana, se presta para algunos temas que nos han dado las quejas”, dice Javier Salcedo.
El tema de los servicios públicos también es un dolor de cabeza. Corabastos no tiene contadores de luz ni de agua, pero los arrendatarios de los locales reciben religiosamente el cobro en el recibo de administración.
El cobro se hace con base en un prorrateo del área arrendada y no con base en el consumo real porque nadie está en capacidad de medirlo. Es decir, quienes usan menos agua y luz terminan subsidiando a quienes gastan cantidades enormes del vital líquido o tienen un sistema grande de refrigeración.
“Corabastos no es una empresa para vender servicios públicos, Corabastos está usurpando esa facultad de una empresa de servicios públicos, en energía y agua nos cobra al prorrateo como quiera cobrarlo”, explica Rafael Cruz, comerciante.
La administración de la central de alimentos reconoce el lío, pero asegura que no puede hacer nada más. “Estamos haciendo una operación que supera los 5 mil millones de pesos en el tema de los nuevos contadores porque sabemos que esa es una de las debilidades que tiene la Central como tal”, admite el gerente Salcedo.
¿Privatizar a Corabastos?
Ante este rosario de problemas, los comerciantes aseguran que la ineficiencia de la administración actual se traduce en mayores costos operativos que se trasladan al usuario final, que hoy paga más por la comida, justo cuando este rubro ejerce una gran presión sobre el índice de inflación.
“Un fruver al vender un aguacate al día en $5 mil nosotros lo podemos dar más competitivo a casi mitad de precio, sabiendo manejar logísticamente el tema, y que se acabe la politiquería dentro de Corabastos que es lo que no nos ha permitido desarrollarnos”, explica Raúl Rojas.
Pero van más allá y aseguran que la única forma en que la Central sea viable es que se privatice, tal como sucedió en Medellín, y que los comerciantes organizados la administren. Por eso crearon una nueva entidad con la que esperan concretar ese anhelo.
“Hoy las ventas son de $50 mil millones diarios, $19 billones al año; pregunto al país y a los expertos en seguridad alimentaria: ¿cuál sería el beneficio de poner a funcionar a Corabastos de forma transparente? La disminución de precios podría ser de un 20 por ciento”, sostiene Juan Cuan, comerciante y economista.
Por eso, arrancaron una cruzada jurídica, incluyendo denuncias penales, para lograr que lo que denominan abusos del gerente y la junta directiva lleguen a su fin. El primer golpe de mano podría ser la inminente decisión de la Supersociedades, que sigue a la espera de que los administradores entreguen las explicaciones exigidas sobre los Estados Financieros.
