Los torcidos en la Cuarta Brigada del Ejército

Desde hace al menos un año, la Fiscalía tenía en su poder evidencias de un entramado de corrupción en la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, que involucraba a altos oficiales y a contratistas. Un amplio expediente en el que los testigos han relatado hechos irregulares que van desde el desvío del dinero destinado al funcionamiento de la unidad, hasta la venta de permisos de porte de armas que terminaron en las manos de peligrosos criminales.

Aunque el Ejército y los organismos de control adelantaron estas investigaciones durante varios meses, solo cuando SEMANA reveló detalles que daban cuenta de los torcidos que habrían ocurrido allí, las pesquisas empezaron a traducirse en acciones concretas. El 9 de julio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció el retiro del general Jorge Horacio Romero Pinzón, quien comandó esa unidad entre 2016 y 2017. A la fecha, por esta y otras recientes revelaciones de esta revista, el Gobierno ya ha llamado a calificar servicios a cinco generales.

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Este martes trascendió también que la Fiscalía había lanzado un amplio operativo para capturar a nueve personas señaladas de haber participado en los hechos irregulares dentro de esa unidad. Se trata del coronel retirado Harold Páez Roa, excomandante del batallón de servicios; el coronel Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la Cuarta Brigada; el mayor Edwin Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; el capitán Jonathan Bonilla, supervisor de contratos; el capitán retirado Guerly Alexánder Carrera y el sargento John Roncancio Rodríguez, bodeguista de esa unidad. También detuvieron a los contratistas Jaime Alberto Ramírez, Ana Lucía Posada y Samir García Buitrago.

SEMANA conoció nuevas denuncias contra el general Romero, esta vez relacionadas con operativos contra criminales.

Todos ellos comparecieron ante un juez por delitos como contratación sin requisitos legales, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica de documento público y cohecho para dar u ofrecer. SEMANA había revelado que sobre esa unidad pesaban denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos y de favorecimientos y desvíos en la contratación. Y por ese tipo de hechos tendrán que responder los recién capturados.

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Sin embargo, hay otra importante arista del escándalo, sobre la que se esperan resultados próximos: el supuesto cartel de ventas de permisos especiales de armas, que habrían terminado incluso en manos de criminales. SEMANA había hecho públicas las denuncias que apuntaban al cobro de millonarias cifras, y el testimonio de un empresario a quien, según él, Romero presionó para que pagara por los permisos. Según el periódico El Colombiano, entre 2016 y 2018 aparecieron 60 personas beneficiadas de los permisos de la Cuarta Brigada que, a su vez, tenían anotaciones policiales o antecedentes judiciales, además de otras irregularidades en los registros de esos permisos.

La inspección del Ejército, cuando estuvo al mando del general Nicacio Martínez, conoció de las denuncias contra el general Jorge Romero, hoy en el ojo del huracán.

El general Romero se mostró sorprendido tras su llamado a calificar servicios y aseguró ser inocente. Sin embargo, las acusaciones en su contra no se agotan en los líos de contratación y de permisos de armas. SEMANA conoció nuevos hechos que lo involucrarían en irregularidades. El 23 de febrero de 2016, el mayor Kircher Rivera Valero, oficial de operaciones del batallón de Policía Militar de Medellín, capturó a Luis Carlos Rodelo Petro y Vanessa Hernández Franco, a las cinco de la tarde, en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Ellos, presuntamente, formaban parte del Clan del Golfo.

Este es el video de las investigaciones de SEMANA sobre el general Romero:

Rivera había recibido informaciones según las cuales dicha organización pretendía llevar un cargamento de droga de Medellín a Cali para entregárselo a la banda criminal La Empresa. En la captura, Rodelo Petro increpó al mayor Rivera y le ofreció 20 millones de pesos en efectivo, que rechazó el oficial. Los trucos del detenido no terminaron ahí, pues hizo unas cuantas llamadas a un supuesto fiscal, tras amenazar con llamar a un alto mando de la Policía, lo que finalmente no sucedió.

La Policía Militar trasladó a los capturados al búnker de la Fiscalía, en Medellín, donde los puso a disposición de la Fiscalía 23 especializada de crimen organizado. Todo dio un giro inesperado a las ocho de la noche cuando al búnker llegó el general Romero Pinzón. Los uniformados esperaban que el comandante los felicitara, pero sucedió todo lo contrario. Romero Pinzón se encendió en insultos contra el mayor Rivera, a quien estuvo a punto de golpear delante de los investigadores del ente acusador y otros militares. Romero le dijo a Rivera que no tenía autorización para realizar dicha captura. Pidió entonces un informe sobre los hechos.

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Esa misma noche, los investigadores rompieron la maleta de los capturados y encontraron dinero camuflado entre la costuras: más de 385 millones de pesos en efectivo. Pero sorprendentemente, en la legalización de captura, los indiciados recuperaron la libertad. A los pocos días, el mayor Rivera resultó trasladado a la Brigada Móvil 1 como comandante de un batallón de contraguerrilla en La Macarena, Meta. Meses después lo llamaron calificar servicios, lo que truncó su carrera, pese a que durante su servicio en Antioquia recibió condecoraciones de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación.

En concreto, los organismos de control tienen amplios expedientes que detallan cómo la Cuarta Brigada se habría convertido en un laboratorio de la corrupción en distintos frentes. La purga comenzó por el lado de la supuesta contratación irregular. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por aclarar y, seguramente, muchos involucrados que tendrán que responder.

Entre ellos, el propio comandante de la institución, el general Nicacio Martínez, quien ha dicho que en su cargo anterior, inspector del Ejército, no conoció de las denuncias contra Romero y su gente. Sin embargo, para la Fiscalía y la Procuraduría está claro que no fue así. Las entidades de control tampoco entienden por qué Martínez decidió reversar la decisión de retirar a Romero del servicio activo en diciembre pasado. Ni por qué lo premió, no solo con su continuidad en las filas, sino con un cargo de mayor responsabilidad.