Nación
EPM denunció penalmente a Luis Pérez por supuesto daño a su buen nombre
El gobernador de Antioquia ha dicho en varias oportunidades que EPM tiene una lista negra formada por funcionarios públicos por los que indagan a sus empleados mediante el polígrafo. La compañía de servicios públicos niega rotundamente la acusación.
EPM denunció penalmente al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y a la concejal de Medellín, Luz María Múnera, porque han dicho en diferentes instancias que la empresa tiene una lista negra de la que hacen parte ellos y otros funcionarios públicos mediante los cuales se ha indagado mediante el uso del polígrafo, que la empresa aceptó haber usado para detectar quién filtró la información de un estudio económico sobre Tigo UNE al concejal Bernardo Alejandro Guerra.
En un comunicado presentado en la tarde de este lunes, EPM dijo que los comentarios de Pérez y Múnera “han afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en distintos escenarios, desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos”. Por otro lado, afirmaron que la única lista que tienen en su poder es la de los millones de usuarios a quienes prestan los servicios públicos en el país.
La semana pasada la empresa, que ha estado sorteando la crisis de Hidroituango desde hace varios meses, reveló un certificado del poligrafista Juan Carlos Echeverri Garcés en la que se asegura que “en ninguna de las etapas del examen poligráfico se realizaron indagaciones, preguntas, comentarios o cuestionamientos que hicieran alusión al señor Gobernador o Controlar de Antioquia o algún periodista”. Sin embargo, los señalados han dicho que la única manera de saber si esto es cierto es conociendo los audios de las indagaciones poligráficas.
EPM ya le había confirmado a SEMANA que había realizado dichas investigaciones por pedido de un grupo de empleados quienes querían someterse a dicha prueba para que sobre ellos no recayera ningún manto de duda. En total, las personas sometidas al polígrafo han sido 18 y el gerente de la firma, Jorge Londoño de la Cuesta, ha dicho que hará todo lo posible para que la información de la empresa no se filtre.
Esta es una respuesta de EPM a las denuncias penales y disciplinarias que el gobernador Pérez anunció contra los directivos de la empresa, pues afirmó que este es un acto dictatorial y de terror en la compañía. Este lunes en sesión de la Asamblea de Antioquia, Pérez reveló los resultados de un estudio que la Universidad Nacional hizo para saber qué ocurrió en Hidroituango, en dicha sesión insistió: “El alcalde tuvo un rifirrafe conmigo. Decidieron que iban a llevar a unos funcionarios al polígrafo. Me enteré que el polígrafo iba ser usado para una lista negra de EPM donde había varios concejales, la Contraloría y el gobernador. Es un acto contra la democracia”.
Por ahora, el caso sigue abierto y las partes parece que no quieren recular, antes de bien prefieren mostrar los dientes.