“No debe haber incentivos para quienes cometan delitos”, dice el exministro del Interior, Daniel Palacios

SEMANA: ¿Qué opina de esa propuesta del Gobierno Petro para pagarles a los jóvenes que no maten en Colombia?

DANIEL PALACIOS: Esta es una propuesta polémica y desafortunada. Es una iniciativa que busca de alguna forma pagar una extorsión anticipada al crimen. Es decir, en vez de estar pensando en crear oportunidades sociales y educativas para los jóvenes, lo que estaríamos diciéndoles es que es válida la delincuencia. Aquí hay que tener claridad de que este es un programa en donde se habla de pagarles a unos jóvenes para que no maten, pero las preguntas son: ¿quiénes son esos jóvenes? ¿Quién hace el censo? ¿Quién los elige? ¿Cómo les van a pagar? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se salen del programa? Esto parece un intento nuevamente por parte del Gobierno de darles beneficios a quienes en algún momento salieron a cometer delitos, a quienes en algún momento violentaron a la Fuerza Pública, destruyeron propiedad privada, la propiedad pública e incendiaron palacios de justicia.

Ese argumento de pretender frenar la delincuencia dándoles beneficios a los delincuentes genera un quebrantamiento de todo lo que representa el Estado de Derecho. Eso es igual que decirle a un corrupto que se le pagará para que deje de robar o decirle a un secuestrador que deje de secuestrar a cambio de dinero. Esto ya lo escuchamos con la propuesta que habían hecho con el ELN, es muy parecido a lo que en la Ley de Sometimiento se planteaba, y es lamentable. La política de paz total solo quiere pagarles a los criminales para que dejen de delinquir.

SEMANA: ¿Entonces el Gobierno debe aclarar cómo implementará ese programa?

D.P.: Es que hay dos cosas graves. Lo primero es el programa en sí, porque pensar que uno tenga que pagarles a los jóvenes para que no delincan es ilógico, mucho más cuando la gran mayoría de los jóvenes viven dentro de la legalidad, se esfuerzan por tener una oportunidad académica, empresarial y laboral. El Gobierno no puede partir de que Colombia está plagada de delincuentes. El porcentaje de delincuentes en Colombia es muy bajo comparado con la población, y seguimos priorizando que la única forma de que esos ciudadanos que han tomado la opción de cometer delitos paren es dándoles beneficios o, en este caso, generando pagos. Entonces hay que dejar claro que es un programa que puede promover la violencia y que no ayuda a quienes están bajo las leyes del país. Eso sencillamente es un incentivo perverso. Lo segundo es ampliar cómo funcionará el programa, porque es fundamental saber si el Gobierno elige a los jóvenes, si han pertenecido a alguna orientación política o si están vinculados a un proceso judicial. Los incentivos y subsidios no deben darse a la ilegalidad. Los incentivos y los subsidios son por una condición social.

SEMANA: Diferentes sectores han manifestado su preocupación por este tema. ¿Este anuncio abre la puerta a que jóvenes se armen y empiecen a delinquir?

D.P.: Es una situación muy compleja porque en Colombia existen diferentes incentivos y subsidios para que ingresen a estudiar los jóvenes que se encuentran en una condición desfavorable. Aquí lo hicimos con la matrícula gratuita que se trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque y que ahora también ha sacado una ley, pero eso ya estaba. Sería el equivalente de decir que para que usted no se copie en la universidad, entonces le vamos a pagar para que sea un buen estudiante, para que no cometa un delito dentro de la universidad.

No debe haber incentivos para quienes cometan delitos. Entonces la pregunta es si ese programa no terminará siendo un incentivo perverso para que más jóvenes terminen en una vida de criminalidad, para que alguien que ha rechazado ser parte de una pandilla en un barrio o una organización criminal, resulte metiéndose porque el Estado le pagará un millón de pesos. Eso podría llevar rápidamente a que muchos jóvenes que han optado por el camino de acatar la ley terminen tomando un camino equivocado.

SEMANA: Hay quienes dicen que la propuesta puede tener buenas intenciones pero que hay un error de comunicación. ¿Es así?

D.P.: Eso es un incentivo que yo creo que va a terminar de socavar la fibra social y, sobre todo, la relación del ciudadano con el Estado, porque la relación es la del buen ejemplo y la de cumplir la ley. A usted no le tienen que pagar para que no se vuele un semáforo, no le pagan para ser buen ciudadano. Estamos partiendo del principio de premiar al delincuente y decirle: “Venga, deje de hacer esto y nosotros le pagamos”.